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EUSKADI Llega el último gran juicio del "Todo es ETA": "Esto nace de las cloacas del Estado"

47 militantes abertzales, entre los que se encuentran abogados y familiares de presos, serán juzgados a partir del 16 de septiembre bajo la acusación de formar parte del “frente de cárceles”. Dos días antes habrá una movilización en Bilbao.

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La abogada Arantza Zulueta, una de las acusadas en el macrojuicio contra el Frente de Cárceles. EFE

Amaia Izko, Jaione Karrera y Alfonso Zenón están acostumbrados a lidiar en los tribunales. Sin embargo, dentro de pocos días no lo harán como abogados defensores, sino como acusados de distintos delitos que podrían llevarles a prisión. “Está en juego nuestra libertad”, afirma Izko –quien además ejerce como concejala de EH Bildu en Pamplona– a las puertas de que comience el macrojuicio 11/13, en el que junto a estos tres letrados serán juzgadas otras 44 personas, señaladas como integrantes del “Frente de Cárceles” de ETA.

El día ya está marcado en rojo en el calendario de los acusados: a partir del próximo 16 de septiembre, las instalaciones de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares acogerán el macrojuicio contra representantes de distintos ámbitos. Hay abogados –entre ellos Arantza Zulueta, que permaneció encarcelada en régimen de aislamiento en la cárcel de Puerto III (Cádiz)–, pero también periodistas –es el caso de Beñat Zarrabeitia, trabajador de Gara–, psicólogos o integrantes de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA.

Todos ellos fueron detenidos en el marco de distintas actuaciones policiales –conocidas como “Jaque”, “Mate” y “Pastor“– realizadas tras el cese definitivo de la violencia por parte de ETA. Los operativos estuvieron dirigidos contra Herrira, una plataforma que pedía cambios en materia de política penitenciaria, así como contra los abogados que hicieron tareas de mediación para conseguir que el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera) apostara por recorrer las vías legales o el grupo Jaiki Hadi, que trabaja en cuestiones relacionadas con el estado de salud de los reclusos.

"Dependencia orgánica"

La Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejerce como acusación particular, reclaman penas de entre 8 y 20 años de prisión para cada uno de los encausados por “participación activa en organización terrorista”, delitos continuados de “enaltecimiento del terrorismo” y “financiación del terrorismo”. En total, las peticiones alcanzan los 601 años de cárcel.

En el auto de procesamiento, el juez Eloy Velasco se basó en informes de la Guardia Civil para señalar que el denominado KT (Koordinazio Taldea/Grupo de Coordinación) en el que participaban los acusados era utilizado por ETA para “dirigir y dar directrices generales al conjunto del frente de cárceles garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad” a la ya desaparecida organización terrorista. De hecho, el magistrado considera que los imputados son “plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y que su actividad contribuye a los fines“ de la extinguida organización.

"Incertidumbre"

“Un tribunal como la Audiencia Nacional va a tomar una decisión sobre tu vida en poco tiempo. Eso supone incertidumbre”, sostiene Izko. Esta abogada y concejala de EH Bildu sostiene que este juicio supone una “fortísima criminalización” contra aquellas y aquellos que “trabajan por los presos”. Si bien asegura que “no es la primera vez que se criminaliza de esta manera ese trabajo”, Izko sostiene que este procedimiento tiene un “plus”: “se está hablando de que todo el movimiento de apoyo a los presos es ETA, cuando ETA ya no existe”.

Ahí está, precisamente, lo que los acusados señalan como el “mayor anacronismo y hándicap” que presenta el macrojuicio que se celebrará en la Audiencia Nacional. “Las acusaciones siguen considerando que apoyar de cualquiera de las maneras al colectivo de presos es parte de la estrategia de ETA. La sociedad ve esto fuera de tiempo y lugar”, añade Izko.

“Trabajo público”

En ese marco, la plataforma de acusados ha denunciado que se trata de una causa judicial “nacida en las cloacas del Estado”, al tiempo que reivindican que su trabajo ha tenido un carácter “totalmente público” y que ha estado enfocado en “organizar movilizaciones en favor de los derechos de los presos políticos vascos, cuidar su salud, defenderlos en juzgados, realizar intermediación”, así como dar pasos para “hacer frente a la dispersión”.

Son días agitados para todos ellos. Antes de partir a Madrid estarán en las calles de Bilbao, donde el próximo día 14 está convocada una manifestación. El juicio se extenderá hasta el 28 de noviembre.

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