La Ley de Infancia, una de las medidas estrella de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha recibido luz verde este martes en el Consejo de Ministros, y desde hoy proseguirá su tramitación en el Congreso de los Diputados. 

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el grueso de las medidas que incorpora, y ha pedido "perdón" a todas las víctimas "para las que hemos llegado tarde​". Público avanzó este viernes buena parte de los pormenores del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, también conocida como ley Rhodes. 

La norma establece la obligación de todo ciudadano de denunciar ante las autoridades cualquier indicio de violencia contra menores, y facilita la retirada de la patria potestad a los condenados por homicidio o por asesinato en dos situaciones: cuando autor y víctima tuvieran en común un hijo, y cuando la víctima fuera hijo del condenado. "Un asesino machista jamás puede ser un buen padre, y, por lo tanto, no tiene derecho a la patria potestad", argumentaba Iglesias.

Esta ley integral pone el acento en la prevención de las violencias y abusos sufridas por niños, niñas y adolescentes, si bien abarca muy distintas materias: modifica los plazos de prescripción de estos delitos; endurece las condiciones para que los agresores accedan a beneficios penitenciarios; crea nuevas figuras para velar por los derechos de los más pequeños; impide el fomento de estereotipos dañinos en cualquier campaña publicitaria, y obliga a la formación especifíca de jueces, fiscales y policías, además de reconocer como autoridades a los funcionarios de servicios sociales que traten con estos menores. 

Como ha explicado Iglesias, la norma recoge las aportaciones de distintas organizaciones, y ha sido desarrollada por distintos Gobiernos. De hecho, el anteproyecto de ley ya estaba prácticamente cerrado antes de la pandemia -estaba avanzado antes de la llegada del Ejecutivo de coalición-, si bien han tenido que "retrasarla" a causa de la emergencia del coronavirus. Con todo, una vez comience su tramitación parlamentaria, Iglesias ha dejado ver que esperan importantes enmiendas que contribuyan a enriquecerla. 

En su desarrollo también han participado los Ministerios de Justicia e Interior, y ha contado con aportaciones de Educación e Igualdad.  "Busca establecer un nuevo paradigma común, poniendo la prevención como prioridad", apuntaba.

La dificultad de obtener datos fiables sobre esta violencia

Los datos sobre la violencia contra los menores son difíciles de recabar, explicaba el vicepresidente segundo, ya que estas agresiones a menudo son tratadas como "un problema privado", aunque son "un problema social". A menudo, además, las víctimas requieren de años para atreverse a denunciar.

Según la ONG Save The Children, un 9,3% de los menores en nuestro país reconoce haber sufrido acoso, un 6,9% hace lo propio con el ciberacoso -la ley contempla la modificación del Código Penal para contemplar delitos como la incitación al suicido a través de las redes-

Por su parte, la ministra portavoz, María Jesús Montero, se ha referido a esta norma como "una de las iniciativas más importantes que un país puede adoptar", y ha prometido "tolerancia cero" frente a "los abusos, la violencia y la impunidad".