España ha iniciado los trámites para abandonar el Tratado de la Carta de la Energía, un acuerdo internacional que blinda los intereses de la industria fósil –petróleo, gas y carbón– y choca de lleno con los compromisos para la lucha contra la crisis climática. 

Este convenio permite a las empresas del sector energético denunciar y reclamar indemnizaciones a los Gobiernos que legislen en contra de sus intereses económicos o que amenacen la rentabilidad de sus infraestructuras. 

La noticia, adelantada por Político y confirmada a Público por fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, llega unos meses después de que España pidiera, junto a varios países de Europa, una salida en bloque de la Unión Europea.

La salida conjunta parecía descartada y Europa se encontraba en fase de negociación para, al menos, modificar el texto de un tratado que surgió en 1991, cuando apenas se desplegaban políticas contra la crisis climática. El acuerdo preliminar trataba de alinear el texto con los objetivos del Acuerdo de París, de forma que las empresas no pudieran acudir a los tribunales internacionales cuando sus políticas estuvieran respaldadas en la necesidad de reducir las emisiones de CO2.

Sin embargo, el acuerdo para modificar la Carta de Energía no eliminaba las protecciones a los combustibles fósiles, de tal forma que las inversiones existentes del sector mantendrían sus privilegios hasta 2033 y las nuevas inversiones hasta 2040. Además la reforma que pretendía acometer Europa incluía nuevas fuentes de energía que antes no estaban salvaguardadas por la Carta y generan altos impactos ambientales, como el biogás, los combustibles sintéticos o las plantas de captura de CO2.

Ante esta tesitura, Teresa Ribera pidió en el mes de junio que Europa se replanteara la situación e iniciara los trámites de una salida conjunta. "Ha llegado el momento de solicitar a los servicios jurídicos de la Comisión y del Consejo un análisis jurídico sobre los posibles efectos de la retirada del Tratado", aseguró la responsable de Transición Ecológica.

Ahora, meses después, España da un paso al frente y anuncia su salida del tratado, lo cual podría desencadenar una salida en masa de otros países que, durante los últimos meses, habían apoyado la postura española. Es el caso de Polonia, cuyo Parlamento ya ha votado a favor de retirarse del convenio internacional, o Países Bajos y Alemania, que en el mes de mayo solicitaron a Bruselas una salida coordinada.

El proceso, no en vano, puede ser largo y lleno de trabas jurídicas. Además, prevalece la llamada "clausula de supervivencia" que permite que los Estados puedan seguir siendo objeto de demandas durante los próximos 20 años a haber ejecutado su marcha. De esta forma, si el Gobierno español decidiera desligarse podría recibir demandas por parte de inversores extranjeros hasta 2042. La compañía Berkeley, por ejemplo, podría seguir acudiendo a los tribunales de arbitraje para demandar una indemnización por los daños económicos de la prohibición de nuevas minas de uranio emanada de la Ley de Cambio Climático.