La exministra de justicia, Dolores Delgado, ha tomado posesión del cargo de fiscal general del Estado en un acto solemne celebrado este miércoles en el Tribunal Supremo. Una ceremonia breve en la que ha estado apadrinada por el magistrado del Constitucional y ex fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.  

Tras prometer su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como notario mayor del reino y en presencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, Delgado ha acudido al alto tribunal.

Lesmes ha presidido una ceremonia protocolaria en la que se ha leído el real decreto con el nombramiento mientras Delgado, fuera de la sala, esperaba a que su padrino la acompañara al interior. La exministra también ha recordado en el pleno que hace 30 años, también asumió la posesión de su primer cargo como fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Delgado ha estado arropada por dirigentes de la Fiscalía como el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas; el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón; el que fuese su superior en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; o su antecesora al frente de la Fiscalía General, María José Segarra, entre otros.

También han asistido al acto Campo, varios miembros del Tribunal Constitucional, incluido su presidente, Juan José González Rivas, además de magistrados del Supremo, vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la abogada general del Estado, Consuelo Castro, que ella nombró cuando era ministra de Justicia.

Oposición ante la decisión del Tribunal Supremo

Del Supremo, Delgado se ha desplazado a la sede de la Fiscalía General del Estado para presentarse a sus compañeros en esta nueva etapa, a la que llega rodeada de polémica y entre críticas de la mayoría de los jueces y fiscales por acceder al cargo directamente desde el Ministerio de Justicia.

Fue la semana pasada cuando recabó el último aval que exige la Constitución y el Estatuto Fiscal para acceder al cargo, tras comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados donde recibió una fuerte contestación por parte de los grupos parlamentarios del PP, Cs y Vox, que la consideran no idónea para el cargo.

Su elección despertó desde el principio gran recelo tanto en la oposición como en amplios sectores del ámbito judicial, tanto por el hecho inédito de que la candidata salte directamente del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General como por la difusión de las grabaciones de una conversación que tuvo lugar en 2009 en un restaurante donde compartió mantel con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión por orden de la Audiencia Nacional.

De hecho, antes de pasar por la Cámara Baja, el Consejo General del Poder Judicial tuvo que analizar los requisitos formales para su nombramiento, trámite que tuvo lugar el pasado 16 de enero y que provocó la ruptura del órgano de gobierno de los jueces con un aval que obtuvo doce votos a favor y siete en contra.