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Juana Rivas Justicia remitió el jueves pasado a Italia la denuncia que Juana Rivas presentó hace más de un año por presunto maltrato

Está en busca y captura por desobediencia a la justicia e investigada por la retención de sus dos hijos, escondidos con ella desde el 26 de julio para no entregarlos a su padre en Italia

Fotografía facilitada por Juana Rivas, la mujer que permanece ilocalizable desde el 26 de julio tras incumplir la orden judicial de entregar a sus dos hijos al padre. EFE

EUROPA PRESS

El Ministerio de Justicia remitió el jueves pasado, 10 de agosto, a Italia la denuncia que Juana Rivas interpuso contra su expareja en julio de 2016 ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada y que no se había tramitado hasta ahora, que ha sido traducida al italiano.

Según han informado fuentes del departamento que dirige Rafael Catalá, la denuncia de Rivas fue remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el pasado 3 de agosto y una semana después se reenvió al Ministerio de Justicia italiano, que será el que la dirija a los órganos judiciales competentes.

La denuncia de Juana Rivas, quien se encuentra en paradero desconocido con sus hijos, se refiere a hechos ocurridos cuando convivía con su excompañero sentimental, Francesco Arcuri, y sus dos hijos en Calaforte (Italia) entre junio de 2013 y mayo de 2016, por lo que son los tribunales italianos los que deben hacerse cargo de la misma, ya que los españoles no tienen jurisdicción.

La denuncia puede tramitarse ante los tribunales italianos en aplicación del Estatuto de la Víctima, que establece que "las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea".

De no ser competentes, las autoridades de un país han de trasladarlas a las del "estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos".

Sin embargo, este paso no se dio hasta marzo, ya que en un principio la jueza consideró en julio de 2016 que el Juzgado de Instrucción granadino carecía de jurisdicción para el conocimiento de la denuncia. Fue meses después, en marzo de 2017, cuando la instructora comenzó los trámites para traducir al italiano la denuncia, que finalmente se ha remitido al Ministerio de Justicia a principios de este mes.

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