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Podemos e IU piden la dimisión del senador Iglesias por un desfalco millonario en una empresa pública

Los socios de referencia del Gobierno de Aragón PSOE-Cha reclaman el cese del ex presidente autonómico como responsable político de la gestión de la plataforma logística Plaza, a dos de cuyos ejecutivos ha condenado la Audiencia de Zaragoza por malversar 8,7 millones de euros mientras Anticorrupción los vincula con un saqueo de 147 más.

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Marcelino Iglesias escucha las explicaciones de Carlos Esco, exviceconsejero de Obras Públicas y condenado por el desfalco. EFE

ZARAGOZA .- La primera condena por corrupción en la gestión de la empresa pública Plaza ha desatado en Aragón una tormenta política en la que los truenos retumban sobre la figura del expresidente del ejecutivo autonómico, y actual senador, Marcelino Iglesias. Los socios parlamentarios de referencia del actual Gobierno de Aragón PSOE-Cha, Podemos e IU, reclaman su dimisión como representante de la comunidad en la cámara alta.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha cerrado con una condena, conocida este miércoles, el primer juicio por corrupción en la gestión de la plataforma logística Plaza y ha impuesto sendas penas de cuatro años de cárcel al exconsejero delegado de la empresa pública, Carlos Escó —uno de los principales colaboradores de Iglesias—; al exgerente de la misma, Ricardo García Becerril, y al constructor y expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias, a los que considera autores de un desfalco de 8.7 millones de euros en el llamado caso Pagarés.

Podemos e IU coinciden con PP y C’s en que alguien debe asumir “responsabilidades políticas” por este asunto. Y las dos primeras formaciones pusieron nombres y apellidos a esa reclamación.

“Si el señor Iglesias no sabía que se estaba organizando la trama de Plaza debería dimitir, y si no lo sabía, también”, señaló el secretario general de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, para quien esa dimisión “sería una buena noticia para la regeneración política”, ya que supondría “que alguien asumiera sus responsabilidades políticas”.

Sería éticamente importante comenzar a dar determinados pasos”

“El máximo responsable político de esa época —añadió—, lejos de asumir ninguna responsabilidad, de hecho ni siquiera ha pedido disculpas, es premiado por el PSOE, y en concreto por el actual presidente Javier Lambán, con un puesto en el Senado y un sueldo más alto que el de la mayoría de los aragoneses”.

“Sería un paso positivo por parte del señor Iglesias abandonar su acta de senador o ponerla a disposición de su partido”, indicó la diputada de IU, Patricia Luquin, que matizó que, aunque no hay pruebas de que el actual senador “tuviera conocimiento de lo que se estaba haciendo en Plaza”, sería “éticamente importante comenzar a dar determinados pasos”. Para la parlamentaria, en la gestión de Plaza “hubo responsabilidades por omisión de todo el Gobierno” PSOE-Par de aquella época.

Ambos portavoces llamaron la atención sobre las dimensiones del escándalo. “Los 8,7 millones de euros que se han saqueado es una cantidad más que considerable cuando tienes la emergencia social en la puerta de tu casa”, señaló Luquin, mientras que Echenique hizo hincapié en que, según indican varias investigaciones, 157 millones de euros “han sido malversados y fraudulentamente desviados a bolsillos privados”.
El juicio del caso Pagarés, celebrado a primeros de octubre, es el primero del carrusel de asuntos de presunta corrupción que en los próximos meses enjuiciarán los tribunales aragoneses.

Más casos abiertos por presunta corrupción

Los tres condenados están acusados también en el caso Saqueo, en el que la Fiscalía Anticorrupción destapó un presunto desfalco sistemático de 147 millones en doce años en la misma empresa pública. En este asunto están encartados varios empresarios, entre ellos el presidente de Porcelanosa, Manuel Miguel Colonques, y la constructora Acciona, a la que el ministerio público señala como responsable civil del agujero.

Escó, exviceconsejero de Obras Públicas, y García Becerril deberán responder también, en este caso ante un jurado popular, del presunto cobro de una mordida de más de 600.000 euros en una operación urbanística que les imputa el vendedor de los terrenos. Iglesias, a quien el tribunal permitió realizar un viaje al Caribe mientras redactaba la sentencia, tiene, por su parte, varias causas abiertas, entre ellas una por el supuesto amaño de un partido entre el Zaragoza y el Levante en 2011.

