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Interior rechaza las brigadas mixtas contra migrantes que Francia exige para reabrir sus pasos fronterizos con España

París lleva tiempo bloqueando el paso y devolviendo ilegalmente a España a personas migrantes, amparándose en el control del terrorismo. Incluso la Justicia Europa ha sancionado estas prácticas.

Gendarmes franceses retienen a un migrante de origen subsahariano en el puente que comunica la ciudad guipuzcoana de Irún con la la francesa Hendaya.
Gendarmes franceses retienen a un migrante de origen subsahariano en el puente que comunica la ciudad guipuzcoana de Irún con la la francesa Hendaya. Ander Gillenea / AFP

El Ministerio del Interior ha rechazado la exigencia de Francia de formar brigadas policiales mixtas para controlar el paso de migrantes irregulares a través de la frontera con España.

Era una de las peticiones de París para la cumbre bilateral de este jueves celebrada en Barcelona, donde el presidente Pedro Sánchez, y su homólogo francés, Emanuel Macron, han sellado un "histórico" Tratado de Amistad y Cooperación, sobre todo en materia energética, pero también en el plano policial y de seguridad.

Francia planteó este punto como contrapartida para la reapertura total de los pasos fronterizos con España, cerrados o sometidos a vigilancia policial desde hace más de dos años por "medidas excepcionales" de seguridad teniendo en cuenta la amenaza terrorista. Una situación que lleva tiempo generando malestar a este lado de los Pirineos y que no está del todo claro cómo ni cuándo va a solucionarse.

Fuentes del Elíseo citadas por EFE el martes apuntaban a la posibilidad de "desplegar esas brigadas y esas unidades operativas" siguiendo un calendario que saldría de esta cumbre, aunque España no ha cedido a estas exigencias y ha relegado el asunto migratorio a un genérico párrafo al final de su comunicado.

Desde Interior aseguran a Público, que ha mantenido la misma postura que siempre en este campo, y que este tipo de patrullas o unidades operativas contravendrían el marco del espacio Schengen, que garantiza la libertad de movimiento de personas y mercancías entre los estados miembro de la Unión Europea.

La exigencia del Elíseo lleva tiempo sobre la mesa y se había formado un "grupo de trabajo sobre cuestiones migratorias" para esta reunión entre los responsables de Interior de ambos países, aunque el departamento de Fernando Grande-Marlaska siempre ha sido reacio a que las fuerzas de seguridad españolas también tengan que velar por el control migratorio en las fronteras con Francia.

Blindaje francés contra migrantes

El control policial de Francia en estos puntos ya se hizo patente en 2021, cuando cientos de personas migrantes quedaron bloqueadas en Irún (Gipuzkoa) tratando de cruzar a territorio francés. La mayoría de ellos eran migrantes que llegaron a Canarias en patera durante el momento más álgido de esta ruta. En 2021, Irún se consolidó como "punto caliente" de cruce migratorio.

El Gobierno vasco tuvo que improvisar refugios y albergues para alojar temporalmente a estas personas, muchas de ellas detenidas por gendarmes franceses al cruzar la frontera a pie o en autobuses y devueltas al lado español. Fuentes del Gobierno vasco aseguran que el paso de migrantes por la red de albergues desplegados ha descendido alrededor de un 20% en 2020, aunque todavía no disponen de cifras concretas.

La situación de bloqueo ya tuvo un precedente durante 2018 y 2019, época de la llamada crisis de las pateras en el Estrecho, con días en los que más de mil personas llegaban a las costas andaluzas desde Marruecos para terminar, semanas o meses después, cruzando a Francia desde Euskadi y Catalunya.

Los operativos policiales franceses fueron muy criticados por colectivos defensores de derechos humanos, que hablaban de devoluciones en caliente ilegales, más todavía dentro del espacio Schengen. Incluso desde el Gobierno vasco se ha criticado esta política de devoluciones después de haber registrado varias muertes de migrantes ahogados en el río Bidasoa, una peligrosa ruta cada vez más utilizada por los migrantes ante los controles policiales en los pasos fronterizos franceses. Incluso el Tribunal de Justicia de la UE sentenció en 2019 que Francia no podía utilizar la excusa del terrorismo para interceptar y devolver a España sin garantías jurídica a migrantes irregulares.

Cooperación contra el terrorismo y la delincuencia grave

Tras el encuentro entre Marlaska y el ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, el acuerdo que ha trascendido pasa por formar "un grupo de trabajo" con la "idea de crear unos equipos conjuntos de fuerzas de seguridad" de ambos Estados de cara a abrir estos puesto fronterizos. Sin embargo, estos equipos conjuntos abordarán "la lucha contra el terrorismo, la radicalización, el crimen organizado y la delincuencia grave", servirán para impulsar "la prevención y anticipación frente a diversos retos comunes para la Unión Europea, como protección civil y seguridad vial; y la mejora de la cooperación, la interoperabilidad y el intercambio de información y buenas prácticas en el ámbito policial".

Interior ha mantenido la línea dura contra la inmigración irregular que España ha seguido siempre en su frontera sur y ha ampliado el control migratorio no solo con fondos europeos, sino también con acuerdos internacionales con terceros países, sobre todo Marruecos, para que ejerzan de gendarmes de facto contra la inmigración clandestina. Así Marlaska ha podido presumir ante sus homólogos franceses y ante Bruselas de una reducción del 26,5% de la llegadas de migrantes de forma irregular y de contener el elevado flujo de la ruta de las pateras hacia Canarias.

Por su parte, Francia ha mostrado públicamente su malestar tanto con España como con Italia por los llamados flujos migratorios secundarios. Se refiere al volumen de migrantes que desembarcan en puertos europeos —España, Italia y Grecia, fundamentalmente— y acaban en países del centro y el norte de Europa gracias a los laxos o inexistentes controles policiales entre las fronteras internas de la UE. El asunto también preocupa en Alemania, Austria, 

Este es uno de los puntos de fricción en el seno europeo y una de las razones del enorme retraso del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que para Interior, voz de España en las cuestiones migratorias europeas, debe tener su "eje prioritario" en "reforzar la cooperación con los países de origen y de tránsito de la migración irregular", o lo que es lo mismo, más fondos y cooperación para la política de externalización de fronteras hacia países donde las personas migrantes son sometidas a graves violaciones de derechos humanos. La tragedia de Melilla, con al menos 23 muertos, es solo uno de los reciente ejemplos del dramático resultado de estas políticas, que también pasan por esclavitud y torturas en Libia, violencia desmedida en los Balcanes, sin contar las muertes y desapariciones en el mar por naufragios de pateras.

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