La Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para 'el Chatarrero' por realizar obras en un terreno protegido

La Audiencia Provincial de Madrid celebra el próximo 1 de marzo el juicio contra el empresario Luis Miguel Rodríguez, conocido como 'el chatarrero', propietario de la mercantil Desguaces La Torre, por un delito contra la ordenación del territorio, para el que la Fiscalía solicita 3 años y nueve meses de prisión por haber realizado varias obras de forma "clandestina" y sin ningún tipo de autorización legal por parte del Ayuntamiento del municipio madrileño de Torrejón de la Calzada.

El representante del Ministerio Público le imputa además de un delito contra la ordenación del territorio, que también atribuye a la mercantil, otro de desobediencia. En concepto de responsabilidad civil exige "la demolición completa de las construcciones a cargo de los acusados". También pide una multa de 20 meses con una cuota diaria de 100 euros. Para la mercantil, la multa solicitada es de 2 años con una cuota diaria de 200 euros.

Según la Fiscalía, el acusado es dueño y administrador único de la mercantil

Desguaces La Torre S.A., dedicada al desguace de vehículos, "aunque en el Registro Mercantil consta que su objeto es la promoción inmobiliaria", indica la Fiscalía en su escrito de acusación, en el que además detalla que la

sede física de la empresa se encuentra en el municipio de Torrejón de la Calzada desde el 14 de enero de 1986, cuando se le concedió licencia para instalar la actividad de desguace de vehículos y otros sin maquinaria. 

El escrito de acusación se recoge que dentro de las actividades que realizaba la

empresa, Luis Miguel Rodríguez comenzó un proceso de compra, a nombre de la mercantil, de parcelas próximas a sus instalaciones en dicho municipio "con la intención de realizar una ampliación de las mismas y una diversificación de las actividades". 

En concreto, entre 2009 y 2011 adquirió 24 parcelas del polígono 1 de Torrejón de la Calzada, "clasificadas como suelo no urbanizable protegido por su interés edafológico [sobre la composición del terreno] y agrícola, al que afecta también una protección arqueológica, con unas dimensiones aproximadas de 25 hectáreas". 

A partir de ese momento el acusado comenzó a realizar actuaciones de transformación del uso del suelo "mediante el acometimiento de explanaciones del terreno y movimiento de tierras y el levantamiento de un vallado fijo de hormigón" amparándose, según la Fiscalía, en una solicitud de licencia de obra menor presentada el 15 de marzo de 2010, cuya concesión se denegó por el Ayuntamiento a los pocos días por ser incompatible lo solicitado con el planeamiento vigente. 

Un año más tarde, el acusado volvió a solicitar las mismas autorizaciones que, por segunda vez, le fueron denegadas y donde ya se le requería que suspendiera  las obras. Rodríguez, "perfectamente consciente de que estaba actuando sin ningún tipo de autorización y en contra del planeamiento vigente", no detuvo la progresión de las obras. Es más, continuaron "al menos" hasta 2016. 

Durante esos seis años, "ejecutó un cerramiento perimetral en hormigón de hasta 3 metros de altura, movimientos de tierras y explanaciones, elevación de una nave principal y varias auxiliares, hormigonado de tres campas, viarios consistentes en calles con aceras, encauzamiento de arroyos pertenecientes al dominio público hidraúlico, afectando incluso a la zona de policía de

la línea de alta tensión de Morada-Moraleja y Moratalla-Villaviciosa", según la acusación de la Fiscalía. 

Todas las actuaciones llevadas a cabo por el acusado y su mercantil fueron

realizadas de forma "clandestina", sin ningún tipo de autorización ni de respaldo legal. La zona afectada, unas 25 hectáreas, sufrió una transformación "radical" y

"permanente del terreno".

Según el Ministerio Público, 'el Chatarrero' optó por actuar por la vía de hecho, "con la esperanza de que tales actuaciones (…), en un futuro fuesen legalizadas, no mediante la concesión de las correspondientes autorizaciones en el marco de la legislación vigente, sino mediante un cambio de la normativa vigente, del

planeamiento y las normas subsidiarias aplicables en el municipio, que pudiese amparar lo que ha ido realizando, dado que con la normativa vigente no son

legalizables". 

Rodríguez fue condenado en 2017 por un delito de defraudación tributaria

a la pena de un año de prisión y 660.653,58 euros de multa.