Joaquín Urías: "Es ridículo negar que exista 'lawfare' en España, hay jueces en la cárcel por ello"

Joaquín Urías (Sevilla, 1968) es uno de los juristas más aplaudidos por buena parte de la ciudadanía de izquierdas. Es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional. Acaba de publicar un libro con un título que roza el oxímoron: La Justicia en el banquillo (Arpa) y que comienza con una pregunta: "¿Podemos confiar en los jueces?".

Con este interrogante que surge de la actitud de ciertos magistrados en los últimos tiempos y en plena crisis institucional por el bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Urías, con la claridad que le caracteriza, inicia un ensayo que traza el recorrido que va desde el boicot de muchos jueces al sistema democrático durante la Segunda República a los más recientes casos de lawfare o guerra judicial, como los que afectan al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez o a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra. 

Pese a que el perfil del juez y la jueza recién incorporados a la carrera judicial está cambiando, con "la llegada de muchas mujeres" y con "una base social diferente, con familias que nada tienen que ver con la judicatura", para Urías, una vez dentro del colectivo, hay una tendencia al conservadurismo.  

Y los españoles son más conservadores, por regla general, que sus homólogos europeos, considera el profesor. "En otros países hay jueces conservadores, pero no tanto como en España y no están todos unidos en un mismo frente".

Pone como ejemplo de judicaturas más progresistas el caso alemán, donde en los años 80 muchos jueces se posicionaron contra la OTAN y las centrales nucleares y a favor de otros planteamientos de la izquierda. E Italia, donde un nutrido grupo de jueces cosechó el apelativo de "comunistas" por parte del conservador Berlusconi.

En España, en los últimos meses una palabra ha empujado a cientos de jueces a las calles para protestar incluso con la toga puesta: amnistía. "Es un despropósito que fuera de España no entiende nadie --dice Urías--. Yo entendería que protestaran por una cuestión que les afectara profesionalmente. Pero están saliendo a la calle para decir que hay que tener mano dura con los independentistas catalanes, que el Estado no puede intentar negociar con el independentismo y para defender un modelo de nación española: España es una, indivisible". 

La fórmula para renovar el CGPJ

"Es una aberración que los jueces quieran imponer unas determinadas leyes e impedir otras. Ellos tienen que mostrarse con la máxima neutralidad; cómo van a aplicar luego esa ley si ya saben que están en contra de ella", dice en referencia a la futura ley de amnistía. 

Respecto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace cinco años y cuatro meses, Joaquín Urías expone: "Yo no estoy convencido de que el CGPJ deba seguir nombrando de manera discrecional a los miembros del Tribunal Supremo. Esto da lugar a componendas, a grupitos de poder. Esta competencia es la que está provocando que todo el mundo quiera controlar el CGPJ". En este sentido, respecto a las competencias del órgano del gobierno de los jueces, Urías coincide con el presidente suplente del Consejo, Vicente Guilarte, que ha presentado en el Congreso de los Diputados una propuesta en esta línea. 

Para Urías, debe continuar la participación directa de las Cámaras en el nombramiento de los vocales del CGPJ, como legitimación democrática. "Sería un error y un disparate la participación en exclusiva de los jueces en la elección de los miembros del Consejo". 

"Hay que buscar mecanismos para evitar bloqueos, y los hay, pero creo que no hay voluntad de usarlos. Hay miedo por si pueden pensar que el Ejecutivo se quiere inmiscuir en el Poder Judicial", dice el exletrado del TC. 

Propone emplear como fórmula de elección de los miembros del CGPJ el mismo sistema que se utiliza para elegir a los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados. "Esto se hace en un mismo día, votan todos los diputados; y el número de candidatos que puede poner cada diputado en una papeleta está limitado y eso hace que por mucho que voten todos a una misma persona, el resultado es que hay pluralismo. Es decir, en la Mesa del Congreso están representados todos los grupos parlamentarios". 

Urías apremia: "Ante una situación de emergencia como la que tenemos con el CGPJ, lo razonable es que lo antes posible el Congreso apruebe esta medida, que es un modo de votación que impide el bloqueo y garantiza la pluralidad". 

Las guerras judiciales

Para este jurista no existe una única modalidad de lawfare. "Hay asuntos en los que los jueces son instrumentos y que reciben, por ejemplo, 19 demandas contra Ada Colau [exalcaldesa de Barcelona]. El juez no tiene más remedio que tramitarlas e investigarlas porque van acompañadas de documentación, indicios, etc. No es culpa del juez".

Pero en otros casos los jueces van tomando más protagonismo. Ocurrió, por ejemplo, en el caso de Mónica Oltra, la exvicepresidenta del Gobierno valenciano. "El juez instructor dijo muy al principio que no veía indicios y que iba a archivar. Pero desde la Audiencia Provincial le dicen que siga investigando hasta el final. Ahí ya podemos sospechar que algunos jueces investigan más de la cuenta a determinados políticos".

Existe un nivel superior de lawfare, según Joaquín Urías, que ejemplariza el caso contra Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. "Quedó demostrado, gracias a una grabación, que el juez decía que se iba a inventar un caso para sacar a esta señora de la política. Es ridículo negar que exista lawfare en España, hay jueces en la cárcel por ello [por el exjuez Santiago Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por confabular contra Rosell]". 

La jueza Alaya

Uno de los primeros casos mediáticos sobre lawfare en España ocupa varias páginas del libro de Urías: el caso Mercasevilla, en 2009. La  jueza Mercedes Alaya abrió una causa contra el alcalde y el teniente de alcalde de Sevilla, del PSOE e Izquierda Unida, respectivamente, ante una denuncia de un íntimo amigo suyo, también juez, Juan Ignacio Zoido [luego fue ministro del Interior], justo cuando se presentó como candidato del PP a la alcaldía de Sevilla. 

"Y su mejor amiga casualmente abre unas actuaciones contra los dos principales oponentes políticos de Zoido. Yo no creo que la jueza Alaya prevaricara, eso, por delante, pero ese panorama llama mucho la atención. Esas actuaciones duraron casi diez años y la jueza iba sacando sus actuaciones coincidiendo con las fechas electorales, casualmente. Finalmente el Supremo absolvió a esas dos personas. Yo entiendo que los jueces tienen que investigar, pero tienen que hacerlo evitando ese tufo, que nos deja a todos perplejos", concluye Urías.