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Feminismo Una juez de València absuelve a un grupo de feministas por la "falta de imparcialidad y objetividad" de los agentes denunciantes

La sentencia anula las multas impuestas durante las huelgas generales del 8 de marzo del 2018 y 2019, basadas en la Ley Mordaza, al considerar que " la acritud" de los policías hacia las manifestantes deja en entredicho su informe.

Concentración feminista contra la Ley Mordaza en València. / ASSAMBLEA FEMINISTA DE VALÈNCIA
Concentración feminista contra la Ley Mordaza en València. / ASSEMBLEA FEMINISTA DE VALÈNCIA

"Que los abajo firmantes no conocen el idioma Valenciano ni Catalán ya que no tienen obligación de conocerlo, así mismo manifiestan que no conocen institución alguna con el nombre 'Delegación del Gobierno Español al País Valenciano'". Así empieza el informe con las declaraciones de los agentes que denunciaron una activista feminista que formaba parte de los piquetes informativos durante la huelga general del 8 de marzo del 2018 al barrio valenciano de Benimaclet. El informe fue remitido al juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de València que estudiaba el recurso de las feministas contra las multas de 100 euros por "carencia de respecto a la autoridad" de acuerdo con el que regula la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la Ley Mordaza.

Esta introducción ha servido a la juez para "entrever una cierta acritud" por parte de los agentes que, a su parecer, "se traduce en que el informe quede privado de la imparcialidad y objetividad atribuida a los informes emitidos por funcionarios públicos". Una vez puesta en cuestión el principio de veracidad de los agentes, no hay ninguna más prueba que demuestre que las manifestantes los insultaron. De hecho, los testigos de la defensa aseguran que las manifestantes se limitaron a preguntar porque las identificaban y pedir el número de placa. En consecuencia la sentencia opta para retirar las multas al encontrar una duda suficiente para fallar en favor de las sancionadas.

Maria Josep Martínez, abogada de la defensa, ha querido destacar en declaraciones a Público la importancia de la sentencia, puesto que "es de las primeras veces que no se retira una multa de la Ley Mordaza por motivos de forma sino de fondo". En este caso, reflexiona Martínez "ha quedado demostrada la carencia de objetividad de los agentes. Pero hay que valorar el nivel de normalización de esta parcialidad cuando se atreven a dejarla por escrito en su informe".

Desde la Asamblea Feminista de València, Ana Pañuelas, destaca el hecho que la juez haya valorado el sesgo que supone "el odio de los policías hacia los manifestantes para hablar valenciano o hacer referencia al País Valenciano", puesto que son actitudes "que no es la primera vez que suceden". Pañuelas también denuncia la actitud de la Delegación del Gobierno español, que "siempre nos dice que revisará las multas, que está en contra de esta persecución policial, pero al final nunca lo hace, ni siquiera en casos tan flagrantes como este".

Sentencia contra la Ley Mordaza

La sentencia llega pocos días después de que el Congreso haya admitido a trámite la propuesta de reforma de la Ley Mordaza para anular algunos de los aspectos más polémicos, a pesar de que no queda claro que la reforma incluya el principio de veracidad de los agentes policiales.

Solo el 2019 se impusieron en toda España, más de 16.614 multas por "carencia de respecto a la policía", el mismo concepto de las multas ahora anuladas judicialmente. En 2018 se recaudaron más de tres millones de euros por este mismo concepto. "Es una sanción muy difícil de recorrer –reconoce Maria Josep Martínez-, puesto que muy a menudo es más caro hacer el recurso que pagar la multa, tienes que ir por la vía del contencioso-administrativo, menos garantista que la vía penal y, además, es muy difícil rebatir el principio de veracidad de los agentes, que ni siquiera tienen la obligación de presentarse al juicio".

Más juicios y más multas

Concentración feminista contra la Ley Mordaza. / ASSEMBLEA FEMINISTA DE VALÈNCIA

Las activistas feministas están pendientes de dos juicios más –lo primero con fecha por el 28 de octubre- por unas veinte multas impuestas durante las huelgas generales del 2018 y 2019 que suman un total de 11.000 euros. En un comunicado han declarado que la solución pasa por "la derogación de la Ley Mordaza y del principio de veracidad".

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