La derecha vende como "cesiones" a Bildu los traslados legales de presos de ETA que también hizo Aznar

Entre las celdas de la cárcel de Zuera y las calles del Casco Viejo de Bilbao hay 345 kilómetros. En coche se tarda aproximadamente tres horas y 15 minutos en realizar ese trayecto. Actualmente, esa distancia es sinónimo de "acercamiento" de presos condenados por delitos relacionados con ETA. Para el PP es, además, una "cesión" a EH Bildu por su disposición a aprobar los Presupuestos del Ejecutivo, algo que la propia legalidad penitenciaria describe como no ajustado a la realidad.

En el  "Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas condenados por delitos de motivación política" que impulsa el Foro Social Permanente –una organización vasca que trabajó para favorecer el final de ETA y que hoy promueve iniciativas en materia de cárceles y víctimas– tiene datos que chocan con el discurso de distintos dirigentes del PP, incluido Pablo Casado, quienes desde hace algunos meses alientan el fantasma de supuestos pasos por parte del Gobierno para contentar al mundo abertzale.

"Estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión, motivada por una tormenta de datos, muchos de ellos interesados e inexactos", comenta a Público el portavoz del Foro Social, Agus Hernán. En esa línea, el último balance enviado por el Observatorio señala que "se trata de crear un escenario virtual para generar una infundada alarma social en ciertos sectores del Estado que condicione al gobierno español". "Un escenario que, por desgracia, está lejos de la realidad", remarcó.

Según sus recuentos, desde el 21 de septiembre de 2018 –fecha en la que se produjo el primer movimiento de presos bajo el Gobierno de Pedro Sánchez– hasta mediados de esta semana "se han producido un total de 69 traslados efectivos", mientras que había otros 15 traslados anunciados "a la espera de su ejecución". Entre esos últimos figuraban, precisamente, los acercamientos de cinco presos de ETA que se conocieron el miércoles.

En tal sentido, el Foro Social indica que "solo 14 han sido acercamientos a cárceles vascas", mientras que otros 26 casos han consistido en traslados a centros penitenciarios situados en un radio de 260 kilómetros de Euskadi. Hubo otros 16 presos acercados a cárceles situadas "en un radio de 385 kilómetros", mientras que los 13 restantes fueron movidos a prisiones que superan esa distancia, lo que implica mantener la política de dispersión. Hubo incluso un caso de un preso llevado a la cárcel de Algeciras, ubicada a 1.100 kilómetros del País Vasco. 

"De los traslados que se están computando de manera interesada, 15 se

refieren a movimientos de las mismas personas. Es decir, se han computado

interesadamente más de una vez movimientos relativos a las mismas

personas, que antes de llegar a la cárcel de destino habían sido trasladadas a

otra prisión", explica el documento elaborado por el Observatorio, en el que se recuerda además que "de entre todas estas personas trasladadas, 11 han sido puestas en libertad con posterioridad tras cumplir su condena".

"¿Por qué se les lleva a la cárcel de Zuera y no, por ejemplo, a la de Pamplona?", se pregunta Hernán. Precisamente, el informe del Foro Social conocido esta semana señala que no puede dar por buenos esos "acercamientos a medias, difíciles de comprender en el escenario actual".

Zaragoza y Soria

Mientras tanto, en las oficinas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remarcan que el concepto de "acercamiento" incluye los traslados a las cárceles zaragozanas de Zuera y Daroca, así como al centro penitenciario de Soria. 

De acuerdo a datos oficiales, "esta administración ha hecho 14 progresiones de grado y 93 traslados", de los cuales 72 fueron a centros penitenciarios próximos al País Vasco, entre los que figuran las dos prisiones de Zaragoza y la cárcel de Soria.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias explicaron que en cada uno de esos casos se trata de "propuestas individualizadas de las Juntas de Tratamiento" de las cárceles. "En todos los casos son iniciativas ajustadas a la legalidad que no responden a lo que está diciendo determinada gente", remarcaron.

"Siempre que hablamos con Instituciones Penitenciarias, nos indican que van a hacer siempre lo que les planteen las Juntas de Tratamiento. Por eso mismo, lo importante es que las juntas mantengan una posición lógica tanto en materia de acercamientos como progresiones de grado", afirma a Público Joseba Azkarraga, exconsejero de Justicia en el Gobierno de Juan José Ibarretxe y actual portavoz de la red ciudadana Sare.

Los acercamientos de Aznar

En efecto, el PP acumula ya varios titulares de críticas al Gobierno por estos acercamientos. Cuca Gamarra, portavoz de la formación conservadora en el Congreso, dijo esta misma semana que el Ejecutivo había "cedido" ante los "herederos políticos de ETA", término empleado para referirse a la coalición soberanista EH Bildu, integrada por Sortu, Alternatiba y Eusko Alkartasuna.

La decisión de ese grupo político de apoyar los Presupuestos Generales del Estado ha despertado esas nuevas acusaciones del PP en el Congreso. Asimismo, Vox y Ciudadanos también han criticado el apoyo de EH Bildu a las cuentas.  

"La derecha lo critica, pero lo único que se está haciendo es cumplir la legalidad. Mantener las posiciones anteriores es lo que incumple la legalidad", afirma Azkarraga quien destaca que "entre estar en Andalucía o estar en Zuera hay un acercamiento, pero eso no significa terminar la política de alejamiento". 

Asimismo, las acusaciones del PP omiten un dato que también está en las hemerotecas y que incluso fue recordado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a los opositores de derechas: entre 1998 y 1999, el Gobierno de José María Aznar acercó a más de 100 presos a cárceles próximas a Euskadi, con ETA en activo. "Entonces había un proceso de negociación, que es lo que PP no dice ahora", recuerda Azkarraga.