MADRID.- Todos los grupos parlamentarios presentes en el hemiciclo del Congreso de los Diputados, excepto el PP, han firmado esta tarde de miércoles un documento en el que se exige al Gobierno en funciones que preside Mariano Rajoy no recurra ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley 24/2015 del Parlament de Catalunya de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y contra la pobreza energética.

El documento ha sido presentado a los grupos parlamentarios por las entidades sociales catalanas que en su día promovieron la iniciativa legislativa popular que dio paso a la ley actualmente en vigor en Catalunya. “Es una ley fundamentalmente útil que ha paralizado prácticamente los desahucios en Catalunya y ha evitado 32.000 cortes de energía eléctrica en los hogares”, ha explicado María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, entidad que junto a la Plataforma de afectados por las Hipotecas (PAH) se ha reunido con representantes de las fuerzas políticas en las dependencias del Congreso de los Diputados.

Esta ley fue aprobada el pasado mes de julio en el Parlament “después de un trabajo diario de un buen número de entidades sociales durante más de siete años. Ahora, según se ha anunciado desde la comisión conjunta Generalitat-Gobierno se quiere recurrir al TC la legislación y suspender su aplicación”, ha añadido Carlos Macías, portavoz de la PAH.

Desde estas entidades sociales, que han protagonizado durante los últimos años una fuerte movilización social en Catalunya, se teme que, además, el presidente Rajoy acompañe el recurso con la petición e que se paralice su aplicación.

Campuzano, que ha comparecido en rueda de prensa junto a representantes de la mayoría de los grupos firmantes del documento –Podemos, ERC, DiLl, Compromís, IU, Bildu, mientras que PSOE, Ciudadanos y PNV han excusado su presencia en este acto– ha explicado que el manifiesto “explica la necesidad y utilidad de la ley catalana, expresa el compromiso de todos los firmantes de exigir al Gobierno en funciones que no la recurra al TC, el acuerdo de todos para retirar el recurso en el caso de que se presente y se forme un Gobierno distinto al del PP, además de manifestar su voluntad de extender esos derechos a todo el Estado español”.

Hasta el momento el Gobierno de Rajoy ha recurrido y paralizado leyes similares promulgadas por los parlamentos vasco, navarro, canario y valenciano en las que se protegía a los afectados por deudas sobrevenidas ante los desahucios promovidos por entidades financieras mientras se garantiza una alternativa habitacional. Estas leyes también ponían freno a los cortes de energía eléctrica por falta de pago en el caso de que la unidad familiar no tuviese recursos.

Rajoy ha recurrido y paralizado leyes similares promulgadas por los parlamentos vasco, navarro, canario y valenciano

Todos los portavoces y los grupos parlamentarios han manifestado su compromiso ante los representantes de las entidades sociales que defienden la ley. La ley lo único que pretende es defender derechos constitucionales mientras que el PP y su Gobierno en funciones solo responde ante los intereses de la banca y las oligarquías empresarias”, ha dicho Sol Sánchez, de IU-UP. Lourdes Ciuró, de DiLl, ha trasladado el “compromiso del Govern de la Generalitat de aplicar la ley sea cual sea la sentencia del TC”.

Por su parte, el portavoz parlamentario de Podemos, Íñigo Errejón, ha defendido “a los que hacen política con mucho esfuerzo y trabajo y no se limitan a levantar el teléfono y pedir favores. En un país normal, un Gobierno normal se sonrojaría por no tomar él esas medidas en lugar de que lo tenga que hacer la ciudadanía con mucho esfuerzo. Desde Podemos, además, rechazamos que se utilice a Catalunya para defender derechos particulares y al TC para situarse en contra de los parlamentos autonómicos”.

En similares términos se han pronunciado Teresa Jordá, de ERC, Joan Baldoví, Lucía Martín, de En Comú Posdem y Miriam Beitialarrangoitia, de EH Bildu. Los representantes de PAH y de las otras organizaciones sociales han explicado que preparan movilizaciones sociales en el caso de que el Gobierno en funciones recurra esta ley catalana. “No serán caceroladas como el fin de semana pasado”, ha dicho Carlos Macías, aunque ha declinado ser más explicito porque “se anunciarán a medida que las vayamos decidiendo”.