La juez de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha requerido a la Delegación del Gobierno que aporte la fecha y el contenido de la primera alerta sobre la pandemia por la covid-19 procedente de cualquier administración pública.

Es la respuesta de la magistrada a un primer escrito que recibió en el que la Delegación del Gobierno sostiene, literalmente, que "no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020, en el marco de la crisis generada" por la pandemia.

Ese escrito está firmado por el secretario general y fue enviado al juzgado como respuesta a la primera petición de la magistrada que investiga al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por prevaricación.

Ahora, Rodríguez Medel quiere que se ratifique formalmente de esa aseveración y requiere al secretario general que aporte -antes del 30 de abril- la primera comunicación, indicación, alerta o noticia que se recibiera por escrito procedente de cualquier administración con anterioridad al 14 de marzo.

También requiere que el secretario general aclare cuándo se recibieron en la Delegación las dos resoluciones de 6 de marzo de 2020 de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid que adoptaban medidas en materia de salud pública en los centros de mayores, hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social, así como sobre las actividades formativas de los centros sanitarios.

Resoluciones ambas, señala la jueza, relativas a la covid 19 que fueron publicadas en el BOE de la región y donde se ordena ponerlas en conocimiento de la Delegación del Gobierno. La jueza pide a la Delegación que ratifique, como se desprende de su respuesta, que esta información se recibió con posterioridad al 14 de marzo.

También solicita que se informen de si se recibieron en la Delegación, y en qué fecha, las medidas de precaución relacionadas con el brote causado por el nuevo coronavirus en la Comunidad de Madrid emitidas en fecha de 5 de marzo de 2020 por la Consejería de Sanidad.

Por último, solicita también al citado organismo que recabe copia de cualquier recomendación, instrucción u orden dada por el delegado del Gobierno al personal a su cargo o en el ejercicio de sus funciones en relación con la covid-19 desde el 1 de febrero hasta el 14 de marzo de 2020.

La magistrada ha abierto una investigación sobre el delegado, José Manuel Franco, por el supuesto delito de prevaricación. Previamente, ha descartado el delito de lesiones imprudentes al no constar una relación de causalidad entre las manifestaciones del 8-M y los contagios por coronavirus, según aseguran los forenses.