Es el juicio a una era; a la banca, y, aunque no figure entre los acusados, el Banco de España sí estará entre los testigos que deban dar explicaciones por este escándalo. Seis años y medio después de las primeras acciones judiciales en su contra, este lunes arranca en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) la primera sesión del juicio oral por la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011, cuando el exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, aún estaba al frente de la entidad.

Sólo un año después, Bankia se convertía en la caja más beneficiada por el rescate europeo concedido a España; se embolsó de 24.424 millones de euros de dinero público, mientras cerca de 180.000 clientes que habían adquirido acciones veían sus ahorros evaporarse. Hoy, la mayoría de ellos ha recuperado su dinero, pero el propio Banco de España reconocía este viernes que da por perdidos al menos 14.000 millones: calcula que el "importe recuperable estimado" ronda los 9.800 millones. Hoy por hoy, además, el Estado reconoce que sólo ha recuperado 5.150 millones del total del rescate. Costó 64.953 millones de euros.

De hecho, más que un juicio con acusados VIP -de Rato a Ángel Acebes, exministro de Aznar y exconsejero de la entidad, o Javier López Madrid, compi yogi- y testigos de alta alcurnia -entre ellos se espera a la presidenta del FMI, Christine Lagarde, el vicepresidente del FMI y exministro de Economía, Luis de Guindos, o el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez-, más allá de lo estrictamente judicial, la causa de Bankia representa el juicio a una era. El rescate coincidió además con los más virulentos recortes del Gobierno de Mariano Rajoy -el mismo que siempre ha insistido en negar el rescate-, con el consiguiente impacto social de estos "ajustes", según el argot del Ejecutivo.

Por otro lado, las dimensiones del juicio son mastodónticas: además de Rato hay 31 personas físicas y 3 jurídicas procesadas (Bankia, BFA y la auditora, Deloitte); cerca de 40 acusaciones, y sesiones programadas hasta finales de junio de 2019 -fecha que podría llegar a estirarse-. Las peticiones de cárcel van de los dos años y medio a los doce años de prisión.

La jornada que arranca este lunes con las cuestiones previas es así la antesala de un largo proceso para la sección cuarta de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada Ángela Murillo -la misma que dictó sentencia por el caso de las tarjetas black-. Y comienza a lo grande, con la imagen de Rato sentándose en el banquillo en su primera salida de Soto del Real, exactamente un mes y un día después de ingresar para cumplir su condena de cuatro años y medio por el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.

Ilustres acusados

Pese al enorme número de personas que se sentarán en el banquillo, sólo cuatro de ellas han sido señaladas por el Ministerio Público por presunta estafa a los inversores. La Fiscalía y la Abogacía del Estado -en representación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB-, piden cinco años de cárcel para Rato; cuatro años para el exvicepresidente José Luis Olivas; tres para el exconsejero José Manuel Fernández Norniella, y dos años y siete meses para el exconsejero delegado Francisco Verdú, todos ellos por un delito del artículo 282 bis del Código Penal. No obstante, la Fiscalía les exime a todos del delito de falsedad contable, del que sí acusan la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), Adicae y el movimiento popular 15MpaRato.

Además, la Abogacía del Estado solicita que los acusados sean declarados responsables civiles directos de la debacle de la entidad, y que compensen al FROB por el rescate. La Fiscalía, por su parte, reclama también que indemnicen de forma solidaria a los inversores minoristas personados en la causa, excluyendo a los ya resarcidos por la actual Bankia, que declara responsable civil subsidiaria.

Previsiblemente, las defensas impugnarán la legitimación de las acusaciones populares: Bankia y su matriz, BFA, pedirán la aplicación de la doctrina Botín, y recordarán que, de los 180.000 pequeños accionistas atrapados por la salida a bolsa, sólo quedarían por indemnizar cerca de 170 -según sus cifras-. A ellos habría que restar los que ya han fallecido, y se espera que Bankia se agarre a estos números para afirmar que ya no hay perjudicados.

Los nombres que se repiten en las 'black'

Como Rato, otros cinco usuarios de las tarjetas actualmente en prisión deberán comparecer en calidad de acusados, el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga y los exconsejeros José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Jorge Gómez y José María de la Riva.

Por otra parte, del total de procesados, casi la mitad (14 de ellos) también fueron condenados por las black; repiten en esta lista el expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, el exdirector general de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez-Barcoj, y el empresario y exconsejero de OHL López Madrid, conocido como compi yogi, apodo que le otorgó la reina Letizia.

En resumen, se les acusa de cometer los supuestos delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios 2010 y 2011, y el delito de fraude a inversores, ante los indicios de que la información sobre la salida a bolsa de Bankia era falsa. 

No obstante, la complejidad del proceso vendrá dada también por la gran cantidad de acusaciones. Sin ir más lejos, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que ejerce como acusación popular, pide 363 años y 6 meses de prisión para los 32 acusados por delitos de estafa a los inversores y falsedad documental. También solicita 12 años para Rato y los consejeros y directivos responsables de la salida a bolsa, y una indemnización de 800 millones de euros en concepto de responsabilidad civil, incluidos BFA y Bankia, contra los que también dirige su acusación por omitir en el folleto informativo de la operación la información necesaria para los inversores.

Un folleto "incompleto"

En palabras del entonces fiscal, Alejandro Luzón -hoy al frente de Anticorrupción-, el folleto de salida a bolsa de la entidad era "incompleto" -no presentaba las cuentas anuales de Bankia-, y "deficiente", en tanto que "no reflejaba de manera adecuada la imagen final del patrimonio de la entidad". No obstante, el Ministerio Público matiza que las cuentas de BFA y Bankia no pueden calificarse "materialmente de falsas", ya que "no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador", informa EFE.

De hecho, según la Fiscalía, el principal problema del grupo no era el "forzado acomodo" a una normativa "elástica", sino la rentabilidad por ser un grupo con activos "poco rentables" y pasivos de alto coste, que generaba "pérdidas recurrentes muy importantes". Su escrito también reconoce que los minoristas asumieron un riesgo "extraordinariamente superior" al que conlleva siempre un movimiento bursátil, "merced a una información que no les advertía de los riesgos al socaire de una ficticia apariencia de credibilidad y solvencia".