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Crisis coronavirus La jueza del 8-M cita a varios trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid

Carmen Rodríguez Medel investiga la causa por presunta prevaricación administrativa cometida por el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al permitir la manifestación feminista en la capital.

Manifestación el 8 de marzo de 2020, en Madrid. / EUROPA PRESS
Manifestación el 8 de marzo de 2020, en Madrid. / EUROPA PRESS

EUROPA PRESS

Carmen Rodríguez Medel ha citado a declarar como testigos a varios trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid en el marco de la causa que investiga prevaricación administrativa cometida por el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al permitir la manifestación del 8-M en la capital.

Son ocho los nuevos testigos en esta nueva providencia de la magistrada, donde también aparecen promotores de manifestaciones en fechas cercanas al pasado 8 de marzo.

La magistrada recuerda a varias organizaciones de afectados por la covid-19, que deben prestar fianza para poder personarse en las actuaciones y rechaza ampliar la querella contra Fernando Simón, a pesar de que todas ellas venían solicitándolo.

La jueza recuerda a las acusaciones populares que deben prestar fianza para poder personarse en las actuaciones

Insiste nuevamente en que "no se dirige frente al citado denunciado Fernando Simón y que una consulta en la aplicación informativa de estos Juzgados de Instrucción evidencia que otros Juzgados han incoado procedimientos frente al citado denunciado, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este", ha subrayado.

Según la providencia, la juez ha citado a cinco de los nuevos testigos a partir de las 9.00h del 11 de junio, en este caso José Luis Sánchez García, Ignacio Ortiz Salazar, María Lourdes Andrés, María Elena García Díaz y Ramez Muhzrram. Rey. Tras ellos, están convocados tres promotores de manifestaciones convocadas a principios de marzo: Javier Gómez Ochoa, de CC.OO. Construcción y Servicios; Antonio García Edwards, de 'Anonymus for the voiceless Animal Save'; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.

La jueza rechazó la semana pasada la solicitud de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena para ampliar la denuncia inicial

La magistrada ya rechazó la semana pasada la solicitud de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena de ampliar la denuncia inicial para imputar al conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno por delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades por permitir la masiva manifestación del 8 de marzo. Sin embargo, Rodríguez Medel sí considera necesario que declaren como testigos.

Un imputado y 15 testigos

Son ya 15 testigos emplazados por la jueza para el próximo día 11, ya que en una anterior resolución del pasado viernes había citado a lo promotores de siete manifestaciones que estaban convocadas en marzo y a los que supuestamente llamaron funcionarios de la Delegación del Gobierno para instarles a que las suspendieran.

El relato de estas llamadas consta en el informe realizado por la Guardia Civil y que se basa en las declaraciones que los investigadores tomaron en sede policial a los promotores de estas protestas, los cuales dijeron que estas comunicaciones se dirigían a "sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria creada por el covid-19". Algunos testigos hablaron de que les llamó "una funcionaria", otros dijeron que "un funcionario" y en un caso se dio el nombre de "un tal José Luis".

Acusaciones populares

Por el momento la magistrada solo había admitido la acción popular solicitada por la asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que integran afectados por la covid-19. Sin embargo, la condicionaba la presentación de poder especial y prestación de 1.000 euros como fianza.

La admisión de acción popular depende de una presentación de poder especial y una prestación de 1.000 euros como fianza

En la providencia de este miércoles, la juez del número 51 de Madrid da la misma respuesta al querellante inicial de las actuaciones, el abogado Victor Valladares, que aún no había logrado formalizar su acusación; así como a la Asociación Profesional Mayoritaria de Mandos, Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional y a un particular que se querella contra Franco por el fallecimiento de su padre a causa del coronavirus.

Finalmente, la juez da trámite recurso de reforma presentado por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de José Manuel Franco, contra su citación como imputado el próximo 10 de junio, y emplaza a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto.

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