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La Fiscalía pide 52 años de cárcel y una multa de 185 millones para el empresario Aristrain por delito fiscal

El ministerio fiscal solicita 23 años de prisión por un delito del impuesto de sociedades y 29 años de cárcel por el delito correspondiente al IRPF.

José María Aristrain (derecha) en una imagen de archivo de 1998 con el entoncres presidente de la Sepi, Pedro Ferreras. EFE
José María Aristrain (derecha) en una imagen de archivo de 1998 con el entoncres presidente de la Sepi, Pedro Ferreras. EFE.

La Fiscalía ha pedido 52 años de cárcel para el empresario siderúrgico guipuzcoano José María Aristrain por delito fiscal. Además, solicita una multa por distintos conceptos que asciende a 185,2 millones de euros.

El juicio, que comenzó el pasado mes de octubre, ha quedado este viernes visto para sentencia. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 64 años de cárcel y 1.190 millones de euros de multa por delitos fiscales contra Hacienda y simular que tenía su domicilio en Suiza.

Posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid declaró prescritos varios de ellos, por los que pedían 24 años de prisión y 410 millones de euros de multa. Ahora, el ministerio fiscal solicita 23 años de prisión por un delito del impuesto de sociedades y 29 años por el delito correspondiente al IRPF. 

En cuanto a los 185,2 millones de euros de multa, 131,9 corresponden al impuesto de sociedades; 43,8, al IRPF, y 9,4 millones al impuesto de patrimonio.

En su informe final, la Fiscalía ha destacado que Aristrain simulaba residir en Suiza, así como la residencia fiscal de sus sociedades en Luxemburgo, por lo que hay delito fiscal.

Se ha documentado a través de los recibos de medios de transporte, los testimonio de los escoltas, las facturas de hoteles y restaurantes y de tarjetas de crédito, así como por la propia agenda de Aristrain, en la que detallaba dónde se encontraba en cada momento.

Por su parte, la defensa ha pedido la nulidad de las actuaciones y el letrado José Antonio Choclán ha comparado la actuación de la Agencia Tributaria, "opaca, parapolicial y sin cobertura procedimental" pese a las pruebas. "Cuando los peritos hablan de potencialidad se elimina la certeza", ha señalado el abogado Jesús Ayala.

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