El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto mediante el cual la Casa Real avanza en transparencia. Así lo han anunciado en rueda de prensa tanto la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, como el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La nueva normativa aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez permitirá, entre otros asuntos, que el Tribunal de Cuentas fiscalice, mediante una auditoría externa, las cuentas de la institución monárquica. En cambio, se dejan fuera la obligatoriedad de que Felipe VI publique su declaración de bienes, algo que el monarca hizo este lunes de manera "voluntaria". 

"La declaración de bienes no está regulada, será el propio monarca con la periodicidad que establezca, quien la publicará", ha destacado Bolaños a preguntas de los medios de comunicación. Felipe VI declaró este lunes poseer un patrimonio personal de más de 2,5 millones de euros. Más de 2,2 millones del total son depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores de participación en fondos. Las declaraciones de bienes que sí deben publicarse se refieren únicamente a los altos directivos de la Casa Real. 

Entre los asuntos que sí se incluyen en la nueva normativa, aparte del papel del Tribunal de Cuentas, destacan una nueva regulación de toda la contratación y procedimientos de la Casa Real. "Se incluye el principio de publicidad en todas las contrataciones que realice la Casa Real", ha señalado Bolaños. Es decir, todos los contratos y procedimientos efectuados por la monarquía deberán incluirse en la web oficial.

También se establece toda la información que de manera periódica se debe publicar en dicha web. Entre otros asuntos, la Casa Real deberá hacer público sus presupuestos y los estados trimestrales de ejecución, las retribuciones, los regalos institucionales y la memoria de actividades. 

En aras de integrar a la Casa Real en el "servicio público", la normativa determina que se realizarán convenios de colaboración con la Abogacía del Estado. Además, habrá determinados servicios vinculados a la administración pública, como que el consejero diplomático de la institución será un funcionario de carrera. Del mismo modo se da rango legal a la asistencia sanitaria, que está en manos de la Guardia Real. 

Bolaños se ha referido a otro bloque para cumplir con el objetivo de "ejemplaridad". "El personal de la Casa deberá hacer sus funciones con arreglo a la conducta adecuada. Deben velar por intereses generales y en los principios de honradez, austeridad, protección de medio ambiente e igualdad entre hombres y mujeres", ha afirmado Bolaños. Respecto a los regalos recibidos por la Casa Real, la normativa establece que todos ellos serán inventariados y custodiados con el fin de ver si permanecen en la institución, pasan a Patrimonio Nacional o se donan a determinadas organizaciones sociales.

Para Moncloa, la monarquía "avanza" con esta norma y consigue que "sea una más de las casas europeas". La norma ha sido fruto de un "trabajo compartido" de muchos meses entre la Casa Real y el Gobierno. "Tenemos que ser conscientes de que es el camino que se pide a las administraciones públicas. Creemos que damos un paso adelante", ha destacado el ministro de Presidencia.

La "inviolabilidad" del rey, aparcada

Fuera de este Real Decreto se queda cualquier mención a la "inviolabilidad" del rey. Bolaños ha hecho suya la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alegando que este aspecto está regulado por la Constitución y que sería necesario una reforma de la misma. 

Por otra parte, el ministro ha evitado valorar el hecho de que la Casa Real haya dejado fuera en sus comunicaciones a los partidos independentistas, socios del Gobierno. "Poco tengo que decir de la ronda de la Casa Real. Ha sido una deferencia de la Casa Real y la valoro positivamente", ha señalado al respecto.