Laura Borràs se enfrenta al juicio que decidirá su futuro político
Este viernes comienza el juicio por el fraccionamiento de contratos cuando la actual presidenta de Junts dirigía la Institució de les Lletres Catalanes. El caso ya ha tenido consecuencias, la principal su suspensión como presidenta del Parlament.
Emma Pons Valls
Barcelona-Actualizado a
Este viernes comienza el juicio que marcará el futuro político de Laura Borràs y también el de Junts, partido del que es presidenta. Después de años de instrucción y más de seis meses desde que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le abriera juicio oral, este viernes Borràs se sentará en el banquillo por la causa que afronta por un supuesto fraccionamiento contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Según avanzó El Periódico, otro de los acusados de la causa, Isaías H.F, ha pactado con la Fiscalía una confesión de culpabilidad a cambio de una rebaja en la petición de pena, lo que inculparía a Borràs.
Esta causa ha tenido ya muchas consecuencias políticas antes de llegar a juicio. La suspensión de Borràs como presidenta del Parlament es la principal. Más de seis meses después, la silla sigue vacía en una interinidad indefinida que terminará si es inhabilitada. Bajo cierto efecto dominó se le puede atribuir también la ruptura del Govern de ERC y Junts, promovida por el sector del partido que encabeza la presidenta de Junts y con el apoyo del 55% de la militancia.
Buena parte de las polémicas que han rodeado a la presidenta de Junts en los últimos meses se deben a este caso. La contratación, para su defensa, de un perito de ultraderecha condenado por asesinato y tortura es una de ellas, así como la bronca de su asesor y diputado Francesc de Dalmases a una periodista del programa de TV3 FAQS por una entrevista que no gustó al equipo. Dalmases se vio obligado a dimitir como vicepresidente de Junts cuando Borràs se quedó sola en su defensa.
Uno de los acusados está negociando confesar para rebajar la pena
Todo ello fue laminando las confianzas con el entonces socio de Govern. ERC ya ha anunciado que no acudirá a las puertas del tribunal a apoyarle porque no se trata de un caso de represión al independentismo, como ella sostiene. La CUP también se ha desmarcado. De forma menos visible, el caso y la gestión que ha hecho Borràs de ello también ha ido disminuyendo los apoyos dentro de su propio partido, y figuras destacables, como el candidato a la alcaldía de Barcelona, Xavier Trias, tampoco acudirán.
Las claves del caso
El juicio se inicia este viernes y se alargará hasta el 1 de marzo en varias sesiones. Borràs se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación cuando dirigía la ILC, entre 2013 y 2017. La Fiscalía le pide también una multa de 144.000 euros. Si la inhabilitan se truncaría su carrera política, iniciada meteóricamente en el 2017.
Ese año se presentó por primera vez en las listas de JxCat para el Parlament como independiente. Una vez elegida diputada, el entonces presidente Quim Torra la nombró consellera de Cultura, aunque fue un mandato fugaz (2018-2019). Lo dejó para ir a Madrid, donde fue diputada en el Congreso y portavoz del grupo de JxCat hasta el día antes del inicio de la XIII legislatura del Parlament, en marzo de 2021, cuando fue nombrada presidenta de la Cámara.
Los delitos de los que la acusa la Fiscalía se remontan a la etapa previa a entrar en política. Borràs se enfrenta a la acusación de haber adjudicado directamente y de forma irregular a un amigo suyo informático -Isaías H. F.- 18 contratos menores por valor de más de 300.000 euros. No la acusa de malversación de fondos públicos porque no detecta sobreprecio. Al informático, también acusado junto a una tercera persona, le pide la misma pena de prisión y de inhabilitación y la mitad de multa. Si confiesa, tal y como está negociando con la Fiscalía, esto supondría una reducción de la pena. También complicaría la defensa de Borràs.
Se enfrenta a una petición de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por falsedad documental y prevaricación
"Para ofrecer una apariencia fingida de respeto por los principios de publicidad y pública concurrencia, y de ocultar su actuación ilícita, Borràs e Isaías H.F. pactaron que en cada uno de estos expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de proveedores diferentes, dos de los cuales no eran ofertas reales sino presupuestos 'comparsa' elaborados falazmente por los acusados Isaías H.F., Laura Borràs y Andreu P.M., con el propósito de simular que la adjudicación se hacía al mejor licitador, encubrir que el adjudicatario real de todos ellos era Isaías H.F. y enmascarar el fraccionamiento ilegal de estos contratos", sostiene el escrito de la acusación.
