Tanto Luis Medina Abascal, marqués de Villalba, como Alberto Luceño se han negado a contestar a las preguntas de la Fiscalía y de las acusaciones en su primera declaración ante el juez del 'caso Mascarillas'. Ambas declaraciones apenas han durado 20 minutos, según ha podido saber este diario. 

Los dos han defendido ante el juez Adolfo Carretero la legalidad de sus comisiones, valoradas en seis millones de euros en la primera ola de la pandemia. Por su parte, Luis Medina ha confirmado que contactó con Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid, para poder llegar al Ayuntamiento y ofrecerse en la compra de las mascarillas, según fuentes del caso comunican a este diario.

Medina ha sostenido que la comisión que él percibió por "facilitar" el contrato al Ayuntamiento de Madrid con la empresa malasia Leno para el suministro de mascarillas, test y guantes fue "menos de un 10%". Hoy se ha contradicho respecto a su declaración inicial ante el fiscal y ha negado haberse sentido engañado por Luceño, que se llevó una comisión cercana al  50% del precio total del contrato, de 11 millones de euros.

Medina obtuvo una comisión de un millón de dólares, algo más de 900.000 euros. Con ese dinero, adquirió un velero, valorado en 325.000 euros, matriculado en Gibraltar, y dos bonos de inversión por valor de 400.000 euros, que vendió meses después de haberlos adquirido. 

El fiscal Luis Rodríguez Sol sostiene en la querella de Anticorrupción que los comisionistas, con ánimo de obtener "un exagerado e injustificado beneficio económico", ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir "grandes remesas de material sanitario fabricado en China". 

Cuatro millones más de la herencia de la duquesa

El sumario de la investigación destapó que días después de recibir las transferencias de la empresa malaya Leno, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía (247 euros) y otra en números rojos. En su caso, el juez procedió a fijar una fianza de 981.000 euros y en caso de impago se procederá a embargar los derechos hereditarios del investigado en relación a la herencia de su abuela, la duquesa de Medinaceli. 

De esta herencia, un juzgado de Sevilla atribuyó a Medina una mejora de su legítima, valorada en bienes por valor de 4 millones de euros. Los bienes proceden de la Fundación Casa Ducal Medinaceli, que atesora el patrimonio inmobiliario y artística de la difunta duquesa. Sin embargo, la sentencia está recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla. 

Por su parte, Alberto Luceño, el último en declarar, ha sostenido que fue la empresa malasia Leno, de la que es "agente exclusivo", según ha declarado, la que fijó el importe de sus comisiones, de cinco millones de euros, según informan fuentes cercanas al caso. Y ha adelantado que, según le ha comunicado San Chin Choon, el presidente de Leno va a declarar en este caso, aunque según informaron las autoridades malasias a España este empresario no quería declarar voluntariamente. 

Las acusaciones populares en el caso han solicitado al juez que instruye la causa que retire el pasaporte e imponga comparecencias quincenales a Luis Medina y Alberto Luceño. La decisión del juez aún no se conoce. 

Luceño ha asegurado que Medina le facilitó el teléfono móvil de Elena Collado, la coordinadora de Hacienda del ayuntamiento que en la primera ola de la pandemia fue la encargada de gestionar los contratos de material sanitario a través de la Empresa de Servicios Funerarios, de la que es consejera. Medina ha corroborado que fue Carlos Martínez-Almeida, el primo del alcalde, el que le facilitó dicho contacto. 

Alejandra Jacinto, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, ha destacado que si no llega a ser por el primo del alcalde de Madrid, Luceño y Medina no habrían podido hacer este negocio.