La Justicia ordena que se investigue si el expresidente Bauzá cobró indebidamente a la vez sueldos públicos y privados

La presunta incompatibilidad de sueldos públicos y negocios privados de José Ramón Bauza, expresidente balear por el PP y hoy eurodiputado por Ciudadanos, viene de lejos. Ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Palma de Mallorca ha dado la razón a Izquierda Unida (IU), siete años después de que la formación interpusiera un recurso contra la inadmisión por parte del Ayuntamiento de Marratxí --municipio mallorquín, a cinco kilómetros de Palma-- de la proposición de IU para declarar la incompatibilidad de José Ramón Bauzá mientras fue concejal y alcalde de dicha localidad y a la vez regentaba una farmacia y era administrador de dos mercantiles, vulnerando presuntamente el régimen de dedicación exclusiva, entre otras normas sobre incompatibilidades en la función pública.

Según la demanda de IU, Bauzá, que en 2019 se dio de baja del Partido Popular, fue, a partir de 1996, concejal del Ayuntamiento de Marratxí, y entre 2003 y 2005 fue teniente de alcalde de dicha corporación y concejal del área de Urbanismo y Sanidad. En 2005 se convirtió en alcalde de Marratxí, cargo que ocupó hasta 2011, cuando alcanzó la presidencia balear (2011-2015). Además, en 2003 se hizo con el acta de diputado autonómico. En su recurso de 2013, inadmitido por el ayuntamiento mallorquín, IU alegaba que era incompatible ocupar el puesto de alcalde al tiempo que también era titular de una farmacia, ejercía de farmacéutico y tenía la condición de administrador de dos sociedades mercantiles.

La formación de izquierdas denuncia que José Ramón Bauzá, que se presentó como número cinco en la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo, pudo cobrar indebidamente los sueldos públicos por todos estos cargos --que pueden superar los 120.000 euros al año, según IU--, ya que su dedicación exclusiva pudo ser vulnerada, al seguir regentando una farmacia en la localidad y figurar como administrador de una mercantil dedicada al sector inmobiliario y otra dedicada a la gestión sanitaria. 

Según argumenta Izquierda Unida, la mercantil José Guitart Poch, SLNE, con un amplio catálogo como objeto social --construcción, comercio, turismo, transporte, intermediación y comunicaciones--, fue constituida en 2003 y Bauzá era el propietario del 25% de las acciones y su esposa, poseía otro 25%; siendo el matrimonio el socio mayoritario. En 2012 Bauzá dimitió como administrador mancomunado de la firma, siendo ya presidente de las Islas Baleares, según consta en la demanda de IU.

La otra mercantil vinculada con Bauzá en ese periodo es Bauser Internacional 2001, SL., constituida en 2001, de la que el exlíder del PP en Baleares era el socio único, según los documentos mercantiles que aporta Izquierda Unida en su demanda. Esta mercantil está dedicada a la venta de productos cosméticos, ortopedia, productos médicos y sanitarios y todo lo que haga referencia a la gestión sanitaria. Y bajo su denominación, Bauzá explotaba una bodega. Destaca el letrado de IU, Nicolás Fonollar, que "curiosamente los objetos sociales de las dos mercantiles coinciden con las materias controladas por Bauzá siendo concejal de Marratxí entre 2003 y 2005: Urbanismo y Sanidad.

La jueza sostiene en su sentencia que "existiendo causas concretas imputables al señor Bauzá y basadas, según IU,  en concretas incompatibilidades de las normas estatal y autonómica, en un ejercicio de transparencia democrática, o como, dice el TSJ "con libertad de criterio", el Ayuntamiento debe iniciar un procedimiento de investigación de la veracidad de aquellas alegaciones". Y ordena al Ayuntamiento de Marratxí a que "incoe, tramite y resuelva un procedimiento investigador sobre la concurrencia o no de las incompatibilidades señaladas por IU".

Izquierda Unida recuerda en su demanda en relación a los altos cargos "la imposibilidad de compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad pública o privada, y tampoco puede percibirse cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas, entidades vinculadas o dependientes de la misma, en cualquier otra percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada, a las que se añade la prohibición de contratar y la de participar en empresas societarias con conexión comercial con el sector público". 

En cuanto a la farmacia titularidad de Bauzá, IU sostiene que dicho establecimiento no puede ser considerado como parte del patrimonio personal o familiar y por tanto no se la debe excluir de la normativa de incompatibilidades, ya que se trata de un ejercicio profesional regulado por ley como establecimiento sanitario privado de interés público. "La mera administración del patrimonio personal o familiar tiene carácter residual, pues debemos de partir de la base de que la administración de ese patrimonio personal está supeditado a que su ejercicio no comprometa la imparcialidad o independencia en el ejercicio del cargo público". 

Según la Ley 20/2006 de incompatibilidades en el régimen local de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, está prohibido para los miembros de la corporación participar en actividades relacionadas con la entidad local a la que pertenezcan. También establece que los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a percibir retribuciones en el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen en dedicación exclusiva. 

Una demanda que viene de lejos

En 2012, los socialistas del PSIB y los nacionalistas de Mès per Mallorca (PSM-IV-ExM) interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Consejo de Gobierno balear de archivar una demanda de incompatibilidad contra el presidente Bauzá. "Una demanda que se archivó por defecto procesal", explica el letrado de IU, Nicolás Fonollar. La suya también se desestimó con los argumentos de que esta formación política no estaba legitimada para presentar la demanda, pero en apelación, se revocó aquella inadmisión por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El detonante de esas demandas fue la declaración de bienes que José Ramón Bauzá, como jefe del Ejecutivo balear hizo pública cuando accedió a la Presidencia, en junio de 2011.  Bauzá sólo incluyó su sueldo de diputado autonómico como actividad remunerada y  se "olvidó" de incluir las dos empresas y la farmacia. Es decir, el 80% de su patrimonio.