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Los consejeros de PP, Cs y Vox bloquean el órgano que fiscaliza las cuentas de la Junta de Andalucía

La derecha considera que el mandato del presidente de la Cámara, nombrado por Moreno, ha caducado, mientras el PSOE esgrime la ley y un acuerdo político y defiende lo contrario. La institución, clave en el control al Gobierno, está hoy paralizada por la bronca, justo cuando le toca empezar a fiscalizar la etapa de PP y Cs

Otras miradas - Golpe de mano en la Cámara de Cuentas de Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, en una imagen de archivo. –María José López. Europa Press

La Cámara de Cuentas de Andalucía se ha convertido, apenas dos años después de que PP y Ciudadanos formaran el primer Gobierno no socialista de la autonomía con un discurso de regeneración, en todo un campo de batalla político. Los consejeros nombrados a propuesta de estos partidos y de su socio Vox –cuatro de siete, son mayoría–, que en teoría son independientes y deben desarrollar un trabajo profesional, tienen en este momento bloqueado un órgano clave de fiscalización de las cuentas públicas, que durante los años de Gobierno del PSOE –con mayoría de consejeros nombrados a propuesta de este partido– se comportó con cierta profesionalidad y emitió duros y muy poco complacientes informes sobre la gestión de los fondos públicos, sobre todo en el ámbito de la Consejería de Empleo, epicentro de la corrupción.

Las consejeras que obtuvieron su cargo a propuesta de estos partidos no han acudido a los tres últimos plenos –y otro consejero no ha acudido a los dos últimos–. El objetivo de esta maniobra, según las fuentes consultadas, es relevar al presidente de la Cámara, Antonio López: consideran que su mandato ha caducado. Los consejeros nombrados a propuesta del PSOE y de Adelante Andalucía –tres– defienden, por el contrario, que el mandato de López sigue vigente.

No haber ido a los plenos podría acarrear consecuencias para los consejeros de la derecha: podrían haber incumplido los deberes propios del cargo, lo que implicaría, de ser así, que su puesto quedaría vacante. El artículo 38 del reglamento que regula la institución recoge que el incumplimiento se produce por "la inasistencia, sin causa justificada, a dos sesiones consecutivas del Pleno o a tres alternas en seis convocatorias seguidas".

Su ausencia de los plenos, un asunto que avanzó Diario de Sevilla, ha provocado que no se pudiera aprobar el informe de fiscalización de la cuenta general del año 2019 ni tampoco aprobar la memoria y el plan de actuación para este año, que es el que reúne todos los informes de auditoría para el año. Sin él, no se puede iniciar ninguna actuación nueva. Solo se pueden culminar las que estuvieran previstas en el plan anterior, según indicaron fuentes de la institución, bien conocedoras de la mecánica de trabajo.

En resumen, la Cámara de Cuentas de Andalucía está paralizada. Y este bloqueo se produce justo en el momento en que tiene que empezar a fiscalizar la etapa de Gobierno de PP y Ciudadanos, que llevan dos años y un par de meses en el poder.

López fue nombrado con todas las de la ley –por un decreto del presidente Juanma Moreno, tras una votación en el Pleno de la Cámara publicado en BOJA–el 26 de septiembre de 2019. Según la Ley y el Reglamento de la Cámara de Cuentas, el mandato del presidente dura tres años y es renovable. Por lo que el mandato expiraría el 26 de septiembre de 2022. La trayectoria de López, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad por la Universidad de Granada, a pesar de que fue nombrado por la mayoría socialista en el año 2011, avala su independencia.

Existía además un pacto político, firmado por PP y Ciudadanos con el PSOE al principio de la legislatura, para mantenerlo en el puesto hasta que terminase su mandato, que ha saltado por los aires. PP, Ciudadanos y Vox han preparado una estratagema jurídica y consideran ahora que, como López renovó a principios de febrero como consejero raso –para ser presidente hay que ser consejero–, su mandato expiró justo antes de esa renovación, y, por tanto, su presidencia ha llegado a su fin. El PP ha exigido ya a López, en un tono duro, que dé un paso atrás.

