Público solicitó al amparo de la ley de transparencia conocer cuántas acciones tiene cada miembro del Gobierno y en qué empresas. El Ministerio de Hacienda se negó a entregar la información, pero ante un recurso de este medio el Consejo de Transparencia asegura que la información debe ser pública.

Aun así, el Ministerio no ha cumplido con la resolución del Consejo de Transparencia, que daba de plazo hasta el pasado 12 de junio para que Hacienda entregara la información a Público. Casi tres meses después, el Ministerio sigue ocultando en qué empresas tienen acciones los miembros del Gobierno —el presidente Pedro Sánchez, los vicepresidentes y los ministros—.

Cuando un alto cargo es nombrado tiene que presentar su declaración de bienes ante la Oficina de Conflictos de Intereses. Lo mismo sucede cuando es cesado de su cargo. El modelo que rige cómo tienen que presentar la declaración recoge que tienen que informar, entre otras cosas, de en qué empresas tienen participación y el valor de esas acciones.

Sin embargo, esa información después no se hace pública. Las declaraciones de bienes de los altos cargos se publican en el BOE agrupadas una vez al año, pero no se muestra el contenido completo que rellenan en el modelo. En su lugar se publican unos resúmenes. Según la ley del alto cargo y la respuesta del Ministerio, para "salvaguardar la privacidad y seguridad de sus titulares".

Esos resúmenes indican, por ejemplo, el valor total que tienen en bienes inmuebles, pero no explican cuáles son ni de qué tipo. Lo mismo pasa con las acciones. En el BOE se recoge el dinero que tiene cada alto cargo en "acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de entidades jurídicas negociadas" y en "acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas no negociadas", pero no se detalla en qué entidades las tiene.

Las acciones de Sánchez y Feijóo

Así, la última vez que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno, en enero de 2020, tuvo que presentar su declaración de bienes. Pero la que se publicó en el BOE solo recogía que tenía 5.550,40 euros en "acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas no negociadas". Sin explicar a qué sociedad correspondían esas acciones.

A pesar de ello, tras la reclamación ante el Consejo de Transparencia de un ciudadano que quería conocer en qué empresas tenía acciones Pedro Sánchez, Hacienda informó, después de haberlo consultado con el propio presidente del Gobierno, de que pertenecían todas ellas a Red Eléctrica Española.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo también ha hecho público en qué empresas tiene acciones. En su caso cuenta con 4.000 acciones de Inditex, que tienen un valor de 133.200 euros, y 100 de Telefónica, con un valor de 363,40 euros. Feijóo detalló sus acciones al presentar su declaración de bienes ante el Senado hace tan solo unos días, al haber dejado su escaño en la Cámara alta.

Las declaraciones de diputados y senadores

Los diputados y senadores también están obligados a presentar su declaración de bienes al obtener y perder su condición de parlamentarios. Igual que los altos cargos, pero en su caso tienen que presentarla ante la Cámara en la que han obtenido escaño. A pesar de esa obligación, la normativa tampoco indica que tengan que detallar en qué empresas tienen las acciones.

Aun así, las declaraciones de los diputados y senadores acostumbran a ser más detalladas que las de los altos cargos. El modelo que tienen que rellenar es más completo y, sobre todo, ese formulario se publica de forma íntegra, no como en el caso de los altos cargos que lo que se hace público es un resumen posterior. Por ello, en muchos casos se conoce en qué empresas tienen acciones los políticos gracias a su condición de parlamentarios, pero no porque hayan sido altos cargos.

Pero no todos los diputados y senadores indican en qué empresas tienen sus acciones ni todos los miembros del Gobierno tienen escaño en alguna de las Cámaras. El presidente Pedro Sánchez es diputado y también presenta su declaración de bienes ante el Congreso, pero otros miembros del Gobierno, como Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, o Joan Subirats, ministro de Universidades, no son diputados ni senadores.

El propio caso de Sánchez, actualmente presidente en funciones, muestra cómo no todos los diputados indican en qué empresas tienen participaciones. En su última declaración de bienes, presentada al Congreso el pasado mes de junio al terminar la legislatura y perder su condición de diputado, aseguraba tener 5.104 euros en "acciones cotizadas en bolsa", pero no detallaba si eran de Red Eléctrica o de alguna otra empresa.

El Consejo da la razón a 'Público'

Debido a esa dificultad para conocer en qué empresas tiene acciones cada miembro del Gobierno Público realizó una solicitud de información al Ministerio de Hacienda, que es de quien depende la Oficina de Conflictos de Intereses. La Oficina respondió dirigiendo únicamente a las declaraciones resumidas que se publican en el BOE y este medio de comunicación reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG).

El Consejo en su resolución da la razón a Público. El CTBG entiende que la "salvaguarda" de la privacidad y seguridad de los altos cargos que recoge la ley del alto cargo en el caso de sus declaraciones de bienes  solo aplica para los bienes inmuebles y que, por ello, no habría ningún problema en conocer en qué empresas tienen acciones.

Este organismo, encargado de velar por el cumplimiento de la ley de transparencia, explica que, como argumentaba Hacienda, acceder a la copia completa de las declaraciones de bienes no es posible ya que tienen carácter reservado, pero asegura que esto no implica que únicamente se pueda conocer la información tal y como se publica en el BOE ni que esta información se tenga que publicar de esa forma concreta. Es decir, el Consejo entiende que se puede solicitar más información que la publicada en esos resúmenes y que, de hecho, esos resúmenes podrían ser más completos.

Así, el CTBG asegura que, debido a "la necesidad" de que los miembros del Gobierno ejerzan "su actividad con las máximas condiciones de transparencia", deben "ceder su derecho a la protección de datos" en este caso y tiene que hacerse público en qué empresas tienen acciones. La argumentación del Consejo es muy similar a la que ha tenido ante otra petición de Público en la que este medio solicitaba conocer los casos de altos cargos que han sido sancionados por incumplir la ley de transparencia y la ley del alto cargo.

Hacienda recurrió esa resolución del Consejo ante la Justicia y ahora los tribunales deberán decidir si la Oficina tiene que entregar o no el listado con los altos cargos sancionados. Ante la información sobre las acciones de los miembros del Gobierno, el Ministerio no ha recurrido a la vía judicial, pero tampoco ha cumplido con la resolución del Consejo. El plazo para llevar el caso a la Justicia ha expirado y también han pasado ya casi tres meses desde el 12 de junio, la fecha tope que el Consejo marcó a Hacienda para cumplir y entregar a Público la información.