La Fiscalía ha presentado un nuevo escrito de calificación en el caso del Palau de la Música en el que acusa del expolio a los exresponsables de la entidad Fèlix Millet y Jordi Montull y a CDC, mientras pide que el exdiputado convergente Jaume Camps, ahora exculpado por prescripción, declare como testigo. Según han informado fuentes judiciales, el ministerio público ha presentado un nuevo escrito de calificación por el expolio del Palau de la Música, después de que el juez instructor haya dado por concluida definitivamente la investigación declarando extinguida la responsabilidad penal de Camps, al entender que los hechos de que le acusaba la Fiscalía han prescrito.

En su primer escrito de acusación, presentado en noviembre de 2013, el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pedía un año y medio de cárcel para el exdiputado convergente, junto a una multa de diez millones. El fiscal acusaba a Jaume Camps de haber ejercido de intermediario, junto al extesorero de CDC Daniel Osàcar, en el pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la formación nacionalista a través del Palau de la Música, pero el juez instructor -en una decisión que después confirmó la Audiencia de Barcelona- archivó la causa contra él por prescripción.

Pese a no incluirlo entre los imputados contra los que dirige la acusación, el ministerio público solicita en su nueva calificación que Camps declare como testigo para aclarar cuál fue su papel en el pago de comisiones ilícitas de la constructora a la formación nacionalista, supuestamente a cambio de la adjudicación de obra pública durante los gobiernos de Jordi Pujol. En su escrito, Sánchez Ulled insiste en solicitar 27 años y medio de cárcel para Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull y otros siete y medio para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, al que reclama veinte millones de euros al tiempo que plantea el comiso de 6,6 millones a la formación nacionalista.

El fiscal acusa a Millet y Montull de apropiarse de fondos públicos y privados del Palau de la Música y de conformar un "entramado delictivo" junto a Ferrovial y cargos de CDC para la "financiación ilícita" de la formación entre los años 1999 y 2000, a cambio de la adjudicación de obras públicas como la Ciutat de la Justicia o la línea 9 del metro. La instrucción del "caso Palau" concluyó en junio de 2013, pero la Audiencia de Barcelona reabrió casi un año después la causa para ordenar la imputación de varios empresarios que supuestamente cargaron a la entidad musical obras realizadas en las casas de Fèlix Millet y Jordi Montull.

El archivo de la causa contra Camps por prescripción, y el posterior recurso presentado por la Fiscalía, han demorado la conclusión de la instrucción del caso, que ahora el juez ha dado por zanjada aunque previsiblemente volverá a encallarse en la Audiencia de Barcelona. De hecho, casi todos los acusados, con la excepción de Millet y Montull, han presentado recursos ante la Audiencia de Barcelona.