Los socialistas aragoneses, por su parte, sostienen que la sentencia del caso, en el que el ejecutivo ejerció la acusación, cierra la polémica. “No tengo nada que decir”, indicó Lambán, que añadió: “No entiendo que el PSOE deba asumir más responsabilidades. Las ha asumido todas”.

El PSOE aragonés minimiza las advertencias de Podemos

El diputado Florencio García Madrigal abundó en esa tesis al circunscribir el episodio de corrupción a “un comportamiento desviado” de los condenados y rechazar que Iglesias deba dejar su actual cargo.

Sin embargo, esa diferencia de criterios entre Podemos y el PSOE proyecta nuevos nubarrones en la tormentosa relación de los dos grupos. Para Echenique, asuntos como la continuidad de Iglesias en el Senado “influye en el replanteamiento del tablero político en el que queremos jugar” y “aumenta las dificultades para que podamos entendernos”. “Que se premie al máximo responsable político con un escaño en el Senado o que se incumplan compromisos no se olvida”, añadió.

García Madrigal, por su parte, quitó hierro al distanciamiento y lo interpretó como “una cuestión declarativa de principios que en nada objeta a llegar a acuerdos”.

Críticas y exigencia de explicaciones desde la derecha

Por la derecha, la portavoz adjunta de PP, Mar Vaquero, mostró su confianza de que Lambán “pueda aclarar todas y cada una de las consecuencias que se puedan derivar de esta sentencia”. Y, tras anotar que “nada apunta a ninguna” responsabilidad jurídica entre los miembros del actual Gobierno autonómico, señaló que “lo importante” es que los condenados devuelvan el dinero.

Susana Gaspar (C’s), por su parte, apuntó hacia el PSOE aragonés. “Pedimos que haya responsabilidades políticas”, dijo, y que los partidos afectados por casos de corrupción “puedan asumir la responsabilidad subsidiarias de los mismos” además de “dar las explicaciones políticas que sean oportunas”. “Los partidos políticos debemos asumir las responsabilidades de los casos de corrupción”, anotó.

Gregorio Briz, de Cha, mostró su “satisfacción porque el Estado de derecho sigue funcionando y los culpables de delitos de corrupción son condenados” y reclamó un impulso de las normas contra el saqueo de las instituciones que tramitan las Cortes de Aragón. Para María Herrero, del Par, formación de centro derecha que gobernaba con el PSOE cuando ocurrieron los hechos, “esto no va con colores políticos sino con personas”
“Les presionó hasta que consiguió convencerles”.

La sentencia de la Audiencia de Zaragoza señala –con el voto particular de un magistrado, que considera que solo el exgerente debía ser condenado- que Esco y García Becerril emitieron cuatro pagarés por valor de 8.710.140’80 euros a favor de una empresa de Iglesias pese a saber que no debían pagar las cuatro facturas que de forma insistente les reclamaba este por unas obras. Se trataba, en realidad, de una deuda de otra sociedad con el constructor, el cual les presionó “hasta que consiguió convencerles de que le pagaran las cuatro facturas”.

Los magistrados consideran ese pago como “un inadmisible dispendio doloso a costa de Plaza, y constitutivo tal pago de un delito de malversación de caudales públicos”. “Nos hallamos ante una malversación de especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas, lo cual necesariamente causó un notorio perjuicio a la sociedad pública”, indican, antes de apuntar que ese incremento del precio “nunca fue autorizado por el consejo de administración” de la empresa autonómica.

Los pagarés, anotan, “fueron cobrados inmediatamente mediante su descuento bancario por Codesport y en su nombre por su administrador único Agapito Iglesias García, que así cobró y se benefició con ese importe a cargo y en perjuicio de Plaza”. Finalmente, añaden, la empresa pública terminó pagando a la constructora 32.446.547’40 euros por unos trabajos cuyo coste era de 22.654.018’06”.

La sentencia condena a Esco, García Becerril e Iglesias a indemnizar a Plaza con los 8,7 millones en los que cifra el desfalco, cantidad de cuyo pago declara responsable civil subsidiaria a Codesport, empresa del tercero que se encuentra en concurso de acreedores. También aplica a los tres una pena de inhabilitación absoluta por una década.

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