La jueza Ana María Iguácel, titular del Juzgado de Instrucción 50 de Madrid, ha admitido a trámite la querella interpuesta por Julio Pacheco contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros tres policías por las torturas que recibió en la Dirección General de Seguridad (DGS) al ser detenido en el verano de 1975. 

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Público, en el que la jueza ordena que se tome declaración en calidad de investigados a Villarejo y a otros tres policías: José María González Reglero, Álvaro Valdemoro y José Luis Montero. Todos ellos, miembros de la Brigada Regional de Investigación Social (BIC), aparecen como participantes en la detención de Pacheco y otros 36 militantes antifranquistas en el verano de 1975 en documentos internos policiales a los que ha tenido acceso Público.

La detención de Julio Pacheco ocurrió en el marco de una operación policial contra el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP, del que formaba parte la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), en la que militaba Pacheco, estudiante, por entonces, de Biológicas en la Universidad Complutense. Tenía 19 años.

Según atestiguan documentos internos policiales a los que ha tenido acceso Público, Villarejo, que en 1975 era subinspector de Policía, participó en dicha operación, que se saldó con 36 detenidos, entre ellos, la pareja de Julio Pacheco, Rosa García Alcón, que ha sido citada a declarar como testigo por la jueza Iguácel.

Pacheco fue detenido el 24 de agosto de 1975, a las 11 de la noche. Durante siete días, permaneció a merced de policías torturadores que apalearon y le infligieron las prácticas de torturas habituales en la DGS, como 'la rueda', una técnica en la que el detenido gira como una peonza en el suelo y, uno a uno, los policías, en círculo, le van dando patadas y golpes con la porra. Precisamente Pacheco identifica a Villarejo como uno de los participantes en 'la rueda'.

Prácticas de torturas en la dictadura y la Transición

"Villarejo no me interrogó, pero me pegó junto con otros cinco o seis policías", dice Julio Pacheco a este diario. Reconoció a Villarejo comenzó a salir en los medios, a raíz de su detención. "Le llamábamos 'el alemán' porque era rubio y grandote. Era uno de los policías de la DGS que pegaban a los detenidos", explica Pacheco. 

Para hacerle hablar y que confesara una mentira, que él era el "jefe de un comando", a Pacheco le llevaron a donde estaban torturando a su compañera, para que se quebrara. "La vi, tan pequeñita, de rodillas, mientras un policía gigantesco le daba golpes con la porra en las plantas de los pies".

La jueza considera que la querella de Pacheco presenta
"características que hacen presumir la posible existencia de delitos" y ordena que se recabe de la Dirección General de la Policía la completa identificación y filiación de los agentes investigados. Ha fijado para el 14 de julio la declaración del querellante. 

Además la jueza ha librado oficio para que el Archivo Histórico Nacional y la Dirección General de la Policía aporten el expediente completo de Julio Pacheco respecto a su detención. Hay que destacar que después de tres meses en la prisión de Carabanchel, el Tribunal de Orden Público (TOP) le puso en libertad con los cargos de asociación ilícita y propaganda ilegal, y una fianza de 30.000 pesetas. Nunca se llegó a celebrar juicio contra Julio Pacheco.

Villarejo cobró una recompensa por su actuación

En el expediente del siniestro comisario Roberto Conesa, al frente de la Brigada Político Social, superior de Villarejo en aquella operación, al que ha podido acceder Público, constan los premios, las felicitaciones y condecoraciones de aquella primera época como policía de Villarejo, que ingresó en la Academia en 1972.

Según esos documentos, por su participación en la operación de desarticulación del FRAP le dieron una recompensa de 25.000 pesetas en metálico y recibió una felicitación pública. La Dirección General de Seguridad le propuso para la cruz al mérito policial con distintivo blanco. 

Junto con Villarejo, una treintena de inspectores y subinspectores, cuatro secretarias y 10 policías armados (los llamados 'grises') recibieron su recompensa por aquella operación desarrollada en julio y agosto de 1975 y que llevó al paredón de fusilamiento a José Humberto Baena, José Luis Sánchez-Bravo y Ramón García Sanz el 27 de septiembre de 1975. 

La Fiscalía podría recurrir el auto

Desde la plataforma CeAqua, impulsora de la querella, han valorado la noticia: "Esta resolución es excepcional, muy positiva y un primer paso para que los juzgados y tribunales españoles cambien el criterio expresado hasta ahora". Hay que recordar que hasta ahora los jueces españoles han rechazado este tipo de querellas por torturas durante el franquismo y la Transición por regir la Ley de Amnistía y por considerar que los hechos denunciados han prescrito. 

CeAqua recuerda que el auto de admisión y de apertura de diligencias previas puede ser recurrido. "Interpelamos directamente al Ministerio Público para que no interponga dicho recurso e instamos a que la Fiscalía en materia de Derechos Humanos ordene no recurrirlo".