Las redadas de la Guardia Civil en Euskadi han dejado innumerables imágenes, pero ninguna tan curiosa como la que acompaña este artículo. Ocurrió el 12 de enero de 2015. Tras lanzar un operativo contra varios abogados de presos abertzales, los agentes encapuchados de la Benemérita entraron en la sede del sindicato LAB. Allí, sobre una mesa, dispersaron una gran cantidad de monedas y billetes. En total –según el informe policial-, había unos 104.000 euros. Se trataba del resultado de la cuestación popular realizada un par de días antes en las calles de esa misma ciudad, durante una gigantesca manifestación contra la política penitenciaria del PP convocada por la red ciudadana Sare. A día de hoy, tanto las monedas como los billetes siguen bajo posesión del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional.

“Desde entonces vivimos una situación económica muy complicada”, explica a Público el portavoz de Sare (Red, según su significado en euskera) y ex consejero de Justicia del Gobierno Vasco, Joseba Azkarraga. Habituado a hablar sobre las vulneraciones de derechos en el interior de las prisiones, esta vez no tiene más remedio que mirar hacia las alicaídas finanzas de esta plataforma, nacida en junio de 2014 para reclamar cambios en materia carcelaria. “Hoy debemos dinero a las empresas que colaboraron en la organización de aquella manifestación –explica-. Nos están insistiendo en el pago, pero no podemos hacer frente a los mismos hasta que no nos devuelvan el dinero que se llevaron”.

Los problemas no terminan ahí. Según asegura Azkarraga, aquel golpe contra Sare también ha impedido que este grupo realizara “otras actividades” relacionadas con la situación que atraviesan a día de hoy los aproximadamente 350 presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda abertzale. La mayoría de ellos se encuentra en prisiones ubicadas a varios cientos de kilómetros de Euskadi, una política que el gobierno de Mariano Rajoy no ha variado pese a la decisión de ETA –adoptada hace ya más de cinco años- de poner fin a su actividad violenta.

"Todavía hay miedo"

Esa situación volvió a ser denunciada el pasado 14 de enero en otra gigantesca manifestación impulsada por Sare. En esa ocasión, la cuestación popular realizada en la movilización –con personas debidamente identificadas que se encargaban de recoger los donativos- alcanzó los 43.000 euros, muy por debajo de los 70.000 euros que habían obtenido en el acto del año anterior. Para la red de apoyo a presos, esa caída en la recaudación pudo deberse a dos factores. Por un lado, la lluvia que marcó aquella jornada. Por otro, “el miedo que todavía perdura en muchas personas” de que el dinero pudiese volver a ser “objeto de requisa por parte de la Guardia Civil a instancias de la Audiencia Nacional”.

En ese contexto, los responsables de esta plataforma tienen ahora una nueva fecha marcada en rojo en su calendario: el jueves 23 de febrero. Ese día, tres jueces de la Audiencia Nacional estudiarán el recurso presentado por Sare para tratar de recuperar el dinero incautado. En declaraciones a este periódico, Azkarraga admite que no guarda muchas esperanzas: dos de los magistrados que deberán pronunciarse sobre este tema son Concepción Espejel y Enrique López, conocidos por su afinidad con el PP. De hecho, ambos jueces fueron apartados de los casos Bárcenas y Gürtel debido a su estrecha relación con el partido de Rajoy.

Dos jueces afines al PP decidirán si devuelven el dinero incautado a la red ciudadana Sare.

Con estos datos sobre la mesa, Sare no dudó en solicitar la recusación de Espejel y López. Sin embargo, el recurso no fue aceptado. De esta manera, los dos jueces próximos al PP tienen en sus manos el futuro del dinero requisado. O lo que es lo mismo, el futuro de la propia Sare. “Teniendo en cuenta su vinculación ideológica y su falta de escrúpulos, mucho me temo que impedirán su devolución”, admite el exconsejero de Justicia. Si sus sospechas se confirman, la organización en defensa de los derechos de los presos abertzales estará en una “situación aún más complicada”. “Nos veremos obligados a recurrir a la solidaridad de la sociedad vasca para poder seguir desarrollando nuestro trabajo y hacer frente a las deudas”, adelanta su portavoz.

Apoyo de personalidades

A falta de conocer la resolución de los jueces, este martes se pronunciarán varias personalidades del mundo de la política vasca. Los ex lehendakaris Karlos Garaikoetxea y Juan José Ibarretxe, el ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, la ex presidenta de Eusko Alkartasuna (EA) Begoña Errazti y el ex Gobernador Civil de Bizkaia Daniel Arranz (PSE) –entre otros- figuran entre los firmantes de un manifiesto que será presentado en el Edificio de La Bolsa, situado en el Casco Viejo de Bilbao.

En el texto que llevará sus firmas, los distintos ex cargos públicos mostrarán su solidaridad con Sare y reclamarán que la Audiencia Nacional devuelva las monedas y billetes incautados por la Guardia Civil aquel 12 de enero de 2015, un día que Joseba Azkarraga difícilmente olvidará. “Fue una medida injusta y absolutamente antidemocrática –remarca-, muy propia de una justicia totalmente politizada y de un gobierno que nada tiene que ver con un estado democrático”.