La Moncloa tiene ya un formato de respuesta para las preguntas incómodas sobre la venta de armas españolas a Arabia Saudí, un millonario negocio cultivado al calor de la guerra que libra ese régimen en territorio yemení. El Gobierno niega que esas ventas de material militar contribuyan a violar los derechos humanos, al tiempo que evita cualquier mención a la grave realidad que vive Yemen desde que en marzo de 2015 empezaron a llover misiles.

"Los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen no están sometidos a embargo alguno por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Unión Europea en la exportación de armamento o de material policial y antidisturbios", argumentó el Gobierno en una respuesta enviada el pasado día 18 al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

En esa línea, sostiene que "la Resolución 2216 (2015), aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 14 de abril, establece un embargo de armas a una serie de personas y entidades involucradas en el golpe de Estado en Yemen, pero no a los países antes citados".

No es la primera vez que el Gobierno recurre a ese argumento a la hora de justificar las ventas de armas a Arabia Saudí, uno de los principales clientes de la industria militar española. Tales operaciones deben ser previamente autorizadas por la Junta Interministerial encargada de analizar las solicitudes de exportación. Las actas de dicho organismo tienen carácter secreto debido a un decreto aprobado en 1987 por el Gobierno de Felipe González y mantenido por los Ejecutivos posteriores.

Ante los distintos requerimientos formulados desde el Congreso –varios de ellos también a cargo de Iñarritu– , el Gobierno reproduce exactamente el mismo párrafo sobre "los países de la Liga Árabe que forman parte de la coalición contra los rebeldes en Yemen" que figura en la última respuesta enviada al representante de EH Bildu, quien en esta ocasión había preguntado sobre la carga realizada por el barco de la naviera pública saudí que el pasado 18 de octubre atracó en el puerto de Sagunto.

"Crímenes de guerra"

Para Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional (AI) sobre comercio de armas, este modelo de respuesta del Gobierno "hace caso omiso de los cambios producidos en Yemen sobre el terreno desde 2015". "Desde entonces los rebeldes huzíes controlan nuevas zonas del país, mientras que la coalición saudí-emiratí impuso un bloqueo naval y marítimo que ha agravado la situación humanitaria de la población civil hasta ponerla al borde de la hambruna", sostiene.

Estévez advierte que la coalición internacional liderada por Arabia Saudí "ha cometido decenas de presuntos crímenes de guerra atacando de forma deliberada y arbitraria a civiles en mercados, mezquitas, funerales y escuelas", unos ataques que han sido documentados por la ONU, AI y otras organizaciones.

Según consta en el último informe de la campaña Armas Bajo Control –integrada por AI, Intermón Oxram, Greenpeace y FundiPau–, desde marzo de 2015 la coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos "ha llevado a cabo más de 23.000 ataque aéreos en Yemen".

Durante 2020, el promedio diario de bombardeos fue de seis por día –el doble de 2019–, mientras que la organización de Derechos Humanos yemení Mwatana documentó en torno a 1.020 incidentes de daños a civiles y objetos civiles en Yemen en los que murieron y resultaron heridos más de 900 civiles". De forma paralela, las ventas de armamento español al régimen saudí en 2020 superaron los 48 millones euros.

Petición del Parlamento europeo

En tal sentido, el portavoz de AI apunta que "es verdad que no hay un embargo de armas sobre la coalición, aunque el Parlamento Europeo lo reclamó en su última resolución sobre Yemen en febrero de este año por las atrocidades cometidas y toma nota de las decisiones de varios Estados miembros de imponer prohibiciones de exportación de armas a Arabia Saudí y Emiratos y pide a todos los Estados miembros que pongan fin a la exportación de armas a todos los miembros de la coalición".

El Consejo de la UE no ha alcanzado un acuerdo sobre este punto "por las diferencias entre los exportadores como Francia y España y quienes abogan por la suspensión de las exportaciones", recalca Estévez, quien advierte además que "el derecho internacional, en normas vinculantes como el Tratado sobre Comercio de Armas o la Posición Común de la UE, sí prohíbe la venta de armas para cometer crímenes de guerra". En ese contexto, considera que España "está mirando para otro lado y vulnerando la legislación en vigor".