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Emergencia por el coronavirus El Supremo amenaza a los funcionarios de prisiones si permiten a los presos políticos pasar el confinamiento en casa

El Alto Tribunal advierte a las juntas de tratamiento y a la dirección de los centros penitenciarios de que excarcelarlos podría suponer un delito de "prevaricación". El Departament de Justícia ha anunciado que las juntas estudiarán que todos los reclusos con el 100.2 pasen el confinamiento en casa. El 69% de los presos con tercer grado pasa la emergencia sanitaria en su domicilio.

La consellera de Justícia, Ester Capella / ACN
La consellera de Justícia, Ester Capella / ACN

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Las prisiones catalanas estudian la posibilidad de que los presos políticos y el resto de reclusos acogidos al 100.2 puedan pasar el confinamiento por la emergencia del coronavirus en casa, en una "medida inédita" impulsada por el Departament de Justícia a partir del endurecimiento del confinamiento en España y del pronunciamiento de las Naciones Unidas que insta a reducir la población penitenciaria. Así lo ha explicado la consellera, Ester Capella, que ha hecho hincapié en que es necesario "que haya menos gente" en los centros penitenciarios para reducir el riesgo de contagio. La posibilidad de que temporalmente los presos políticos estén en su casa ya ha provocado la reacción del Tribunal Supremo, que ha advertido que la medida podría constituir un delito de "prevaricación".

A día de hoy, el 69% de reclusos en tercer grado están pasando el confinamiento en casa, según la Generalitat. Por otra parte, hay 101 personas acogidas al artículo 100.2 en segundo grado, que salen regularmente de las cárceles para trabajar, hacer voluntariado, formación, tratamiento o cuidado de personas mayores. Es el caso de los presos políticos, que empezaron a disfrutar de esta situación pocas semanas antes de que se interrumpiera debido a la orden de confinamiento.

"La decisión, como siempre, la tomarán las juntas de tratamiento, y estoy segura de que lo harán con objetividad y profesionalidad y teniendo en cuenta que hay que preservar más que nunca la salud y la vida de las personas que se encuentran privadas de libertad", ha afirmado Capella.

Los centros penitenciarios comenzarán la revisión de la situación de los presos este martes

Los principales criterios que las juntas de tratamiento de cada centro tendrán en cuenta para autorizar el confinamiento domiciliario el Artículo 100.2, esto es, que el pronóstico de reincidencia sea de nivel bajo y que dispongan de un domicilio.
Los centros penitenciarios comenzarán la revisión de la situación de los presos este martes, y durante la semana se celebrarán juntas de tratamiento extraordinarias para aprobar las medidas oportunas, que serán de aplicación inmediata.

Según la consellera de Justícia, hay nueve positivos de covid-19 entre presos en Catalunya, dos de los cuales ya están dados de alta, y 34 sospechosos. Entre los funcionarios hay 19 positivos.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Generalitat ha tomado "medidas muy drásticas" para evitar la expansión del coronavirus en las cárceles. Se han aplazado los traslados de internos, se ha parado el acceso de voluntarios a los equipamientos y se han suspendido las salidas para realizar actividades en el exterior, además de todas las visitas y permisos de los reclusos. En contrapartida, se ha impulsado el contacto con las familias a través de videoconferencias.

Advertencia del Supremo

El Supremo, el tribunal que condenó a los dirigentes independentistas, ha emitido un comunicado tras conocer la intención del Departament de Justícia. En el texto avisa que "en caso de que la junta de tratamiento de las cárceles donde están los presos [independentistas] acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios", se dirigirá a cada una de estas "juntas de régimen general y a la dirección de los centros respectivos para que en la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esta decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado el acuerdo". Finalmente, advierte de que "se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación".

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