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La decisión de la Junta Electoral de apartar a Laura Borràs supone el fin de su carrera

La Mesa del Parlament tiene diez días para retirar el acta de diputada a la presidenta de Junts después de que fuera condenada por irregularidades cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

Laura Borràs
Laura Borràs, presidenta de Junts y expresidenta del Parlament, delante de una pancarta que pide su absolución en Barcelona el pasado 30 de marzo en un acto de apoyo de sus seguidores. Lorena Sopêna / EUROPA PRESS

La decisión de la Junta Electoral Central (JEC) supone el punto final de la carrera política de Laura Borràs. El órgano ha dado diez días a la Mesa del Parlament para que le retire el acta de diputada después de que fuera condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por las irregularidades cometidas cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Además, la retirada del escaño supondrá su relevo definitivo como presidenta de la Cámara después de casi nueve meses suspendida del cargo.

Hace dos semanas, el TSJC condenó a cuatro años y medio y un día de prisión y a 13 de inhabilitación a la presidenta de Junts por un delito de prevaricación administrativa y falsedad documental. La inhabilitación supone la finalización de su trayectoria en las instituciones, pero otra cosa es la decisión que tome Junts en cuanto al cargo de presidenta del partido.

Aunque la sentencia aún no es firme, la JEC ha salido adelante y ha instado a la Mesa del Parlament a retirarle el escaño, en el mismo procedimiento que siguió con el caso de Pau Juvillà. El acta de diputado finalmente le fue retirada, bajo la presidencia de Borràs, al igual que había ocurrido con Quim Torra anteriormente, bajo la presidencia de Roger Torrent.

Previsiblemente, la Mesa del Parlament presentará un recurso al Tribunal Supremo porque la resolución de la JEC contradice el reglamento de la Cámara, que establece que la retirada del escaño se produce una vez que la sentencia es firme. Sin embargo, en la práctica no impedirá el movimiento, al igual que ocurrió con Quim Torra y Juvillà. Por tanto, en el plazo de 10 días el Parlament deberá ratificar que Borràs ya no es diputada y, consecuentemente, tampoco presidenta de la Cámara.

La carrera por el relevo en la presidencia

Esta situación abre la carrera para relevar a Borràs al frente del Parlament. La presidenta de Junts lleva nueve meses suspendida del cargo, una decisión acordada por la Mesa en aplicación del reglamento, que lo establece en caso de apertura de juicio oral por delitos de corrupción.

En este tiempo fue la vicepresidenta primera de la Cámara, Alba Vergés, de ERC, quien ostentó sus funciones. La negativa de Borràs a dimitir impidió poner a alguien de Junts en su sitio, tal y como ERC se había mostrado dispuesta a aceptar.

Y es que el acuerdo suscrito por ERC y Junts al inicio de mandato otorgaba la presidencia del Govern a ERC mientras que la segunda autoridad de Catalunya, la presidencia del Parlament, quedaba para los segundos.

La suspensión de Borràs al frente de la Cámara profundizó en la mala relación entre los socios y acabó desembocando en la salida de Junts del Govern a los tres meses. La pugna entre los partidos independentistas dificulta la cristalización de acuerdo para mantener la presidencia, una situación que, de mantenerse, hará recaer el cargo en el PSC.

Nuevo desacuerdo en el seno de Junts

Mientras ERC se ha mostrado dispuesta a llegar a un acuerdo para sustituir a Borràs, Junts se debate sobre las opciones que hay sobre la mesa. Por un lado, los sectores más cercanos a la presidenta defienden dejar el cargo vacante o, en su defecto, que sea ella misma quien designe a su sucesor. Previsiblemente, aquí podrían aparecer nombres de su entorno, como la diputada Aurora Madaula, actual miembro de la Mesa, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, también diputado y exmiembro del órgano, o la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, próxima a Carles Puigdemont.

Por otra parte, hay otras figuras del partido que se decantan por pasar página y situar a alguien en el cargo cercano a los sectores que provienen de la extinta Convergència, como la alcaldesa de Vic, Anna Erra. Todo ello abre una nueva disputa en el seno del partido, marcado por la diversidad de familias en su interior, que ya ha provocado disensiones en cuestiones como el papel de Junts en el Govern o la estrategia con el Gobierno.

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