El CGPJ en funciones pacta los nombramientos del Supremo, en contra de la opinión del Gobierno

La mayoría conservadora que dirige Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y vocales progresistas han alcanzado un pacto para nombrar seis plazas claves del Tribunal Supremo a pesar de estar en funciones y en contra de la opinión del Gobierno.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, intentó que se paralizaran estos nombramientos debido a que el órgano constitucional se encuentra en funciones desde hace casi dos años.

El CGPJ y el Gobierno caminan hacia el choque institucional total que se materializará cuando este miércoles se produzcan esta votaciones para nombrar seis plazas claves del Tribunal Supremo. Y que se suma a la crisis desatada con la decisión del Ejecutivo de vetar la asistencia de Felipe VI a la entrega de despachos de los nuevos jueces.

Tras dos suspensiones de estas votaciones -en enero y julio-, los vocales decidieron este martes los candidatos que finalmente cubrirán las tres plazas vacantes de la Sala de lo Penal del Supremo, que investiga y juzga a los aforados.

En total son seis nombramientos de tendencia progresista y dos conservadores. En apariencia, porque detrás se encuentra la devolución de favores de Lesmes y las relaciones personales que los vocales de ambas tendencias tienen con los elegidos.

Los tres candidatos pactados para la Sala de lo Penal, un puesto vitalicio hasta la jubilación, son: Javier Hernández, expresidente de la Audiencia de Tarragona y miembro del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya; Leopoldo Puente Segura, del TSJ de Madrid e integrante de Jueces para la Democracia, así como Ángel Hurtado, ponente del voto particular contra la sentencia de Gürtel que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

La presidencia de la Sala de lo Social del Supremo será para María Luisa Segoviano; la de lo Contencioso para Cesar Tolosa; mientras que para la Sala de lo Militar el elegido será Jacobo López Barja de Quiroga .

El pacto se alcanzó este martes por la noche a partir de dos ternas de candidatos para cada cargo.

"Los nombramientos eran inevitables. Lesmes sólo necesita un voto para tener la mayoría de 13 vocales y realizarlos, y con sólo tener el apoyo de un progresista lo habría logrado. Tampoco podemos estar paralizados porque no hay acuerdo en el Congreso y el Senado", sostienen en fuentes progresistas.

Dichos nombramientos solo pueden ser recurridos por los candidatos que no resulten elegidos y las asociaciones judiciales.

Devolución de favores

Javier Hernández es un magistrado de prestigio que contaba con el apoyo de la vocal progresista Mar Cabrejas. Con su elección, Lesmes devuelve a Cabrejas estos casi siete años de apoyo dentro de la Comisión Permanente a la mayoría conservadora que dirige ya que es su amigo personal.

A su vez, Lesmes devuelve a Jacobo López Barja de Quiroga su apoyo para alcanzar la presidencia del CGPJ en 2013. Actual magistrado de la Sala de lo Militar, López Barja de Quiroga fue clave para nombrarlo dada su cercana amistad con Fernando Román, el jefe de gabinete del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien a su vez también fue aupado para la sala de lo Contencioso-Administrativo.

La opinión mayoritaria entre los 20 vocales del CGPJ era que los nombramientos tenían que seguir adelante, debido a las dos suspensiones anteriores y ante la evidente presión de Juan Carlos Campo sobre este órgano encargado de velar por la independencia de los jueces.

La Sala de lo Penal tenía al 25% de sus plazas sin cubrir y las presidencia de las tres de las cinco salas, de continuar desiertas, hubiera implicado un cambio de presidente cada pocos meses ya que deben ser cubiertas por los magistrados más antiguos en caso de vacante. Esto es, por los más próximos a jubilarse.

UP quiere acudir al Constitucional

Unidas Podemos, junto con Campo, trató de evitar estos nombramientos. Y baraja interponer un conflicto de atribuciones contra el CGPJ ante el Tribunal Constitucional.

La renovación del CGPJ es competencia de las Cortes Generales cada cuatro años y debería haberse realizado en noviembre de 2017. Pero PSOE y PP no se han puesto de acuerdo para elegir a los 20 vocales que lo componen, para lo cual se precisa una mayoría reforzada.

El diputado de UP Jaume Asens pretende lograr un pacto entre la mayoría de investidura que apoyó al Gobierno PSOE-Podemos para renovar el CGPJ al margen del PP. Aspira a alcanzar un acuerdo entre PSOE, UP, Junts per Catalunya y PNV.

El CGPJ, surgido de la mayoría parlamentaria de 2013, ha continuado con los nombramientos de la cúpula en estos casi ocho años, cuando es una función que hubiera correspondido al siguiente Consejo.