El pleno del Congreso ha reprobado este martes a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, debido a la negligencia de su gestión y a la inacción en la lucha contra la violencia machista. La iniciativa, presentada por el grupo Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, recibió el apoyo de 167 diputados, el rechazo de los votos del Partido Popular (133) y la abstención de otros 37, entre los que se encuentran los votos de Ciudadanos.

En su intervención, la diputada de Unidos Podemos, Sofía Castañón, echó en cara a la ministra las empleadas despedidas del Instituto de la Mujer que gestionaban los proyectos del Fondo Social Europeo, la campañas contra la violencia machista puestas en marcha por el ministerio que culpabilizan a las mujeres, los 44 millones de euros sin ejecutar en 2017, y el hecho de que uno de cada tres niños y niñas de nuestro país estén en riesgo de pobreza. "Casi la hemos visto hablar más a los medios de comunicación sobre Catalunya que sobre el cometido de su Ministerio", afirmó.

"La ministra ha desoído la revolución que ya está teniendo lugar. Lo que sí ha hecho el Gobierno es vetar todas la iniciativas para la igualdad. Ha posado en fotos, como la del pacto de Estado [que se hizo Rajoy] tras declarar en la Audiencia Nacional. Se ha hecho fotos con papeles mojados". "Usted no se ha tomado en serio ese ministerio de la sostenibilidad de la vida. Hoy vamos a votar para que sea reprobada, porque ya está bien", afirmó Castañón.

Por su parte, Carmen Cuello Pérez, diputada del grupo Socialista, afirmó que "en esta legislatura no hemos tenido ministra de Sanidad, ni de Servicios Sociales y mucho menos de Igualdad" y que el Gobierno "se ha visto acorralado por la lucha del movimiento feminista que ha dejado claro que no va a tolerar ningún retroceso". Recriminó a la ministra que, ocho meses después de aprobado el pacto de Estado "aún no lo ha puesto en marcha, ni están los fondos disponibles", para concluir que "nos queda un camino largo para erradicar la violencia machista, pero este camino será mas tortuoso si al frente del ministerio está usted, y el señor Rajoy al frente del Gobierno". Pero afirmó que esto tendremos "ocasión de hacerlo el próximo viernes [con la moción de censura]".

La diputada Patricia Reyes de Ciudadanos también arremetió contra Montserrat y afirmó que "el Gobierno no ha movido un dedo para poner en marcha el pacto" y lo acusó de usarlo para "blanquear su imagen". Para paso seguido arremeter contra Podemos por "no haber votado el pacto de Estado ni los presupuestos y querer dar lecciones de feminismo." "La ministra Montserrat se merece nuestra reprobación. No sólo ella, sino todo el Gobierno. Pero esta moción no aporta nada a la lucha contra la violencia machista, la legislatura está ya muerta. La mató la corrupción del PP", concluyó.

La diputada de Compromís, Marta Sorlí, ha dicho a la cámara que "queremos reprobar a la ministra. Lo tenemos clarísimo. Nos parece indecente el incumplimiento del pacto de Estado" y se lamentó de que "llevamos repudiados a cuatro [ministros] ya y no se van. Les da igual". Sorlí aprovechó para pedir a Ciudadanos "acabar con este sufrimiento" apoyando la moción de censura del viernes para mandar al Ejecutivo "a casa".

La ministra Montserrat es el quinto miembro del ejecutivo de Rajoy que es reprobado por el Congreso, que ya censuró la gestión del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido; la del de Justicia, Rafael Catalá; al de Hacienda, Cristóbal Montoro; y  al de Exteriores, Alfonso Dastis, en su caso en dos ocasiones.

Indignación por los incumplimientos del pacto de Estado

El 28 de septiembre del año pasado, el Congreso aprobó por mayoría el documento del pacto de Estado contra la violencia de género, elaborado por todos los grupos parlamentarios, que contiene 214 medidas concretas y que debía aplicarse en un plazo de cinco años. Para su desarrollo, el Gobierno se comprometió a incrementar en 1.000 millones de euros el presupuesto para luchar contra la violencia machista, a razón de 200 millones por año (80 millones de euros para la administración central, 100 millones para las comunidades autónomas y otros 20 para los ayuntamientos). El documento especifica que los fondos debían ser finalistas, condicionados e incluidos en los Presupuestos Generales del Estado. 

El incumplimiento de estas cifras (el Gobierno presentó un borrador de PGE que sólo contemplaba los 80 millones destinados a la administración central) provocó la indignación, tanto de los demás grupos del parlamento, como de las organizaciones de la sociedad civil, que llevaban años reclamando que la violencia machista fuera una cuestión de Estado.

