MADRID.- Los jueces y magistrados siguen sin confiar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Menos de una cuarta parte de los jueces en activo ha respondido a una encuesta de este órgano constitucional, cuyos miembros son ahora elegidos directamente por los partidos representados en el Parlamento, tras la última reforma del Partido Popular.

El grado de descontento con el CGPJ es tal que sólo el 23,8% de los 5.390 jueces y magistrados en activo ha respondido a la IV Encuesta de la Carrera Judicial. Y el grado de desconfianza abarca hasta la forma de enviar el cuestionario: la encuesta era anónima pero la mayoría optó por remitir sus respuestas al órgano político por correo ordinario y no por correo electrónico, para no dejar rastro del remitente.

De los 1.258 jueces que respondieron, sólo el 6% considera que el CGPJ sigue los criterios de mérito y capacidad para designar a los altos cargos judiciales (los nombramientos discrecionales que realiza el CGPJ y que abarca desde presidentes de salas a presidente de Audiencia, presidente de Tribunal Superior de Justicia y magistrados del Tribunal Supremo).

Además, tres de cada cuatro jueces y magistrados opinan que el CGPJ no defiende de manera suficiente y adecuada la independencia judicial, aunque el 50% opina también que este órgano político no cuenta con los mecanismos adecuados para hacerlo de manera eficaz.

La encuesta también revela que el 50% de los encuestados no conoce el nuevo modelo organizativo del CGPJ aprobado por el Parlamento en 2013 a instancia del PP. Y el 54% de quienes sí lo conocen lo valoran mal o muy mal.

Por si fuera poco, el 64% de los encuestados no se siente identificado con los órganos de gobierno: Presidencias de órganos judiciales, Salas de Gobierno y Decanatos.

Sólo 6% cree que los nombramientos de los altos cargos judiciales son por mérito y capacidad

Respecto a los recursos humanos y materiales, el 68% considera que la asunción de las competencias de Justicia por parte de las comunidades autónomas no ha sido beneficioso para la Administración de Justicia, frente al 13% que opina que sí.

La opinión desfavorable sobre el traspaso de competencias a las autonomías es mayoritaria en todos los órganos judiciales, llegando al 84% en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que son los que juzgan los actos de las administraciones públicas y los litigios con ellas.

La práctica totalidad de los encuestados (91%) se muestra convencida de que los medios con los que cuentan los jueces son diferentes según los territorios donde ejercen su función, mientras que el 52% considera que las Administraciones no colaboran con el CGPJ.

En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la Administración de Justicia, solo el 15% de los que trabajan en alguna de las Comunidades Autónomas con lengua propia dicen tener dificultad en su utilización. Ese porcentaje baja al 13% en Catalunya, al 12% en la Comunidad Valenciana, al 10% en las Islas Baleares y al 5% en Galicia.

Por el contrario, el 54% de los jueces y magistrados destinados en el País Vasco afirma tener dificultades en el uso del euskera, mientras que el 43% contesta que no.

La encuesta tiene un apartado dirigido a los jueces y magistrados del orden jurisdiccional penal en el que se les pregunta sobre trece posibles reformas procesales dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción.

El 9% de los jueces de la jurisdicción penal que han respondido a la encuesta afirman haber sufrido presiones externas en la tramitación o el enjuiciamiento de procedimientos por delitos de corrupción.

Quienes dicen haber sufrido presiones sitúan su origen en los medios de comunicación (51%), los políticos (43%) y los particulares (26%). El 67% de esos jueces y magistrados aseguran que reaccionaron a las presiones haciendo caso omiso de ellas.

La gran mayoría de los encuestados de la jurisdicción penal está a favor de la creación de unidades periciales -dependientes de los Juzgados- con competencias en materia de delincuencia económica o relacionada con la corrupción (86%); de la revisión de los privilegios -como el de declarar por escrito o en su despacho- que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a determinados cargos y representantes públicos (79%); y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad de los delitos de corrupción política (66%).

Los encuestados también se muestran favorables a la creación de órganos con competencia provincial para la investigación de la corrupción política y económica (60%); a prohibir a los partidos políticos el ejercicio de la acción popular en los procedimientos por corrupción (60%); y a que este tipo de causas, incluidas las que afecten a aforados, sean atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que el acusado esté aforado (59%).

La única de las posibles reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente por los encuestados es la instauración de la Fiscalía como directora de la investigación en combinación con el juez de garantías: el 52% de los encuestados se muestra en contra y el 41% a favor.

Respecto a las políticas de igualdad, el 65% de los que han respondido a la encuesta se opone a reservar un porcentaje o cuota de los nombramientos que efectúa el CGPJ para las mujeres.

Esta posición -mayoritaria en todos los tramos de edad- es también compartida por las juezas y magistradas que han respondido la encuesta: el 52% rechaza la adopción de este tipo de medida, frente al 33% que se muestra partidaria de ella.

Además, el 72% de los encuestados considera que no existe discriminación interna en la Carrera Judicial atribuible a cuestiones de género. Esta opinión es asimismo compartida por la mayoría de juezas y magistradas: el 57% niega la existencia de discriminación, frente al 26% que opina que sí existe.

En la actualidad, las mujeres suponen el 52% de la carrera judicial. De ellas, casi 800 son mayores de 51 años, pero muy pocas han sido elegidas altos cargos por el CGPJ.

Sin embargo, de los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, el CGPJ sólo ha nombrado a una mujer (Pilar de la Oliva, presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana).

De los 41 presidentes de Audiencias Provinciales nombrados, el CGPJ sólo ha nombrado a nueve mujeres.

Y frente a los 68 hombres del Tribunal Supremo, allí sólo han sido elegidas 11 mujeres magistradas el alto tribunal por el CGPJ. Ninguna es presidente de sala.

Este sondeo minoritario ha sido elaborado por SigmaDos.