La carrera judicial asiste con estupor al último choque de trenes entre el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, contra el Gobierno a causa del veto a la asistencia de Felipe VI a la entrega de despachos de la última promoción del pasado viernes y la falta de capacidad del Poder Legislativo de renovar este órgano constitucional desde hace dos años, a causa de la confrontación entre PSOE y PP.

"Fatal, fatal, fatal. Lo mejor que pueden hacer los vocales es presentar todos su dimisión". Quien así se expresa es una alta fuente judicial que, como otros jueces consultados, asisten con desasogiego al enfrentamiento institucional total surgido este viernes -"lamentable", es la palabra más utilizada- y que se prevé que se incremente a partir del próximo miércoles.

El pleno del CGPJ nombrará el miércoles a buena parte de la cúpula del Tribunal Supremo, en contra de la opinión del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Se trata de las plazas de tres magistrados de la Sala de lo Penal, así como de las presidencias de las Salas de lo Social, Contencioso y Militar.

El enfado del ministro es mayúsculo, y así lo traslada a quien quiere oírle. Campo sostiene que llamó a Lesmes para que cambiara la fecha de la entrega de despachos -el entorno del segundo lo desmiente- y asegura que este órgano no debe proceder a estos nombramientos porque surgió de una mayoría en 2013 de las Cortes Generales diferente de la actual, al tiempo que advierte sobre la "descomposición" que atraviesa el CGPJ.

Los altos cargos de la cúpula judicial se renuevan cada cinco años, en teoría junto con la designación de un nuevo CGPJ. En el caso de los magistrados del Supremo, los elegidos permanecen en la plaza hasta la jubilación. Y así lo hizo el actual Consejo cuando fue elegido el 4 de diciembre de 2013.

Los conocedores de los entresijos judiciales replican que Campo fue vocal de un CGPJ que estuvo un año y nueve meses en interinidad y que durante este tiempo continuó realizando nombramientos (2001-2008).

El colapso institucional llegará este miércoles, en especial en la designación de los tres magistrados de la poderosa Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena. Campo quiere que el CGPJ no realice estos nombramientos, como así lo consiguió en enero y en julio a causa de sus negociaciones con Enrique López, el responsable de Justicia en el PP.

Nombramientos pactados

Vocales conservadores y parte de los progresistas han acordado elegir a un magistrado de ambas tendencias: Ángel Hurtado y Javier Hernández, ambos de reconocida trayectoria profesional.

Para el tercer puesto de magistrado de esta Sala se presenta José de la Mata, el juez central de instrucción número 5. Es un juez de prestigio que goza de la confianza de Campo y del propio Marchena. Pero Lesmes lo ha vetado. Es más, su nombre ni siquiera se propuso para la terna que se elevó al Pleno.

Este miércoles el CGPJ tiene previsto nombrar también a los presidentes de la Sala de lo Social, de lo Contencioso y de lo Militar del alto tribunal, entre otros 25 altos cargos pendientes de designación.

En el Supremo hay cinco salas, cuyos presidentes son además miembros natos de su Sala de Gobierno. Y Lesmes y su mayoría conservadora han designado o designarán a estos cinco presidentes para los cinco próximos años.

Llamada desmentida

Juan Carlos Campo traslada su enfado a quien quiera oírle, al tiempo que este lunes aseguró en RNE que pidió a Lesmes un cambio de fechas del acto de entrega de despachos. El motivo era la inminente sentencia de la inhabilitación del presidente catalán, Quim Torra, y la proximidad del tercer aniversario del referéndum independentista del 1 de octubre.

Fuentes del entorno de Lesmes desmienten que haya existido dicha llamada, "ni de Campo ni de nadie del Gobierno" y que, en todo caso, tendría haberse realizado a la casa real que es la que cierra las fechas.

La llamada del rey

Un sector del Gobierno -los ministros de Podemos y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias- considera que el rey no debió llamar a Lesmes al término de la entrega de despachos para trasladarle que le hubiera gustado estar ahí. 

