Pedro Sánchez ha sido y es uno de los líderes que más lejos llegan en sus críticas a Benjamín Netanyahu en el seno de la Unión Europea. No en vano, España ha reconocido el Estado palestino, se ha mantenido fuerte a la hora de plantear resoluciones contundentes en el Consejo Europeo y ha arrastrado a otros países —17, en estos momentos— a reclamar a la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, que se revise el Acuerdo de Asociación con Israel. Pero es un nivel de contundencia que, por mucho que sea superior al de la mayoría de agentes internacionales, no es suficiente para las formaciones aliadas que tiene el Gobierno a su izquierda.

Esas fuerzas políticas tienen el convencimiento de que su presión al PSOE ha sido hasta ahora fundamental para que Sánchez haya exhibido una posición fuerte, pero para Esquerra Republicana, EH Bildu, Podemos, BNG o también el grupo de Sumar, a pesar de que algunas de las formaciones que lo integran comparten Gobierno con el PSOE, no es suficiente, tal y como demuestran las numerosas acciones que han exigido todos esos partidos durante la legislatura y que el Ejecutivo todavía no ha llevado a cabo, mantiene en stand by o ha suavizado. En algunos casos, las izquierdas incluso ponen en duda algunas de las acciones que el Gobierno asegura que ha emprendido, como en el caso del fin del comercio de armas con Israel.

Romper relaciones diplomáticas con Israel

La principal exigencia por parte de las izquierdas al Gobierno es que rompa relaciones diplomáticas con Israel, un gesto drástico que el Ejecutivo no habría contemplado, toda vez que se trataría probablemente de un movimiento sin retorno con muchas implicaciones. Sin embargo, las izquierdas insisten en que España debe estar a la altura de las circunstancias y, primero, retirar la embajada de Tel Aviv para romper, a continuación, totalmente las relaciones diplomáticas con un Estado que ha matado ya a cerca de 60.000 personas en una deriva genocida que nada tiene que ver con lo que llamaban "respuesta proporcionada" al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Fuentes socialistas justifican no dar ese paso por los equilibrios a los que está obligado el Gobierno en la escena internacional, pero sacan pecho por la valentía de Sánchez. De hecho, las relaciones diplomáticas entre ambos países se han tambaleado en algún momento, pero más bien por los enfados de Netanyahu cuando el presidente español ha elevado el tono. Por ejemplo, cuando Sánchez llamó "Estado genocida" a Israel en una sesión de control en el Congreso en respuesta a una pregunta de Gabriel Rufián, Israel convocó a la embajadora española en Tel Aviv, Ana Salomón Pérez, a una reunión de amonestación.

Antes, a finales de noviembre de 2023, Israel retiró de forma temporal a su embajadora en España al poner en duda Sánchez que la actuación del ejército israelí sea conforme al Derecho Internacional. Pero más allá de estos vaivenes, el Gobierno ha evitado entrar en el marco que continuamente proponen sus aliados de izquierdas y las asociaciones propalestinas de romper diplomáticamente con Netanyahu. Partidos como Podemos, ERC, Comuns, Bildu o BNG exigen al Gobierno valentía y "coherencia".

Lo hicieron, por ejemplo, cuando el Ejecutivo se posicionó en contra de la participación de Israel en Eurovisión, teniendo en cuenta el veto a Rusia. Los partidos mencionados y el resto de las izquierdas entienden que si lo que está haciendo Israel es tan grave como para pedir que no participe en el certamen, también debería de serlo como para romper relaciones diplomáticas.

Dos leyes estancadas en el Congreso

Por otra parte, hay dos leyes que están por el momento estancadas en el Congreso que también representarían fortalecer la posición del Gobierno en lo referente al genocidio en Gaza. Una de ellas —registrada por el grupo de Sumar y, por parte del Mixto, por Podemos y BNG, para introducir en la legislación española el embargo total de armas obligado a todos los países que estén siendo investigados por genocidio por parte de la Corte Penal Internacional— superó la admisión a trámite en una votación en la Cámara Baja con los votos de PSOE y Junts.

Si la ley termina prosperando, será ilegal que España comercie con armas o material militar con Israel. Pero por el momento no hay noticias de que vaya a culminar pronto el procedimiento parlamentario. Ni rastro de la celeridad que le exigen al PSOE sus aliados de izquierdas en un tema tan sensible como este.

