La ministra de Igualdad, Irene Montero, recriminó este miércoles en el Congreso al PP su insistencia en que la ley del solo sí es sí está mal hecha y tiene fallos que es necesario revisar, a tenor de las noticias de rebajas de condenas a violadores que se han conocido durante las últimas semanas.

Lo hizo en respuesta a una pregunta de la diputada del PP Margarita Prohens durante la sesión de control del Gobierno en el pleno del Congreso. Prohens inquirió a la ministra, tras afirmar que más de 100 violadores habían visto rebajada su condena en 16 comunidades autónomas: "¿Esta ley no está mal hecha y tiene que corregirse?". Prohens reprochó a la Ministra de Igualdad que si no hizo caso para corregirla tras las advertencias de diversas instancias, es porque la ley "ha conseguido el objetivo que realmente usted perseguía. Tenemos el para qué aprobó esta ley. Los ciudadanos nos preguntamos ¿porqué?. ¿Porqué provocar tanto dolor a las víctimas y sus familias. Usted que venía a regenerar la vida política y a dirigir un ministerio feminista, ha acabado premiando a malversadores y dejando en la calle a delincuente sexuales". Y acabó pidiendo la dimisión de Montero.

En su respuesta, Montero cargó contra la propuesta de reforma de la ley presentada por el PP este martes en forma de proposición de ley. La ministra de Igualdad ha afirmado que al PP "las leyes feministas no les gustan" y que traen a la cámara "una reforma de la ley del solo sí es sí que no dice nada de las medidas integrales de protección a las víctimas, de detección, de reparación, de atención precoz, de protección integral". Una reforma que "no cuenta con el aval de ningún experto y que lo que hace es recuperar el esquema basado en la violencia y la intimidación. Un esquema del que todos los organismos internacionales nos piden que huyamos, porque supone un calvario probatorio que termina por producir una doble victimización en la mujer que no se hubiera resistido los suficiente".

Una reforma, afirmó Montero que, además, rebaja las penas para las víctimas para 16 y 17 años y no meten en ella ninguna medida transitoria, una de las constantes críticas de la norma que ha resaltado el Partido Popular en varias ocasiones. Montero pidió "un poco de respeto" y recordó que cuando la ley contra la violencia de género en 2004 entró en vigor, durante sus primeros años tuvo 107 cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por varios tribunales, por lo que cientos de mujeres se vieron obligadas a paralizar sus procesos en los juzgados. La entrada en funcionamiento de esa ley incrementó en un 58% los sobreseimientos. "Mujeres que no recibían la repuesta adecuada del Estado".

La ministra de Igualdad aseveró que "cuando hay un cambio penal profundo siempre hay un momento de transición. Pero 18 años después, nadie duda de que esa ley es un avance incuestionable que nos permite proteger mejor a las mujeres. La ley de solo sí es si hace eso, permitir que el Estado pueda proteger de forma eficaz a todas las mujeres. Que tengan psicóloga especializada, trabajadora social, asesoramiento jurídico gratuito… que sus muestras se puedan recoger sin poner denuncia". 

La ley del solo sí es sí ha supuesto un cambio radical en la forma de juzgar los delitos sobre de agresiones sexuales. Cambia el esquema de medir la fuerza e intimidación que ejercen los agresores sobre las víctimas y se centra en el consentimiento, un requisito impuesto por tratados internacionales ratificados por nuestro país, como el Convenio de Estambul del Consejo de Europa. Para alcanzar este objetivo, la ley elimina del Código Penal al distinción entre abuso y agresión sexual, que se basaban en la utilización de la fuerza y la intimidación y los aúna en un solo delito: el de agresión sexual, con una horquilla de penas más amplio. Desde Igualdad, han afirmado en distintas ocasiones que la rebaja de penas se debe a una mala interpretación de la ley por parte de los juzgados. El pasado 13 de diciembre el Gobierno introdujo un cambio en el preámbulo del Código Penal para reafirmar que las medidas transitorias de dicha ley estaban plenamente vigentes, por lo que los jueces no debían aplicar rebajas cuando la pena entrara dentro de la horquilla de la nueva ley. Hasta ahora el Gobierno se ha negado a modificar la ley de Libertad Sexual, a pesar de presiones por parte de la derecha y de miembros socialistas del propio Gobierno.