La extensión del periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 35 años no es un debate cerrado; como una sombra, sigue planeando sobre el Gobierno de coalición y sobre el diálogo social, sobre todo porque el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, rechaza, al menos de momento, zanjar el asunto (tanto para descartar la medida como para defenderla abiertamente).

La polémica se ha vuelto a desatar después de que el miércoles se hiciera público un documento firmado entre el Ejecutivo y la Unión Europea sobre el acceso a los fondos de reconstrucción. En el texto se recogen cuáles son los compromisos concretos que España debe ir cumpliendo para tener acceso estos fondos, que llegarán de forma escalonada, en tramos ligados, precisamente, a los cumplimientos y al grado de implementación de las reformas pactadas con Bruselas.

Entre estas reformas se incluye la extensión del período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, aunque no se detalla ninguna horquilla concreta de años; una medida que suscita el rechazo frontal de las principales organizaciones sindicales (UGT y CCOO) y que en enero estuvo a punto de provocar un conflicto entre Unidas Podemos y el PSOE en el seno del Ejecutivo, que se puede volver a reproducir ahora.

Tanto los sindicatos como el espacio confederal defienden que una ampliación de este cómputo se traduciría directamente en un recorte de las pensiones de los jubilados. La medida es enormemente controvertida porque, a diferencia de otras, no forma parte de ninguno de los acuerdos suscritos por los socialistas.

A pesar de que no se recoge ni en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, ni tampoco en las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas por los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, Escrivá ha puesto este debate sobre la mesa en varias ocasiones e, incluso, insinuando que fue una recomendación de la comisión parlamentaria.

Un borrador que "no existe"

La primera vez fue en el mes de enero, cuando se filtró un borrador de un informe que Pedro Sánchez le habría encargado al Ministerio de Inclusión sobre la reforma de las pensiones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Allí se recogía la ampliación del periodo de cálculo de la jubilación de 25 a 35 años, una reforma que se implantaría "de forma progresiva a partir de 2023".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó esta medida como "un recorte" de las pensiones y avanzó que Unidas Podemos no la apoyaría en ningún caso. Escrivá salió al paso de las críticas negando la existencia del documento y asegurando que se "estaba desviando la atención" de la verdadera reforma de las pensiones.

Posteriormente, aunque formaba parte del plan inicial de Inclusión, la reforma se cayó del documento remitido a Bruselas, que en vez de "ampliar" o "extender", habla de la "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación".

De "adecuar" el cómputo a "extenderlo"

En junio, sin embargo, en otro documento remitido por el Gobierno a la UE ('Anexo de la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España'), el Ejecutivo incluye la "entrada en vigor de la legislación relativa a la adecuación del período de cómputo, extendiendo el período de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación".

Este verbo, "extender" el periodo de cómputo, es el que vuelve a aparecer en el documento dado a conocer el miércoles, en un momento en el que el Gobierno negocia con los sindicatos la reforma de las pensiones. Este hecho ha indignado a las organizaciones sindicales, que en más de una ocasión han cargado contra las propuestas de Escrivá (todavía está por definir el mecanismo de solidaridad intergeneracional que sustituirá al denominado factor de sostenibilidad introducido por Rajoy, que apuntaba hacia una merma de las pensiones).

Para CCOO y UGT "es incomprensible esta oscilación constante de mensajes y posiciones del Gobierno sobre cuestiones tan sensibles, que ni siquiera están recogidas en las recomendaciones del Pacto de Toledo votadas en el Congreso en noviembre de 2020".  En este sentido, advierten directamente que "en ningún caso van a admitir ninguna medida que implique un recorte en las pensiones, tal y como supone ampliar el periodo de cálculo de las pensiones que se ha anunciado".

Rechazo de los sindicatos y de Unidas Podemos

"La capacidad del Gobierno para complicar los procesos de negociación no parece tener límites y su habilidad para ponerse trabas a sí mismo es digna de estudio", destacan las organizaciones sindicales, visiblemente molestas con que, de nuevo, se vuelva a poner sobre la mesa la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones.

Desde UGT se advierte de que esta medida está "en vía muerta" no solo porque no tendría consenso en la mesa de diálogo social que aborda la reforma de las pensiones, sino porque, recuerdan, no habría una mayoría parlamentaria en el Congreso para sacarla adelante. 

En Unidas Podemos la posición sigue siendo la misma que en enero, es decir, de rechazo frontal a esta reforma, que no contaría ni siquiera con el consenso de las dos formaciones que sostienen el Gobierno de coalición. La propuesta todavía no ha llegado a la mesa de diálogo, pero si se plantea de manera formal por parte del Ministerio de Inclusión parece que el conflicto sería inevitable.

Este lunes Escrivá volverá a reunirse con los agentes sociales para abordar la cuestión y el ambiente que le espera no es precisamente favorable. El malestar de los sindicatos es creciente con este ministro que tiene la cualidad de incendiar todas las negociaciones.