Por otro lado, hay otra ley que registró, en ese caso, el grupo de Sumar en solitario para impedir los negocios de empresas españolas en territorios ocupados como los de Palestina o Sáhara. En ese caso, todavía no se ha sometido a la toma en consideración.

Sudáfrica y Grupo de La Haya

Otra cuestión espinosa en la que España ha entrado a medio gas es en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia: la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. España entró en ese procedimiento en virtud del artículo 63 de los estatutos de la Corte Internacional, es decir, arrogándose la potestad de intervenir cuando haya que interpretar alguna convención internacional.

De nuevo, es más de lo que han hecho otros países, pero menos de lo que le exigen las izquierdas. En conversación con Público, fuentes de Podemos insisten en que España debería haber entrado en ese procedimiento como acusación, toda vez que la fórmula que se escogió, a juicio de los morados, "significa no tomar parte". De hecho, esa fórmula de participación no implica asumir el marco del genocidio que propone Sudáfrica. Lo cierto es que Pedro Sánchez, aunque calificó a Israel de Estado genocida en aquella sesión de control de marzo de 2025, se ha cuidado mucho de pronunciar la palabra genocidio.

Por medio de una proposición no de ley, las izquierdas también solicitaron al PSOE adherirse al Grupo de La Haya, que integran  Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, y que tiene como objetivo "poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina y apoyar la realización del derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación". Por el momento, España no se ha sumado.

Polémicas con el comercio de armas

Mención aparte merecen las informaciones contradictorias que ha recibido la ciudadanía en lo referente al comercio de armas con Israel. Más allá de la propuesta de ley que está inmersa en su tramitación parlamentaria, constantemente los aliados de izquierdas del PSOE le acusan de no haber dejado, en realidad, de comprar material de defensa a Israel. También una manifestación con medio millar de personas se quejó de ello a las puertas del Congreso de los Diputados. 

El Gobierno no ha cambiado en ningún momento su versión de que España dejó de comprar armas a Israel desde que se recrudeció el conflicto en Gaza. Sin embargo, un estudio del Centre Delàs reflejó que España habría hecho 134 operaciones de compraventa de armas desde el 7 de octubre del 2023 con Israel. Más tarde, España tuvo que desandar un acuerdo firmado el 16 de abril de este año con la empresa israelí IMI Systems para la  adquisición de 15,3 millones de balas destinadas a la Guardia Civil. España se echó finalmente atrás por el clamor de sus aliados de Gobierno; en especial, de Sumar. La propia Yolanda Díaz mantuvo reuniones con Sánchez para cancelar el trato.

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Agencias

Los socios, con todo, piden que el Gobierno sea drástico en esta cuestión y no compre ni venda material ni tecnología militar de ningún tipo al país que gobierna Netanyahu. ERC registró una PNL para que se hagan públicas todas las operaciones de compraventa de armas a Israel en la última década.

Algo parecido ocurre con el uso de puertos españoles para que escalen en ellos barcos que formen parte de la cadena de suministro de armas para el Estado de Israel. Informaciones periodísticas han situado a embarcaciones como la naviera danesa Maersk en el puerto de Barcelona, algo que han criticado duramente las izquierdas de la Cámara Baja, especialmente Podemos, que interpeló en el Congreso a Óscar Puente, ministro de Transportes, en febrero.

Un juzgado de Barcelona llegó a abrir diligencias para investigar si buques de Maersk participaron en el comercio de armas con Israel desde puertos españoles. Si así fuera, se trataría de un incumplimiento flagrante de la ley, que prohíbe el tránsito por España de armamento con dirección a zonas en las que se sospeche que se vulneran los derechos humanos. El Gobierno, en cualquier caso, insiste en que no ha autorizado el paso por puertos españoles de ninguna embarcación con esa finalidad.

También ha habido mucha insistencia en el Congreso para llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional. En este caso, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, ha sido muy claro y ha apoyado la decisión de dicho organismo de pedir la detención del mandatario israelí.

Con todo, más allá de estas acciones concretas, los aliados piden también al Gobierno no titubear a la hora de referirse a lo que está ocurriendo en Gaza como lo que es. En un Pleno hace pocas semanas, a finales de mayo, Albares se refirió a ello como "una herida abierta". "No es una herida abierta", le respondió Gabriel Rufián resumiendo el hartazgo de las izquierdas alrededor de esta cuestión, "es un genocidio".