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Una juez pide que el Supremo decida sobre otra causa contra Barberá por no retirar símbolos franquistas

El origen de la causa está en una denuncia que se refería a la existencia en la ciudad de Valencia de monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores de Valencia con exponentes del franquismo

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Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, en su escaño en el Senado. EFE/Kiko Huesca

VALENCIA.- Una jueza de Valencia ha enviado al Tribunal Supremo la causa contra la senadora territorial del PP Rita Barberá por no retirar símbolos franquistas cuando era alcaldesa de Valencia, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, que tiene abierta una causa por una denuncia contra la exalcaldesa por incumplir la Ley de la Memoria Histórica, ha remitido al Supremo una exposición razonada para que sea el Alto Tribunal el que decida si investiga y, en su caso, juzga a Barberá.

Considera la jueza que no es competente para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia contra Barberá por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio por no retirar los símbolos franquistas de calles y edificios de la ciudad cuando era alcaldesa.  Como senadora, Barberá está aforada ante el Tribunal Supremo, único competente para investigarla y juzgarla, recuerda el TSJCV.

Considera la jueza que no es competente para pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia contra Barberá por supuestos delitos de desobediencia y denegación de auxilio

El origen de la causa está en una denuncia presentada hace un año por José Luis Ábalos, diputado socialista en el Congreso por Valencia; Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso contra Barberá por la posible comisión de un delito de desobediencia.

La denuncia se refería a la existencia en la ciudad de Valencia de monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores de Valencia con exponentes del franquismo, que para los denunciantes constituían un manifiesto incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.

En septiembre, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV rechazó la inhibición del citado juzgado de la capital y le devolvió la causa tras recibir la acreditación de que la denunciada, desde el 22 de julio de 2015, ocupaba un escaño en el Senado.

La remisión de esta causa al Supremo se conoce el mismo día en el que el juez de Valencia que instruye la pieza separada del caso Imelsa sobre supuesto blanqueo de capitales ha remitido también al alto tribunal la investigación que afecta a la actual senadora

El TSJCV, de conformidad con el criterio expresado por la Fiscalía, entendió entonces que la condición de senadora de la exalcaldesa, única denunciada, determinaba la "falta de competencia de esta Sala para pronunciarse sobre la admisión de dicha denuncia, al resultar competente la Sala Segunda del Tribunal Supremo".

Por tal motivo, el ponente, el magistrado José Francisco Ceres, acordó no aceptar la inhibición del Juzgado de Instrucción 16 en el que recayó inicialmente la denuncia contra Barberá y devolver a ese juzgado las diligencias para que proceda conforme a Derecho.

La jueza solicitó entonces, en octubre, a la Cámara alta la acreditación de que la exalcaldesa de Valencia es senadora, una petición que no fue respondida, y cuatro meses después, en marzo, el Juzgado de Instrucción número 16 ofició de nuevo al Senado para reiterar la petición de la información que necesitaba la instructora antes de resolver si enviaba la causa al Tribunal Supremo.

Recibida esa información, la juez, de conformidad con el criterio del fiscal y apelando a la resolución del TSJCV, que ya dijo que el competente era el Tribunal Supremo, ha acordado elevar las diligencias a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. La remisión de esta causa al Supremo se conoce el mismo día en el que el juez de Valencia que instruye la pieza separada del caso Imelsa sobre supuesto blanqueo de capitales ha remitido también al alto tribunal la investigación que afecta a la actual senadora, dada su condición de aforada.

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