La ministra Montserrat, lejos de defender los presupuestos negociados en el pacto, se limitó a decir que las comunidades autónomas ya tenían suficiente dinero y que los fondos para la lucha contra la violencia de género debían salir de los  4.200 millones de euros que este año tendrían de financiación autonómica, lo que volvió a encender la polémica entre autonomías y entes locales.

El pacto contemplaba, además, un plazo de seis meses para que el Gobierno propusiera las reformas legislativas necesarias para acometer varias de las medidas del pacto. Entre ellas, la modificación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, para devolver a ayuntamientos y comunidades autónomas las competencias en materia de violencia de género que les arrebató el Partido Popular en 2013.

El documento del Pacto de Estado, prevé que tanto ayuntamientos como comunidades autónomas asuman el grueso de las competencias en materia de prevención y atención a las víctimas de este tipo de violencias. Otra de las normas que precisaban de una reforma urgente, era la de violencia de género de 2004, para ampliar los tipos de violencia contra las mujeres, tal como se acordó en el pacto. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha presentado ninguna propuesta de modificación legal. 

54 asesinatos machistas

Desde la aprobación del pacto de Estado en el Congreso el pasado 28 de septiembre, han sido asesinadas un total de 54 mujeres y menores por violencia machista. Esta cifra, recopilada por la organización Feminicidio.net, refleja a las mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres, independientemente de la relación que tenían con el victimario. Éste fue uno de los acuerdos del pacto de Estado: que se ampliarían el tipo de violencias y se comenzarían a recopila los datos de forma oficial. Por ahora, el ministerio de Igualdad sigue recopilando únicamente los datos de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y el de sus hijos e hijas. Según estas estadísticas oficiales, desde que se aprobó el pacto han muerto a manos de sus parejas un total de 24 mujeres y cuatro menores de edad.

Una ministra ámpliamente cuestionada

La relación de la ministra de Igualdad con los partidos representados en el Parlamento, así como con las organizaciones feministas, ha sido siempre muy complicada y de enfrentamiento constante.

Las peticiones de dimisión de Dolors Montserrat comenzaron ya hace algo más de un año, cuando las declaraciones de la directora del Instituto de la Mujer a Público encendieron todas la alarmas. Entonces, los principales grupos de la oposición, tanto en en Congreso como en el Senado, pidieron la comparecencia urgente de Montserrat, para que diera explicaciones. También diversos grupos exigieron la comparecencia de la Montserrat en el Parlamento cuando Público destapó que el Instituto de la Mujer había despedido a todas las técnicas (diez en total) que se encargaban de gestionar los programas de los Fondos Sociales Europeos en materia de Igualdad, un despido que se consideró irregular, puesto que muchas de ellas mantenían un relación laboral con el Instituto de la Mujer de más de 10 años. De hecho, algunas de estas trabajadoras han ganado los juicios que interpusieron tras su despido.

Pero las desavenencias no acaban aquí. En reiteradas ocasiones, los grupos parlamentarios han solicitado a la ministra explicaciones sobre los fondos y los programas de lucha contra la violencia de género, recibiendo respuestas esquivas y poco claras. Un ejemplo de ello es la comparecencia de Montserrat en la comisión de Igualdad del Congreso, en enero pasado, en la que la ministra no pudo poner sobre la mesa un plan para aplicar el pacto de Estado ni confirmó cómo se habilitarían los fondos tras el retraso de los PGE.

También el movimiento feminista exigió la destitución de la ministra más de cuatro meses después de que se aprobara el pacto, ante la dejadez del ministerio que dirige Montserrat para ponerlo en marcha. 

Otro punto de fricción lo protagonizó la ministra en los días previos a la marcha y la huelga femimista planteada para el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Entonces, la ministra manifestó que ella no haría huelga, sino por el contrario trabajaría por la igualdad. En una entrevista en la Cadena Ser, en la víspera de las manifestaciones, Montserrat respondió a la pregunta de si era feminista: "no me gustan las etiquetas", afirmó.

Todo esto se suma al hecho de que, desde que fue nombrada como Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat ha tenido que recular en numerosas iniciativas, algunas tan controvertidas como el intento de abrir las líneas del teléfono 016 (de denuncia de violencia machista) a las consultas para hombres o el intento de nombramiento de Carolina González Cirado (imputada por homicidio a causa de la gestión de la Xunta de Galicia de las vacunas de la hepatitis C), como subdirectora general de Calidad del Medicamento del ministerio que ella dirige.