Estos trapis, como el propio acusado se refería a ellos en una llamada intervenida por los Mossos, son el motivo del procesamiento de Borràs. Sin embargo, su defensa ha impugnado varias pruebas, como correos electrónicos y audios de Whatsapp en los que se habla de esta operativa, bajo el argumento de que se obtuvieron sin aval judicial. Será el juez quien decida si se pueden utilizar o no.
Borràs lo atribuye a la represión
La persecución del independentismo es el motivo por el que se la juzga, según Borràs, que siempre ha defendido su inocencia. En esto basó su decisión de no apartarse voluntariamente de la presidencia de la Mesa del Parlament, como dicta el reglamento en caso de apertura de juicio por delitos vinculados a la corrupción. "No he hecho nada punible penalmente y no pienso rendirme", afirmó en ese momento.
La negativa de Borràs a elegir a un sucesor sumió en la interinidad a la presidencia del Parlament, una situación que aún dura, más de seis meses más tarde. Si es inhabilitada, aunque no haya pena de prisión, tocaría elegir nueva presidenta. ERC se decanta por que lo ocupe alguien de Junts, tal y como pactaron en el acuerdo de investidura.
Los apoyos internos y externos, a la baja
Aunque todavía no hay una resolución, los apoyos a Borràs han ido menguando a raíz de la reiteración que el caso se debe a la represión del independentismo y la negativa a dar cualquier paso al lado, aunque fuera temporal. El posicionamiento de los otros partidos independentistas, ERC y la CUP, ha quedado de nuevo definido estos días, cuando se han desmarcado de la concentración de apoyo ante el TSJC que habrá antes del inicio del juicio.
La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha argumentado que no tiene "nada que ver con la represión": "Es un caso de mala praxis y mala gestión de recursos públicos". La CUP, por su parte, ha dicho que "mezclar las cosas es un flaco favor a la represión política".
Los partidos ya dejaron claro ese posicionamiento cuando votaron a favor de su suspensión del cargo y como diputada, en julio. Una cuestión que estaba definida en el reglamento pero que Borràs intentó que no se aplicara, sin éxito.
Una vez suspendida con los votos de PSC, ERC y la CUP, Borràs hizo una comparecencia muy dura, sobre todo en referencia a los partidos independentistas, a los que acusó de vestirse de "jueces hipócritas" y actuar "en sincronización" con el poder judicial para apartarla del cargo.
El malestar interno con la presidenta del partido ha ido en aumento
Borràs considera que el artículo del reglamento por el que se la suspendió es una "anomalía democrática", aprobado sin convalidación jurídica, que vulnera la presunción de inocencia. "Pero yo no renuncio, no me rindo, no me han vencido", declaró. Actualmente Borràs asiste a las sesiones parlamentarias, pero desde el palco de invitados.
La gestión del caso también ha laminado los apoyos dentro de Junts, aunque de forma más sutil y de puertas adentro. En la formación conviven varios sectores, principalmente el liderado por Borràs y el liderado por el secretario general, Jordi Turull. Esto ha provocado discrepancias importantes en cuestiones clave como la salida del Govern, promovida por el sector de Borràs. El malestar con la presidenta ya se hizo evidente después del protagonismo que tuvo en el homenaje de las víctimas del 17-A.
Ahora parece que se impone el sector más convergente, de orden, cristalizado en torno a la candidatura de Xavier Trias para la alcaldía de Barcelona. Ganar la ciudad es ahora mismo uno de los principales objetivos de Junts para no caer en la irrelevancia política, y una de las condiciones del exalcalde es evitar las "riñas" internas. El equipo de Trias ha comunicado que no asistirá al acto de apoyo convocado a las puertas del TSJC, alegando motivos de agenda.
Sí asistirán otros pesos pesados del partido, como Turull y los vicepresidentes Anna Erra, Josep Rius y Aurora Madaula, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y la portavoz, Mònica Sales.
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