Ninguno de los partidos, ni los de derecha ni los de izquierda, según las fuentes consultadas, piensa ceder en esta batalla, detrás de la que está pilotar una institución clave en el control al Gobierno, y que podría acabar en los tribunales.

Informes jurídicos

López envió esta semana a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, un escrito en el que expone la situación anómala y le dice que hasta que no se resuelva no va a convocar el pleno extraordinario previsto en la Ley para nombrar un vicepresidente, una plaza vacante desde inicios de febrero, cuando se produjo la renovación de los consejeros y el que era vicepresidente, Rafael Salas, dejó el puesto.

Así explica López en la misiva, a la que ha tenido acceso Público, su decisión: "Habiendo sido cuestionada la vigencia de mi mandato como presidente por parte de cuatro miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, hecho constatado por su inasistencia consecutiva a tres plenos convocados con carácter ordinario los días 22, 24 y 26 de febrero de 2021, no considero oportuno convocar el citado pleno extraordinario, dada la conexión existente entre uno y otro cargo [presidente y vicepresidente] hasta que jurídicamente no se aclare esta cuestión".

Añade López en su misiva a Bosquet: "A este respecto debo señalarle que el pasado 24 de febrero requerí al secretario general [de la Cámara] informe jurídico sobre el que se sustenta la afirmación de que mi mandato ha terminado, ya que mi nombramiento como presidente está vigente hasta el 26 de septiembre de 2022, de acuerdo con el decreto del presidente de la Junta de Andalucía, que no ha perdido su vigencia, no habiendo tenido respuesta hasta la fecha".

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, hizo este miércoles en rueda de prensa un llamamiento al "diálogo" en la Cámara de Cuentas y aclarar primero si el presidente "está en funciones". "Esa es la principal cuestión que toca dirimir", dijo. Bosquet manifestó que no descarta, tras haber recibido "escritos" por parte de miembros del órgano, "llegado el caso, pedir un informe a los servicios de la Cámara en función de si finalmente no se resuelve" el asunto, según recogió Europa Press. Ese informe aún no se ha pedido, según las fuentes consultadas, y de momento no se va a pedir tampoco. Primero, Bosquet quiere responsabilidad en la Cámara.

Bosquet ha confirmado que el propio presidente de la Cámara le ha trasladado "en un escrito" que, "a la hora de convocar un pleno, se ha producido la inasistencia de determinados consejeros, que a su vez parece que no han asistido porque habían solicitado previamente la convocatoria de un pleno" para la designación de un vicepresidente. Para Bosquet la situación es como la de la "pescadilla que se muerde la cola". "El estancamiento que parece ser que tenemos ahora no beneficia ni a la institución ni a los ciudadanos", remachó Bosquet.

Las anomalías en el funcionamiento de la Cámara no terminan ahí. El secretario general de la Cámara, Manuel Aguilar, encargado de dar fé de los actas y los acuerdos de los plenos, y de legitimar con su firma los informes, fue nombrado a pesar de que no es funcionario. Un informe jurídico de la propia Cámara expone, según reveló el diario El País, que, por ello, no cumplía con los requisitos que exige para el puesto el Estatuto del Empleado Público.

Todas las fuentes consultadas describen a Aguilar como un hombre de la estricta confianza de Elías Bendodo, mano derecha del presidente Moreno. Este nombramiento podría acabar impugnado en los tribunales, aunque ni la Ley ni el reglamento de la Cámara exigen que sea funcionario. De hecho, el artículo 40 del reglamento, de un modo indirecto, viene a admitir que no lo sea.

Los informes de la Cámara de Cuentas han sido hasta ahora serios y trabajados. El nuevo Gobierno, desde que llegó, no ha confiado en este organismo público y ha encargado informes a empresas privadas para auditar el sector público andaluz con la idea de racionalizarlo, una palabra que para los sindicatos esconde el fantasma de los despidos en la administración.

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