Público
Público

El Gobierno aprueba el polémico recorte del Tajo-Segura pese a la oposición de los regantes levantinos

Los trabajadores del levante español se han manifestado este martes ante el Palacio de la Moncloa para mostrar su desacuerdo y acudirán a la Justicia.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodriguez (c), y la vicepresidenta tercera y ministra de Transinción Ecológica, Teresa Ribera, conversan con periodistas tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes en el Palacio de la Moncloa.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodriguez (c), y la vicepresidenta tercera y ministra de Transinción Ecológica, Teresa Ribera, conversan con periodistas tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este martes en el Palacio de la Moncloa. Sergio Pérez / EFE

El Gobierno ha dado luz verde a 12 planes hidrológicos (2022-2027) y que incluyen la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo. Esto supone un recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos de aquí a 2027, que tanta polémica ha levantado entre las autonomías implicadas.

El objetivo del Ejecutivo es que el caudal ecológico a su paso por Aranjuez (Madrid) suba de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023 y que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027. 

El Consejo de Ministros ha sacado adelante el Real Decreto que concreta la planificación hidrológica del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, además de la parte española de los ríos compartidos con Portugal (Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana) y con Francia (Cantábrico Oriental y Ebro).

En total, estas 12 cuencas abarcan el 86% del territorio y el 65% de la población tras un recorrido de tramitación de "algo más de tres años" en un "dilatado" proceso con el fin de facilitar la planificación con la aportación de todas las partes, según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera ha destacado las prioridades de la planificación que "por primera vez" tiene en cuenta los escenarios de cambio climático; el riesgo de inundación; las obligaciones en materia de saneamiento y depuración; la lucha contra la contaminación difusa; la gestión sostenible de las aguas subterráneas; garantizar la seguridad de suministro y mantener planes especiales para preservar la biodiversidad de espacios emblemáticos como Doñana, el Delta del Ebro, la Albufera de València o las Tablas de Daimiel.

Regantes levantinos irán a Justicia

Los regantes del levante español se han manifestado este martes ante el Palacio de la Moncloa para mostrar su desacuerdo con esta medida. "No vamos a parar. Ya estamos preparando un recurso contenciosos administrativo (para elevar el Tribual Supremo) porque no nos vale nada que no sea dejar las cosas como están", ha dicho a EFE Lucas Jiménez, el presidente de los convocantes de esta manifestación, el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats).

A la convocatoria han respondido alrededor de 130 personas -según los datos de la Delegación del Gobierno- y unos 500 -según los organizadores-, que han alzando su voz con gritos de "¡agua para el Levante!" y que han pedido la dimisión de la ministra Ribera.

Han acudido representantes de asociaciones agrarias, cooperativas, empresas, regantes y políticos del País Valencià, Murcia y Andalucía. Ha sido el último intento de los regantes de la zona del levante de ser escuchados antes de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto que revisa los planes hidrológicos, que incluye un caudal ecológico en el Tajo que afecta al trasvase con el Segura.

La oposición de Juanma Moreno

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido este martes al Gobierno de la Nación que "pare y dé marcha atrás" esta decisión. Moreno, que ha advertido de que se trata de una decisión política "injustificada" porque no se han atendido las propuestas de órganos como el Consejo de Estado, ha denunciado que se haga una "imposición" que afecta a tres comunidades autónomas –València, Murcia y Andalucía– y a un importante sector productivo.

El presidente andaluz ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez use el "procedimiento tipo" de adoptar este tipo de decisiones sin dialogar con las partes afectadas, que en el caso del trasvase Tajo-Segura afecta a más de 160.000 ciudadanos de tres comunidades autónomas. 

"Estamos absolutamente en desacuerdo y hemos pedido al Gobierno que pare, que se siente a dialogar con las comunidades autónomas y las organizaciones agrarias para no llevar a la ruina a un gran porcentaje del sector productivo del Levante", ha recalcado el presidente de la Junta de Andalucía.

Una inversión de más de 22 millones

La aprobación de estos planes está acompañada de una inversión de 22.844 millones de euros. Con la aprobación de estos planes, que acumulan la mayor inversión jamás destinada a la mejora del recurso hídrico, culmina un largo proceso para modernizar la planificación hidrológica en España. Así lo ha señalado Ribera. 

Del total de inversión, 10.600 millones (46,7%) vendrán de la Administración General del Estado; el 36,3% (8.300 millones) correrá a cargo de las autonomías, otros 2.300 millones (10,2%) de la administración local y el 6,7% restante (1.500 millones) de otros agentes financiadores. 

La mayores partidas irán a infraestructuras de saneamiento y depuración (6.643 millones), regadíos (5.070 millones) y abastecimiento (2.260 millones). A la gestión del riesgo de inundación irán 2.077 millones, la restauración y conservación del dominio público hidráulico recibirá casi 1.300 millones y en infraestructuras de desalinización y reutilización se invertirán casi 1.270 millones.

Otras actuaciones, como estudios generales y de planificación hidrológica, gestión y administración del dominio público hidráulico, redes de seguimiento e información hidrológica, mantenimiento y conservación de infraestructuras o recuperación de acuíferos, sumarán 4.228,9 millones.

Más noticias