La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha confirmado el procesamiento por sedición y organización criminal del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero y de sus antiguos jefes políticos, el exdirector del cuerpo Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn.

En un auto, la magistrada desestima los recursos de los tres procesados y de la intendente de la Policía autonómica Teresa Laplana, a quien también atribuye sedición, al sostener que hay "indicios racionales de criminalidad" basados en "hechos objetivos" y no en "meras conjeturas o pareceres de los investigadores".

Lamela ratifica de este modo su auto de procesamiento en el que atribuye a Trapero y a sus jefes políticos responsabilidad en la "total inactividad" de los Mossos durante el asedio a la Consellería de Economía el pasado 20 de septiembre y en el 1-O.

En respuesta al recurso de Puig en relación con la dispersión de procedimientos judiciales sobre estos hechos, Lamela señala que "la existencia de investigados con fuero especial" es lo que ha determinado que haya varias causas "en distintos órganos judiciales".

Y recuerda que ella ya se mostró a favor de la acumulación de todas las causas abiertas por rebelión en el informe que remitió al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye el caso abierto por el "procés" en el que 25 personas están procesadas, 13 de ellas por rebelión, como es el caso del expresident Carles Puigdemont.

La juez, que considera "insuficientes" todos los argumentos esgrimidos por los procesados, señala además que no se les ha causado "ninguna indefensión" durante el procedimiento.

En su recurso, Trapero aseguró que se desmarcó ante el Govern del referéndum del 1-O y que se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y de la Fiscalía para cumplir sus "órdenes" tras la aprobación de la declaración de independencia.

Por su parte, Pere Soler cuestionó la existencia de una organización criminal y criticó que se le atribuyese "de forma incorrecta" haber coordinado con los mandos de los Mossos, entre ellos Trapero, "determinadas omisiones y conductas" encaminadas a la celebración del referéndum.

Sin embargo, Lamela considera que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña" Carles Puigdemont, que tenía como objetivo la celebración del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre.

Según la tesis de la juez, los Mossos se mantuvieron al margen de las actuaciones policiales que pretendían impedir "el plan estratégico hacia la independencia" y siguieron de este modo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos, el exconseller de Interior Joaquim Forn (en prisión preventiva), Soler y Puig.