Los impuestos a las grandes tecnológicas y a las transacciones financieras (las conocidas como tasas Google y Tobin) cerrarán, previsiblemente, su último capítulo en el Congreso este jueves. La Comisión de Hacienda se reúne para concluir la tramitación de estos dos proyectos de ley, que suponen los dos primeros grandes impuestos del Gobierno de Sánchez y las dos primeras piedras de la reforma fiscal que quiere llevar a cabo.

Ambas iniciativas superaron en junio sus respectivos debates de totalidad, después de que PP, Vox y Ciudadanos pidieran la devolución de estos proyectos al Ejecutivo al no estar de acuerdo con gran parte de sus contenidos. Tras ser rechazadas las enmiendas de totalidad presentadas por estos grupos, las normas continuaron con su tramitación, frenada, al igual que la del resto de iniciativas, por la pandemia de la covid-19.

El objetivo del Gobierno es que estos nuevos impuestos estén listos antes de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, que podrían llegar al Congreso después del verano, probablemente tras la celebración de las elecciones autonómicas en Catalunya. Es por esto, que los de Sánchez solicitaron a la Presidencia de la Cámara que se habilitaran las "sesiones necesarias" durante el mes de julio para que su tramitación pudiera continuar y se pudiera agilizar en la medida de lo posible.

Julio, al igual que agosto, es un mes inhábil desde el punto de vista parlamentario, y las sesiones plenarias se sitúan fuera del denominado periodo de sesiones, por lo que para celebrar Plenos en estos meses se necesita de una petición expresa por parte del Ejecutivo, de la Diputación Permanente de la Cámara o de una una mayoría absoluta de diputados.

A principios de julio el propio Sánchez anunció que su objetivo era el de llevar a cabo una reforma fiscal que pasaría, entre otras medidas, por una subida de impuestos a las grandes empresas y a los tramos más altos del IRPF. Antes, el Ejecutivo ya había aprobado y llevado al Congreso sus proyectos para las tasas Google y Tobin, las dos primeras modificaciones en materia fiscal de cara al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

La Cámara Baja acordó otorgar a la Comisión de Hacienda competencia legislativa plena para aprobar estas dos iniciativas, lo que significa que, de aprobarse este jueves (como está previsto), los textos no tendrían que ser ratificados en una sesión plenaria, sino que pasarían directamente al Senado para continuar con su tramitación.

En las últimas semanas los grupos han ido trabajando en las dos ponencias de los textos y han logrado acordar e introducir algunas enmiendas; sin embargo, según fuentes de la comisión, todavía quedan algunas enmiendas vivas, que se deben debatir este jueves y votar su inclusión en en los proyectos.

Rechazo de PP, Vox y Ciudadanos

El Proyecto de Ley del Impuesto de Determinados Servicios Digitales (tasa Google) gravaría a las empresas que facturan más de 750 millones de euros en el mundo y más de 3 millones en España. El Proyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras (tasa Tobin) plantea gravar las operaciones de compra de acciones españolas llevadas a cabo por operadores financieros con un 0,2% sobre el valor de compra.

En concreto, el impuesto recae sobre el intermediario financiero que ejecuta la orden de adquisición de las acciones, y solo se someterán al gravamen las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. La compra de acciones de empresas no cotizadas y de pymes queda fuera del impuesto.

En este sentido, durante la tramitación de la tasa Tobin, el PSOE y Unidas Podemos han introducido una enmienda para especificar sobre quién recaerá el impuesto cuando la compra de acciones no la lleve a cabo una entidad financiera o una compra de servicios de inversión. Cuando existan varios intermediaros de la 'parte compradora' de las acciones, el impuesto recaerá sobre el intermediario que reciba la orden por parte del comprador directo.

Desde PP, Vox y Ciudadanos se rechazaba la tasa Google por considerar que podría afectar a las pequeñas empresas tecnológicas (para ser sujetos pasivos del impuesto, las empresas deben ingresar más de 750 millones en el mundo y más de 3 millones en España). Además, estas formaciones también dudaban de su capacidad recaudatoria real y acusaban al Gobierno de no ir en consonancia con la Unión Europea, que todavía no ha creado esta tasa a nivel comunitario.

Sobre la tasa Tobin, estos partidos también dudaban de su capacidad para recaudar, dado que algunos países que habían implantado este impuesto tuvieron menos ingresos de los estimados en sus previsiones, y alertaban de que en última instancia podría recaer en "las clases medias" y "pequeños ahorradores". El impuesto recae sobre aquellas operaciones de compra de acciones en España de empresas cuyo capital bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros.