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El Gobierno mantiene el plan de entrega de buques de guerra a Arabia Saudí pese a la grave escalada de la violencia en Yemen

Amnistía Internacional reclama al Ejecutivo que frene el cronograma de envío de las cinco corbetas construidas por Navantia para el régimen de Salmán bin Abdulaziz. La ONU advierte sobre nuevos crímenes contra la población yemení.

Víctimas en Yemen
Un hombre prepara las tumbas de las víctimas de los ataques aéreos perpetrados por la coalición liderada por Arabia Saudí contra un centro de detención en Saada, Yemen. Naif Rahma / REUTERS

El primer mes de 2022 se cierra de la peor manera posible en la devastada Yemen. La muerte vuelve a ganarle a cualquier atisbo de paz en ese país, escenario elegido por Arabia Saudí para mantener viva la llama de una guerra que en marzo cumplirá siete años y que acumula cada vez más muertes. Pese al trágico enero que termina, el Gobierno sigue creyendo que no hay nada que impida el envío de un buque guerra, el primero de cinco, al régimen saudí. 

Nada parece frenar a Al Jubail, la primera de las corbetas construidas por Navantia en el astillero de San Fernando (Cádiz) por encargo de Arabia Saudí. La empresa pública española tiene previsto entregar este buque a finales de marzo, avanzando así en el cronograma acordado con las autoridades de ese país.

La entrega del buque de guerra debe contar previamente con la autorización del Gobierno, algo que en las oficinas de Amnistía Internacional (AI) en España no pasan por alto. El organismo de derechos humanos ha preguntado al Ejecutivo si ya ha firmado dicha autorización, pero de momento no ha habido respuesta.

No es la primera vez que AI se dirige al Gobierno para advertirle sobre los riesgos humanitarios que conlleva una operación de este tipo. En diciembre pasado, la ONG solicitó por escrito a la Junta Interministerial que regula la venta de armas que condicionase la exportación de los buques a la "aplicación de garantías firmes y verificables por medios independientes que aseguren que las corbetas no se usen para cometer crímenes de derecho internacional".

Del mismo modo, AI pidió que no se ejecutase la operación mientras se mantuviesen "los ataques arbitrarios y deliberados contra la población civil y bienes de carácter civil" y el bloqueo naval y aéreo contra Yemen. De hecho, la organización de derechos humanos pidió entonces la creación de un Grupo de Trabajo "sobre conversión de la industria de defensa para mitigar el impacto económico de esta decisión".

Nada de eso ha ocurrido. El pasado viernes 21 de enero, un ataque aéreo atribuido a la coalición liderada por Arabia Saudí contra un centro de detención en la localidad yemení de Saada dejó al menos 90 muertos, entre los que se encontraban migrantes de países africanos.

Herido en Yemen
Un enfermero atiende a Muhammad al-Khulaidi, herido por los ataques aéreos contra un centro de detención, en Saada, Yemen. Naif Rahma / REUTERS

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, alertó cuatro días después sobre "la creciente espiral de violencia en Yemen que sigue perjudicando a la población civil y está desbordando sus fronteras".

"Es casi seguro que el mes de enero batirá el récord de víctimas civiles en Yemen", señaló Grundberg en una declaración. En tal sentido, describe el ataque contra el centro de detención como "el peor incidente con víctimas civiles en Yemen en tres años".

Con estos datos alarmantes sobre la mesa, en AI consideran inconcebible que se haga efectivo el envío de la primera corbeta. "La situación ha empeorado significativamente desde que Arabia Saudí forzó el fin del mandato del único mecanismo internacional encargado de investigar los abusos contra los derechos humanos en Yemen", afirma Alberto Estévez, portavoz de AI sobre comercio de armas.

En diciembre pasado, AI reclamó a la Asamblea General de la ONU la creación de "un mecanismo de investigación que reúna y custodie los indicios de los graves abusos contra los derechos humanos y las violaciones de las leyes de la guerra en Yemen". "Ya entonces avisamos de que la inacción sería dar luz verde a la comisión de nuevos abusos y crímenes de guerra", señaló el portavoz de Amnistía.

Según datos publicados el pasado 17 de enero por Yemen Data Project, en diciembre de 2021 se registró la mayor tasa mensual de incursiones aéreas (250) desde junio de 2020. "Al menos 70 civiles murieron en los bombardeos de la coalición el año pasado,. Durante 2021, la coalición encabezada por Arabia Saudí llevó a cabo una media de 5 ataques aéreos al día", recuerda Estévez.

Crímenes de guerra

El pasado 6 de enero, la organización yemení independiente de derechos humanos Mwatana for Human Rights hizo público su informe sobre la situación de los derechos humanos en Yemen en 2021, en el que documentó 839 incidentes de daños a civiles y objetos de carácter civil en los que murieron y resultaron heridos más de 782 civiles.

El informe destaca la escalada de violencia en Marib y señala que las partes beligerantes "han matado y causado lesiones a civiles y han practicado la detención arbitraria, la desaparición forzada y la tortura". "Muchas de estas violaciones pueden constituir crímenes de guerra y graves violaciones del derecho internacional humanitario", afirma por su parte Estévez.

Por tales motivos, cree que la entrega de la corbeta prevista para finales de marzo "no podía ser peor, al coincidir con un empeoramiento sin precedentes del conflicto". 

Entre enero de 2015 y junio de 2021, España autorizó exportaciones de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por un importe que superó los 2.300 millones de euros. Las operaciones han sido severamente cuestionadas por distintas organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre la posible complicidad de las autoridades españolas con la comisión de crímenes de guerra.

Por su parte, el Gobierno ha defendido en reiteradas ocasiones la validez de esas exportaciones, al tiempo que ha argumentado que el armamento exportado no se ha empleado para cometer violaciones a los derechos humanos. En cualquier caso, las actas de la Junta Interministerial que se encarga de autorizar las exportaciones son de carácter secreto, lo que impide conocer datos esenciales sobre esas ventas. 

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