Cinco empresarios clave en la financiación del PP valenciano

VALENCIA.- El yate del constructor Enrique Ortiz es el más grande de cuantas embarcaciones hay amarradas en el puerto de Alicante. Y hay más de 700. Ortiz nació en el pequeño municipio oscense de Grañén en 1960, pero lleva toda su vida viviendo en Alicante. Además de poseer la mejor atalaya de la marina desde la que otear la bahía, el empresario es también el mayor propietario de suelo de la ciudad.

Pero si Ortiz es popularmente conocido no es por su enorme patrimonio, sino porque por ‘Elena’, este barco de lujo por el que pagó 7,6 millones de euros, pasaron durante años decenas de políticos, con los exalcaldes populares Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi a la cabeza, y hasta un exdirector general de la quebrada Bancaja, a correrse unas juergas que han quedado grabadas en horas y horas de escuchas practicadas por la policía y enmarcadas dentro de investigaciones por corrupción como los casos Rabassa o Brugal.

Presuntamente en aquellas reuniones en alta mar y viajes a Mallorca o Ibiza, regados con otros regalos por parte del empresario, se fraguaron los amaños del plan general urbanístico de Alicante en favor de éste.

Ortiz nunca ha negado su amistad con Castedo y su estrecha relación con los políticos locales, pero es un peldaño más arriba donde confesó un vínculo que, si no fuera porque en realidad busca reducir condena, podría resultar letal para su futuro. El promotor es el primer empresario que ha confesado que financió de manera ilegal al partido.

Siete años después de que estallara el ‘caso Gürtel’, Ortiz ha admitido que financió de forma ilegal al PP en las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y generales de 2008 a través de pagos ficticios a Orange Market, sucursal de la trama corrupta en València.

Lo hizo mediante su constructora Enrique Ortiz e Hijos, ahora reconvertida en Grupo Cívica, de la que es principal accionista. Anticorrupción pide para él cuatro años de cárcel, pero tras entonar el ‘mea culpa’ Ortiz espera ahora que se le aplique la atenuante de "confesión tardía" y que se sustituya la prisión por una multa. Junto a Ortiz confesó también José Francisco Beviá, su lugarteniente en València.

La confesión de Ortiz marcó el camino y la estrategia jurídica a Alejandro Pons, el segundo de los grandes empresarios en reconocer que él también realizó pagos irregulares al PPCV. En concreto, Pons ha admitido que pagó más de 31.000 euros al partido para financiar sus campañas a través del grupo Piaf. Esta constructora castellonense fue adjudicataria de contratos de obra pública por más de 200 millones de euros en la provincia. Muchos de ellos, otorgados por la Diputación de Castellón presidida por Carlos Fabra.

Pons ha admitido que pagó más de 31.000 euros al partido para financiar sus campañas a través del grupo Piaf

Existe, además, un ‘caso Piaf’ en sí mismo, que investiga una supuesta falsedad de facturas por valor de 600.000 euros que el Ayuntamiento de Vila-real pagó a esta constructora en el año 2011, justo antes de que el PP perdiera la alcaldía. Según los técnicos municipales, PIAF nunca llegó a realizar los servicios por los que se le abonaron dichas facturas.

Pero volvamos a Alicante. Porque si bien Ortiz controlaba el suelo, Ángel Fenoll (Santomera, 1953) es allí el dueño y señor de los basureros y otro empresario sospechoso de financiar a los populares.  De familia humilde que en los años 30 ya recogía desperdicios en carro por la provincia, Fenoll –que apenas sabe leer ni escribir- llegó a tener un zoo particular y siempre ha presumido de ser un empresario hecho a sí mismo, aunque su ascenso fue aparejado a su cercanía al poder popular.

Así se hizo con la adjudicación de la recogida de basuras de hasta 19 municipios de la comarca de la Vega Baja. Empezando por su capital, Orihuela (82.000 habitantes, sexta ciudad en población del País Valencià), donde su amigo el alcalde y entonces todopoderoso mandatario del PP Luis Fernando Cartagena le concedió a dedo el primer contrato público a finales de los 80.

Fenoll “el chatarrero” compró los votos necesarios para que Cartagena se revalidara como alcalde con mayoría absoluta en Orihuela

Favor con favor se paga, y en 1991 Fenoll “el chatarrero” compró los votos necesarios para que Cartagena se revalidara como alcalde con mayoría absoluta en el municipio en su segunda legislatura. Un juzgado le condenó por ello y a ésta le siguieron otras dos sentencias por seguir cubriendo a su ‘socio’ Cartagena.

