El Gobierno ha enviado un requerimiento judicial –con fecha del pasado 10 de marzo– en el que pide a la Junta de Castilla y León que "reponga inmediatamente el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA)", cuya viabilidad está en cuestión por la falta de financiación pública de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Vox.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha hecho el anuncio en su cuenta de Twitter. El Gobierno central ya pidió hace unas semanas al Ejecutivo castellano y leonés que mantuviera el servicio de mediación laboral, después de que en enero la Junta presidida por Alfonso Fernández Mañueco decidiera dejarlo sin financiación. Esa decisión generó las críticas de la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO. 

Los agentes económicos y sociales ven como una "muy grave e indeseable situación de incertidumbre jurídica".

"Garantizar el diálogo social es ensanchar la democracia y lo defenderemos con todos los medios a nuestro alcance", ha advertido Díaz en Twitter.

Tras el anuncio de la ministra Díaz, el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, ha dicho que este requerimiento es un ataque del Gobierno. "Una vez más Sánchez ataca sobreactuando y utilizando derechos reconocidos por partes de todos en el ámbito del diálogo social y que están bien garantizados", aseguró a las puertas de Génova, donde este lunes se celebra el comité ejecutivo nacional. "A Yolanda Díaz más le valdría encontrar los fijos discontinuos que han salido de las cifras de las estadísticas del INEM que seguir atacando a Castilla y León", zanjó Alfonso Fernández Mañueco.

Sin financiación

Ha sido el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox), quien ha cortado esta financiación, al considerar que los trabajos de mediación realizados por el Serla pueden ser desarrollados por personal de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León.

Desde su llegada al cargo, Veganzones se ha caracterizado por sus arremetidas contra el diálogo social, por su intención de reducir las partidas que reciben para desarrollar diferentes programas de formación, mediación y prevención de riesgos, entre otras materias, lo que ha llevado a los sindicatos a convocar protestas ante las Cortes de Castilla y León y la propia Consejería de Industria.