En la casa real atribuyen esta llamada a un acto de cortesía, sin relevancia institucional, para trasladar la enhorabuena a los nuevos jueces. Lesmes estaba en ese momento haciéndose la foto con los alumnos, colgó el teléfono y les explicó la llamada del rey. "Trasladó el mensaje que el rey le pidió que trasladara", aseguran en fuentes cercanas al presidente del CGPJ.

Es la primera vez en 20 años que no asiste un representante de la casa real a esta entrega de despachos de los nuevos jueces. En 2013, Felipe VI presidió esta ceremonia en lugar de Juan Carlos I en plena crisis por la imputación de su cuñado, Inaki Urdangarín. Y en 2006 el entonces príncipe de Asturias asistió junto a Letizia Ortiz en lugar del rey.

¿Dimisiones simbólicas?

"Los nombramientos del miércoles van a ser inevitables. Lesmes sólo necesita un voto para tener la mayoría de 13 vocales y realizarlos, y nuestra dimisión sería simbólica". Quien así se expresa es una fuente del sector progresita del CGPJ que defiende entrar a pactar los cargos, por mucho que le duela a Campo.

La mayoría conservadora que dirige Lesmes y que surgió de las Cortes de 2013 le permite realizar estos nombramientos con que uno sólo de los vocales progresistas le apoye. Y con mucha frecuencia ha tenido el voto de la vocal Mar Cabrejas, nombrada a propuesta del PSOE.

Los progresistas, junto al vocal nombrado a propuesta del PNV, sólo tienen 9 votos del Pleno. "Basta con que Cabrejas se sume a Lesmes para sacarlos adelante". Esta vocal, nombrada a propuesta del PSOE, quiere que salga elegido Javier Hernández para la Sala de lo Penal del Supremo.

"Los gestos simbólicos como una dimisión en bloque debilitan a las instituciones, y no es momento para realizarlos con la que está cayendo", explica otro vocal progresista.

"El problema reside en el Congreso y del Senado, encargados de esta renovación", explica otra alta fuente judicial que dice que no se entendería la ausencia de nombramientos.

Durante esta tiempo de interinidad, Lesmes y su mayoría conservadora ha realizado los 46 principales nombramientos de la cúpula judicial, a pesar de estar en funciones. Y ha ido escogiendo a personas de su confianza.

La penetración de esta mayoría es tal, que el Supremo ha cambiado de composición por jueces afines a Lesmes, de tal manera que se condiciona al alto tribunal para los próximos 20 años.

Asociaciones de juristas progresistas sostienen que el CGPJ no tiene legitimidad para efectuar estos nombramientos, mientras que la mayoría de las asociaciones de jueces considera lo contrario: si el Poder Legislativo ha sido incapaz de proceder a la renovación, el Judicial debe continuar adelante.

Este lunes, el Foro Judicial Independiente presentó un recurso contencioso ante el Supremo porque Lesmes paralizó el pasado julio estos mismos nombramientos ante la inminencia de un acuerdo entre PSOE y PP.

Ariete del Gobierno

Campo ha revelado que había pactado la renovación del CGPJ con el PP "en un 99%" y que sólo quedaba exteriorizarlo. Y responsabiliza a Pablo Casado de la ruptura.

La estrategia de Pablo Casado se centra en utilizar la Justicia como ariete del Gobierno, según fuentes populares. Una línea dura que considera que la mayoría de vocales afines al PP que existe actualmente no se repetirá y que debe mantenerse para hacer frente al desafío independentista.

Los síntomas del deterioro de la relación dentro del CGPJ y entre Lesmes y el Gobierno son crecientes. "Es un deterioro institucional, interno y extraorgánico. Es insostenible", explica una fuente del órgano encargado de velar por la independencia judicial, así como de seleccionar a los jueces, formarlos y sancionarlos.