Pero bien la trayectoria profesional de Fenoll lleva casi treinta años ligada al PP, no fue hasta la semana pasada cuando la Fiscalía le acusó por delito electoral y pago de sobornos en el amaño del contrato de basuras de Orihuela, dentro de una de las piezas del ‘caso Brugal’, donde el murciano es la pieza fundamental. Anticorrupción cree que Fenoll hizo donaciones al PP para las elecciones municipales de 2007 y, además, dirigió a un grupo de personas para que captaran votos a favor de la candidata popular a la alcaldía oriolana, Mónica Lorente. El ministerio público le pide más de 40 años solo por esta pieza, y el ‘caso Brugal’ tiene 20 causas separadas.

Otro industrial cuya relación con el PP viene de lejos es José Adolfo Vedri, dueño de la agencia de comunicación Engloba, y que actualmente se encuentra en libertad provisional tras declarar ante el juez del ‘caso Imelsa’.

El último escándalo en el seno de los populares valencianos ha revelado que la empresa de Vedri recibió más de 27 millones de euros en contratos entre 1999 y 2014 de 11 consejerías, las diputaciones de València y Alicante o el parlamento valenciano. Durante este tiempo, los populares también adjudicaron a Engloba –o alguna de la veintena larga de empresas de la red propiedad de Vedri- trabajos de empresas públicas y otros entes participados por las administraciones valencianas que, al no tener que pasar por control parlamentario, supusieron un auténtico coladero de contratos a dedo e inflados. La investigación derivada de la operación Taula cree que el negocio de Vedri en tiempos del PP valenciano podría alcanzar los 30 millones de euros públicos, el doble de lo que la trama Gürtel obtuvo de las arcas en esta comunidad.

El trato de favor del PP valenciano, sobre todo en época de Francisco Camps, a las firmas de Vedri provocó las quejas de la propia trama Gürtel. Y tanto Francisco Correa como Álvaro Pérez ‘el Bigotes’, cabecilla de la red en València, dejaron constancia. Así se refería a ello Correa en un escrito ante el juez que investiga el caso en la Audiencia Nacional: “En 4 o 5 años, a Orange Market se le adjudicaron muy pocos concursos y a Engloba en un solo año le adjudicaron unos 60 con la Generalitat”.

La trama de empresas de Vedri se ocupó de la estrategia comunicativa para lanzar a Camps como candidato sustituto de Eduardo Zaplana y captó centenares de contratos tramitados sin publicidad y con urgencia. Muchos de ellos denunciados sin éxito por la oposición en tiempos de Camps hasta la extenuación en Les Corts. El juez del 'caso Imelsa' cree ahora que José Adolfo Vedri financió ilegalmente al PP, participando en la red de mordidas del 3% a cambio de contratos públicos.

Otro nombre que aparece de forma recurrente en los escándalos de corrupción ligados al PP valenciano es el de Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino.

Vicente es el máximo responsable de Sedesa Inversiones y el perejil de todas las salsas turbias en el País Valencià y más allá. Por ejemplo, Madrid. Vicente Cotino apareció en los ‘papeles de Bárcenas’ y el juez de la Audiencia Nacional lo imputó por un supuesto pago al PP de 200.000 euros a través de Sedesa, aunque según los apuntes del extesorero popular el pago lo realizó su tío Juan Cotino, el 11 de marzo de 2004, coincidiendo con los atentados terroristas de Madrid.

El sobrino del exconsejero valenciano también está imputado por el juez José de la Mata por la supuesta financiación ilegal del PPCV, la misma causa y el mismo delito por el que ha confesado su socio Enrique Ortiz.

Y aquí es donde regresamos al inicio de esta historia donde casi todo parece estar conectado: Vicente y Enrique son copropietarios de una red de residencias que también está bajo sospecha, con un volumen de negocio que superó los mil millones de euros en los años de Gobierno del PP. Estos días Les Corts investigan si hubo trato de favor en la adjudicación de plazas de residencias para personas dependientes del Grupo Savia, de la familia Cotino y Ortiz.

Sólo en la pieza separada del caso Gürtel, que investiga propiamente la supuesta financiación ilegal del PPCV, están procesados una decena de constructores. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, cree que el partido se presentó “dopado” a las tres elecciones (municipales, autonómicas y generales) celebradas en 2007 y 2008, supuestamente con dinero negro y financiado de forma ilegal por Enrique Gimeno, Antonio Pons Dols, Gabriel Batalla, Tomás y Rafael Martínez Berna, Enrique Fresquet y Vicente Cotino Escribá, además de los autores confesos Enrique Ortiz, José Francisco Beviá y Alejandro Pons Dols. Está por ver si el resto de los procesados seguirán los pasos de los empresarios “arrepentidos”.