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Las clocas de Interior El juez cita al 'exnúmero dos' de Interior con el PP por el espionaje a Bárcenas

 Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la operación 'Kitchen', el operativo diseñado desde el ministerio del Interior para controlar al extesorero del PP y destruir pruebas de la caja B del partido, estaba pendiente de que el Gobierno autorizase a Francisco Martínez a declarar sobre asuntos clasificados como secretos oficiales. Todos los implicados señalan a Martínez como responsable de los fondos reservados y como el que estaba al tanto de todo.

Francisco Martínez, secretario de Estado de Interior con el ministro Jorge Fernández Díaz, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. EFE
Francisco Martínez, secretario de Estado de Interior con el ministro Jorge Fernández Díaz, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. EFE

Público | europa press

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, ha citado a declarar como investigado a Francisco Martínez, el que fuera número 2 del ministerio del Interior cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz y actuaba la denominada brigada política, en el marco de la operación Kitchen, el caso de espionaje y seguimiento al extesorero del PP, Luis Bárcenas.

García Castellón estaba pendiente de que el Consejo de ministros autorizase a Francisco Martínez a declarar ante el magistrado sobre asuntos clasificados como secretos oficiales. Esta autorización se produjo ayer, martes, y el juez no tardado ni 24 horas en tramitar la citación. 

En la operación Kitchen –pieza 7 del caso Villarejo–, el juez investiga el operativo que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo era sustraer información sensible del PP al que fuera su tesorero, Luis Bárcenas, con el objetivo de ocultársela a la justicia.

Martínez ya fue citado a declarar una primera vez por su posible implicación en este operativo. En esa ocasión, el 24 de enero, se acogió a su derecho a no declarar alegando, según fuentes jurídicas, que las actuaciones estaban bajo secreto de sumario. Ahora, después de que el juez haya levantado parte del secreto –según adelantó El Confidencial–y una vez que el que fuera mano derecha de Jorge Fernández Díaz en Interior tenga la autorización del Gobierno para declarar sobre secretos oficiales, la nueva citación no se ha hecho esperar.

Se trata del primer cargo político llamado a declarar como investigado por este asunto. Desde que en 2018 se iniciaran las pesquisas, las actuaciones se han dirigido ya contra el máximo mando de la policía en aquella época, el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, así como sus adjuntos y diversos comisarios e inspectores, incluidos el propio Villarejo y el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño.

Precisamente, en una de sus últimas comparecencias sobre este asunto, García Castaño aportó a la causa el contenido de dos móviles sustraídos a Luis Bárcenas en el contexto del operativo que él mismo volcó en un ordenador portátil adquirido ex profeso para poder mostrar la información a Francisco Martínez, tal y como informaron fuentes presentes en aquel interrogatorio.

2.000 euros mensuales para el chófer de Bárcenas

La pieza clave de la operación fue Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, que fue captado por el comisario Andrés Gómez Gordo a razón de 2.000 euros al mes de los fondos reservados durante los dos años que se mantuvo el operativo. Los recibos de aquellos pagos estaban en poder de Villarejo y tenían reflejo en los archivos del Ministerio del Interior, que tras desclasificar el operativo, remitió los documentos que encontró a la Audiencia Nacional.

El ex UCAO siempre ha sostenido que se trataba de un operativo legal para buscar fondos ocultos y testaferros que Bárcenas habría estado ocultando a la justicia. También ha negado, como hizo en su día Eugenio Pino, que tuviese el nombre de Kitchen, el apelativo que habría dado Villarejo al asunto porque decía que Ríos parecía un cocinero.

A lo largo de estos meses de pesquisas son varios los implicados que han señalado a Martínez como responsable de los fondos reservados y como la persona que estaba al tanto del operativo, bien directamente por Villarejo, bien siendo informado por Eugenio Pino. El entonces Director General de la Policía Ignacio Cosidó, un cargo político intermedio entre la secretaría de Estado y el DAO, no ha sido imputado ni llamado a declarar.

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, en un breve comunicado emitido en enero pidió respeto a la presunción de inocencia y afirmó que durante los años que ejerció el cargo en el ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz trabajó con "lealtad" a sus superiores y en el marco de la legalidad.

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