En política nada es fácil y, como en muchos otros ámbitos, nada está garantizado. Lo imposible se convierte en posible y lo previsible puede tambalearse en cuestión de minutos. Cada propuesta o medida sometida a debate necesita un mínimo de consenso previo para que salga adelante. Bajo esta premisa, los socios del Gobierno de coalición llevan bastante tiempo reclamando al Ejecutivo más "diálogo", ya que no cuenta con mayoría absoluta en el Congreso para poder sacar adelante sus iniciativas.

Hace tres semanas, el Gobierno estuvo a punto de perder una importante votación en el Congreso y la salvó in extremis gracias a la abstención de la ultraderecha, además del sí de otras formaciones del arco parlamentario. Fue el caso del decreto sobre los fondos europeos, el plan para agilizar la gestión de los 140.000 millones procedentes de Europa para hacer frente a la crisis derivada de la emergencia sanitaria. La abstención de Vox pilló por "sorpresa" tanto al Gobierno como a los partidos que lo sostienen, pero no por inesperado evitó las críticas de sus socios, quienes le pidieron llegar a la Cámara Baja con los deberes hechos.

Pues bien, algo parecido puede llegar a ocurrir este jueves. Hasta el momento, el Gobierno no tiene garantizado los apoyos para sacar adelante el real decreto por el que se crea nuevo un complemento de maternidad en las pensiones y se modifica el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En concreto, "el Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico", que se somete este jueves a debate para su convalidación o derogación.

La norma, que entró en vigor el pasado 4 de febrero, prevé un nuevo complemento de maternidad a las pensiones, que tendrá una cuantía fija de 400 euros anuales por hijo, desde el primero (hasta ahora solo se podía acceder a partir del segundo hijo) para reducir la brecha de género en las pensiones, del 30% a menos del 5%, como planea el Gobierno. Los hombres que acrediten que su paternidad supuso un perjuicio a su carrera profesional también podrán beneficiarse de esta ayuda.

Esta prestación se extiende a las jubilaciones anticipadas de carácter voluntario, por lo que se reconocerá en todas las modalidades de pensión: jubilación, incapacidad permanente y viudedad, excepto la jubilación parcial. Asimismo, la norma contiene la flexibilización de algunos requisitos para el acceso al Ingreso Mínimo Vital.

El Gobierno no tiene por ahora los apoyos necesarios

ERC, que cuenta con 13 diputados, aún no ha decidido el sentido del voto. El grupo republicano asegura que el Ministerio de Seguridad Social continúa negociando con el departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. Aluden a un "problema de competencias", ya que el decreto incluye modificaciones para facilitar el acceso al IMV, mientras que ambas partes acordaron traspasar la gestión de esta prestación a la Generalitat a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos para 2021.

Además, fuentes de este partido señalan que la norma aprobada a primeros de febrero presenta algunas "carencias" y critican que no se ha contado con los sindicatos. En este sentido, CCOO y UGT pidieron este martes tramitar el decreto como proyecto de ley para superar las "insuficiencias con las que fue aprobado en el Consejo de Ministros".

El PNV (6 diputados), socio "prioritario" del Gobierno, se posiciona en el no por ahora. También achacan esta decisión a una cuestión de "competencias" con el Gobierno Vasco. Precisamente, el portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, criticó el pasado martes que el Gobierno toma decisiones "con tensiones sin consultar" antes a sus socios. EH Bildu (5 diputados) asegura que todavía no ha decidido si lo apoya o no. Por otra parte, Ciudadanos (10 representantes) asegura que "sigue estudiando" el decreto, mientras que el PP (88 diputados) no ha determinado aún el sentido del voto.

El propio grupo socialista reconoce que la negociación está "complicada" y que intentará amarrar los apoyos necesarios a cambio de que el decreto se tramite como proyecto de ley para que los partidos puedan enmendarlo más adelante. Más País (dos diputados) y Compromís (uno) son los únicos que han confirmado su apoyo hasta el momento. Lo cierto es que, pese a esos votos, sumados a los 155 de los partidos del Ejecutivo, los números no dan, ya que se necesita una mayoría simple, esto es, más síes que noes. 

Con todo, el Gobierno se enfrenta ante otro posible revés parlamentario, después del que sufrió en septiembre de 2020 cuando cosechó su primera derrota en la Cámara Baja tras la derogación del decreto del superávit de los ayuntamientos. Pese a las negociaciones in extremis, el Ejecutivo no pudo salvar la norma que permitiría a los consistorios el desbloqueo de 5.000 millones de euros de superávit, a cambio de prestar sus remanentes al Estado.