Familiares de presos políticos saharauis piden al Gobierno español que "no sea cómplice con los crímenes de guerra"

El acuerdo entre los Gobiernos de Marruecos y España en torno al Sáhara Occidental ha provocado una profunda indignación entre los familiares de los 43 presos políticos saharauis que se encuentran actualmente en prisiones lejanas, en las que –según denuncian organismos de derechos humanos– son objeto de graves vulneraciones a los derechos humanos.

Tras digerir la noticia sobre la "nueva etapa" anunciada por Pedro Sánchez respecto a la cuestión del Sáhara, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA) ha dirigido una carta abierta al Gobierno español en la que muestra su absoluta decepción ante lo ocurrido.

En el texto al que ha tenido acceso Público, el colectivo señala que se trata de "una puñalada más del Gobierno de España contra las aspiraciones legítimas del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia, de conformidad con la legalidad internacional vigente",  "esa misma legalidad que su gobierna reclama enérgicamente en otros cielos y territorios". La misiva está firmada por Abdeslam Aomar Lahsen, presidente de este colectivo.

Tras citar las distintas resoluciones de organismos internacionales en torno al reconocimiento de los derechos del Sáhara Occidental, AFAPREDESA señala que "el simple hecho de continuar violando el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación constituye una negación de todos sus derechos humanos fundamentales", algo que resulta "aún más grave  al tener conocimiento el Gobierno español del Genocidio al que ha sido sometido en el pueblo saharaui".

El colectivo cita en tal sentido el auto de procesamiento dictado en abril de 2015 por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, quien procesó a 11 altos cargos de Marruecos —ocho mandos militares y tres civiles— por su supuesta participación en el genocidio del pueblo saharaui entre 1976 y 1991. 

"Además, el Gobierno de España tiene amplio conocimiento de las decisiones, opiniones y comunicaciones de los procedimientos especiales quienes han denunciado en numerosas ocasiones las graves y persistes violaciones de derechos humanos", sostiene AFAPREDESA.

En ese contexto, describe que "durante los últimos 47 años de ocupación, las tropas marroquíes han perpetrado más de 30.000 detenciones arbitrarias y 4500 desapariciones forzadas, mientras que "se estima en más de 30.000 el número de fallecidos del primer periodo de hostilidades hasta el 6 de septiembre de 1991".

La carta dirigida al Gobierno contiene otro dato relevante: según señala, tras el el fin de la tregua en noviembre de 2020, 23 civiles fueron "deliberadamente asesinados por bombas lanzadas de sofisticados drones marroquíes".

Agresiones sexuales

El documento añade que en los territorios ocupados "continúa reinando la represión más cínica y cruel contra cualquier saharaui que reclama pacíficamente sus derechos". Pone como ejemplo "el asedio y agresiones sexuales, físicas y psíquicas contra Sultana Sid Brahim Jaya durante 482 días", o también "el secuestro del ciudadano saharaui Lehbib Aghrichi desde el pasado 7 de febrero 2022". 

La organización de familiares de presos lamenta que "ante todas estas graves y persistentes violaciones", la posición del Gobierno de España "ha sido nula o de complacencia con las actuaciones criminales de Marruecos". 

Credibilidad en juego

!Solo pedimos que España cumpla con sus obligaciones respetando y haciendo respetar la legalidad internacional en el Sahara Occidental", añade en otro párrafo de la nota, en la que advierte al Ejecutivo de que "ser cómplice de los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos tiene un gran coste sobre el pueblo saharaui pero también sobre la credibilidad del propio gobierno español, que quiere aparecer representante un Estado de Derecho, respetuoso y defensor de la legalidad internacional en los cuatro rincones del planeta".