Este lunes la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha regresado a Catalunya, ha sido detenida, conducida a los juzgados de Barcelona; se ha negado a declarar y ha sido puesta en libertad, a la espera del juicio por el delito de desobediencia por el que está acusada en la causa del 'procés' y que no conlleva pena de prisión, sino de inhabilitación política. 

Esta situación no se repetirá con los miembros del Govern independentista de 2017 que permanecen huidos desde hace casi seis años, tras la declaración unilateral de independencia: el expresidente Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín (Sanidad) y Lluís Puig (Cultura). 

Puigdemont, Comín, que son europarlamentarios, y Puig están acusados por el juez del Supremo Pablo Llarena de desobediencia y de malversación, delito penado con hasta doce años de prisión. Su regreso no será tan sencillo como el de su compañera Ponsatí: ellos serán detenidos nada más pisar suelo español y encarcelados preventivamente, en virtud de las órdenes nacionales de busca y captura vigentes dictadas por el juez Llarena.

Puigdemont, Comín y Puig se encuentran prófugos de la Justicia española en Bruselas desde el 30 de octubre de 2017, el mismo día que comenzó la causa judicial en España por el intento secesionista en Catalunya.

Las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas por el instructor del 'procés' están paralizadas, a la espera que el juez Llarena las reactive tras la sentencia del pasado 5 de julio del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que retiró la inmunidad parlamentaria a los dos europarlamentarios Puigdemont y Comín al avalar el suplicatorio cursado por el juez Llarena. 

La euroorden que afecta a Lluís Puig sigue inactiva, pese a que en enero de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón al juez español respecto a su legitimación para pedir a las autoridades belgas su extradición. 

La Fiscalía pide nuevas euroórdenes

Aunque la sentencia del TGUE puede ser recurrida en casación ante el TJUE --algo que ha anunciado la defensa de Puigdemont y Comín--, el recurso no tiene efecto suspensivo, recuerda la Fiscalía, "por lo que teniendo en cuenta la situación personal de ambos --huidos de la justicia y en rebeldía-- resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas respecto a ambos procesados por los delitos especificados en el auto de 12 de enero de 2023". 

De esta manera, la Fiscalía ha pedido este mismo lunes al juez Llanera que active o pida de nuevo las euroórdenes de detención contra el expresident catalán y el exconseller Comín. 

Dice la Fiscalía que debido al montante del dinero presuntamente malversado, la pena que podría corresponderles a ambos es de entre seis y doce años de prisión, según el artículo 432 del Código Penal.

Los últimos días de octubre de 2017 el entonces president de la Generalitat de Catalunya y seis de sus consellers salían de España rumbo a Bélgica. El gobierno de Mariano Rajoy había aplicado el polémico el artículo 155 en Catalunya, interviniendo la autonomía y destituyendo a todo el Govern. 

Malversación: hasta 12 años de cárcel

El pasado mes de enero el juez Llarena adaptó el procesamiento de Carles Puigdemont y el resto de los prófugos a la modificación del Código Penal que derogó el delito de sedición y reformó el de malversación. 

Ante la derogación del delito de sedición, por el que estaban procesados Puigdemont, Comín, Ponsatí y Rovira, el instructor entendía que los hechos de la causa relacionados con el mismo "son subsumibles ahora en un delito de desobediencia", ya que considera que no encajan en el delito de desórdenes públicos. Este delito no conlleva penas de prisión, sino de inhabilitación para cargos públicos.

Ante la modificación del delito de malversación, Llarena cree que Puigdemont, Comín y Puig dispusieron "de los bienes públicos como propios y se apartan de su destino para la obtención de un beneficio particular". Descarta así el juez aplicarles el nuevo tipo de malversación atenuada, con penas más bajas, según la reforma pactada entre ERC y el Gobierno, porque, para Llarena, el desvío de fondos públicos para el referéndum del 1-O tuvo un ánimo de lucro. El delito está penado con un máximo de 12 años de cárcel.

Mientras en España la Justicia procesaba a los líderes independentistas, entre ellos el vicepresident Oriol Junqueras, los prófugos fueron regresando paulatinamente. Solo quedan por volver, tras la llegada este lunes de Clara Ponsatí, Carles Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín. 

También permanece en Ginebra, Marta Rovira, secretaria general de ERC, que no fue miembro del Govern y que está acusada de desobediencia en el causa del 'procés' y de terrorismo en el sumario de Tsunami Democràtic. 

Como se ve, el camino de vuelta de Puigdemont al Estado español es espinoso y tiene serias implicaciones penales. Este mismo lunes, al conocerse la petición de la Fiscalía, el expresident ha escrito en su cuenta de 'Twitter': "Un día eres decisivo para formar el Gobierno de España y al siguiente piden tu arresto". 

Los siete escaños obtenidos en las elecciones generales del 23J por Junts son esenciales para la conformación de un nuevo gobierno progresista. La cabeza de lista, Míriam Nogueras, ha avisado de que su partido no hará presidente a Sánchez "a cambio de nada". 

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avanzado este lunes que la abstención de su partido para una posible investidura de Pedro Sánchez "no es un escenario", dado que el líder de los socialistas "no ha abierto la puerta hasta ahora ni a una amnistía ni a un referéndum de autodeterminación".