Abortar no es una decisión fácil para ninguna mujer. Y ya tenemos experiencia histórica suficiente como para calificar de indecencia todas las iniciativas para criminalizar a las mujeres y arrebatarles un derecho que representa un avance democrático incuestionable del movimiento feministas. El derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo forma parte de los derechos a la salud sexual y reproductiva y a la igualdad social y económica. La experiencia confirma además que penalizar el aborto, jamás ha significado eliminarlo, sino convertirlo en un privilegio de las mujeres con más recursos económicos y condenar a las demás a abortar de forma ilegal e insegura.

El tema tiene hoy actualidad mundial porque el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pretende derogar un derecho de la mujeres estadounidenses vigente desde 1973. Frente al avance del movimiento feminista en todo el mundo. Frente al movimiento Me too, frente a los avances legislativos en países como Argentina o España, se alza un movimiento reaccionario de ultradercha. Pero ojo, no se trata de un movimiento reaccionario popular. En ese movimiento hay nada más y nada menos que jueces con mucho poder. Esto lo saben en Estados Unidos y lo sabemos en España.

La ministra de igualdad española Irene Montero acaba de anunciar medidas legislativas inminentes para mejorar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo. La ley actual es obviamente insuficiente; no garantiza que se pueda abortar en la sanidad pública; de hecho casi el 80 por ciento de las interrupciones voluntarias de embarazos se realizan en la privada. En España hay 8 provincias además en las que no se practican abortos lo que obliga a las mujeres a desplazamientos innecesarios de cientos de kilometros. A día de hoy las mujeres de 16 y 17 años no pueden interrumpir su embarazo sin autorización de sus padres y se obliga a todas las mujeres que han decidido abortar a estar tres días reflexionando cargadas de folletos que les explican lo bueno que es ser madre.

Y ahora cabe preguntarse ¿Qué hará el Lesmes team? El CGPJ ya se opuso a la "Ley solo sí es sí" que respondía a una voluntad popular masiva tras el escándalo judicial de la manada. También se opusieron en su momento a la ley de matrimonio gay y la ley de violencia de género de 2004. Hay quien dice que les mueven más sus ideas políticas que su respeto al Derecho.

Todos los que hemos estudiado Derecho sabemos que las leyes son la voluntad racionalizada de los vencedores o, en contextos pluralistas o democráticos, la expresión racionalizada de una correlación de fuerzas. Pero el CGPJ no tienen ninguna legitimidad para hacer valer su peso en esa correlación de fuerzas. Eso solo le corresponde a los grupos parlamentarios. Las leyes las hace el legislativo y ustedes deben aplicarlas y no enfrentarse a ellas. Dejen de hacer política señorías, no les corresponde.