El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha insistido ante la juez instructora Carmen Rodríguez-Medel que no prohibió la manifestación feminista del 8 de marzo porque actuó con arreglo a la ley y lo que "nos decían los expertos sanitarios que podíamos hacer".

"No había ninguna recomendación en aquel momento que me llevase, que llevase a la delegación del Gobierno, a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental como es la manifestación del 8-M".

Así ha resumido Franco su declaración a preguntas de los 50 periodistas que lo han rodeado a la salida del juzgado de instrucción 51 de Madrid. Su declaración se ha centrado en destacar que no tuvo percepción del riesgo hasta que pasó la manifestación del 8-M, según fuentes jurídicas.

El delegado del Gobierno en Madrid ha declarado durante hora y media ante la magistrada, que lo mantiene como único imputado en esta causa abierta por supuesta prevaricación al permitir la manifestación del 8-M, entre otros eventos multidinarios entre los pasado 5 y 14 de marzo fecha en la que se declaró el estado de alarma por la pandemia. En esos días, se disuadió a otras organizaciones para que no celebraran actos, como fue un congreso mundial evangélico.

"En aquel momento no había ningún elemento que llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental cuando se estaban celebrando muchos acontecimientos en Madrid que no tenían nada que ver con derechos fundamentales", ha insistido Franco en su declaración.

En su declaración, también ha intentado desvincular el 8-M del aumento de casos en los días posteriores:  "No está acreditado bajo ningún concepto que el incremento de casos que se dieron el día 10 tenían que ver con la manifestación del día 8. Entre otros motivos porque los expertos sanitarios saben que si se produce el contagio tarda en manifestarse más o menos 14 días. Con lo cual, se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley y lo que en aquel momento nos decían los expertos sanitarios que se podía hacer", ha apostillado.

La competencia sanitaria

Este miércoles también declaraban como testigos altos cargos de la delegación del Gobierno: el secretario general, Fernando Talavera; el jefe del gabinete de Franco, Luis María Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

Estos testigos han coincidido en sus versiones con la de Franco en cuanto a que él ha insistido en que no tienen competencias en materia sanitaria.

En especial, Correas ha destacado que la competencia sanitaria corresponde al Gobierno de la Comunidad de Madrid  que preside Isabel Díaz Ayuso. Correas ha insistido que no recibieron comunicación oficial alguna respecto al riesgo de contagio de la covid-19 en los días previos a la celebración del 8-M, según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

La acusación popular, por su parte, tiene previsto oponerse al recurso de la Fiscalía en el que pide el archivo de la causa. Fuentes de la acusación consideran que el delegado del Gobierno debió de modular la colisión entre el derecho fundamental de manifestación con la protección de la salud a la hora de permitir la concentración del Día de la Mujer. Y pone como ejemplo que el el delegado del Gobierno prohibió esos días una manifestación de Asaja frente a la casa del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, al priorizar la inviolabilidad del domicilio frente al derecho de manifestación.

A la salida del juzgado, el delegado del Gobierno se ha reservado su opinión al ser preguntado si la jueza está encabezando una "causa general" contra el Gobierno por la gestión de la crisis de la covid-19, como le ha reprochado la Abogacía del Estado que lleva su defensa: "Me gustaría ser cauto", es lo único que ha respondido.

También ha destacado su desacuerdo con los informes de la Guardia Civil remitidos al juzgado como Policía Judicial donde concluyen que a partir del 5 de marzo no debió celebrarse ninguna manifestación en Madrid y señalan que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ocultó información.

Franco ha comenzado su declaración lamentando "profundamente" que no se esté hablando de otros asuntos como los ERTE o el ingreso mínimo vital y que "tengamos que estar con este tema". "Me ha tocado esto y he intentado cumplir con mis obligaciones como delegado y ciudadano, y cumplir con la justicia", ha apostillado.

La acusación popular en este caso la ejerce la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que lleva la dirección letrada, así como la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena. Otras personas y asociaciones que han pedido personarse aún no han cumplimentado los poderes y avales necesarios para ser aceptados en la causa.