La mesa y los portavoces de la Comisión de Interior se han reunido este jueves a primera hora para convocar una nueva sesión de la comisión el martes 14 de marzo. En concreto, según señalan varias fuentes de dicho órgano, los representantes de los grupos han cerrado la fecha del debate en comisión de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, que será el próximo 14 de marzo a pesar de que no hay acuerdo entre el Gobierno y los aliados.

La incógnita sobre el futuro de la ley mordaza sigue sin despejarse. Cabe recordar que la modificación de la polémica norma impulsada por el PP en 2015 (en un contexto de movilizaciones en la calle por los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy) salvó el pasado 1 de febrero su primera bola de partido al superar la fase de la ponencia con el apoyo in extremis de ERC (coincidió con el anuncio del acuerdo entre el Govern de Pere Aragonès y el PSC para los Presupuestos catalanes).

Este trámite no significó ningún acuerdo para desbloquear la norma, tal como advirtieron ERC y EH Bildu, fuerzas indispensables para que la modificación llegue a buen puerto ante el rechazo de las derechas a la misma. En cualquier caso, el PSOE adelantó su intención de someter la reforma a votación en la Comisión de Interior a lo largo del pasado mes de febrero, hubiera o no acuerdo con sus aliados parlamentarios en esta materia. "Y si cae, se acabó", remacharon estas fuentes al entender que las negociaciones "no se pueden extender más para los mismos artículos de siempre".

El resultado es que el texto todavía no se ha debatido ni votado en dicho órgano parlamentario, pero tampoco se ha avanzado en los mismos puntos que han separado desde hace más de un año al Gobierno de los partidos independentistas pese a las más de 40 reuniones del grupo de trabajo, a los últimos intercambios de propuestas a lo largo del pasado mes, y de otros tantos años de espera de esta ansiada reforma reclamada por colectivos sociales y diversos organismos.

En esencia, ERC y EH Bildu insisten en "desactivar los artículos más lesivos" de la norma, por lo que piden "eliminar u objetivar" el delito de desobediencia (36.6) y el de las faltas de respeto a la autoridad (37.4), dos de los preceptos más usados para sancionar bajo el paraguas de la ley mordaza. Asimismo, y no menos importante, piden prohibir expresamente el uso de las pelotas de goma (prohibidas para los Mossos y restringidas para la Ertzaintza) y las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera.

Con el apoyo hasta ahora garantizado del PSOE, Unidas Podemos y el PNV, el grupo que llevó al Congreso la propuesta sobre lo que se ha trabajado, sus representantes han decidido este jueves llevar el informe de la ponencia sobre la reforma a la comisión del próximo martes. Y todo ello a pesar de que todavía no está garantizado el acuerdo con ERC y EH Bildu.

En este sentido, el PSOE, Unidas Podemos y el PNV son partidarios de que esta sesión con luz y taquígrafos no se demore más en el tiempo, según comunican fuentes parlamentarias de los tres grupos, ya que "al tener el informe, lo habitual es convocar la comisión en la primera fecha disponible", añaden desde el partido mayoritario de la Cámara para referirse al debate de la norma en la comisión.

Por su parte, desde ERC y EH Bildu no se oponen a que la ley se enfrente la próxima semana a una nueva prueba de fuego, donde la modificación correría el riesgo de caer. "Si quieren precipitar el debate sin movimientos explícitos, se encontrarán con una respuesta clara", señalan desde el grupo republicano en referencia a la falta de avances hasta la fecha.

En este sentido, estas formaciones aseguran que la votación de la norma en la comisión "no servirá" como elemento de "presión". Por tanto, como reconocen las diferentes partes, de llevarse el texto legislativo al órgano del ramo, sea cuando sea, sin haber llegado a un acuerdo, la aprobación de esta esperada reforma no estará garantizada.