Unidas Podemos pide al PSOE derogar parte de la Ley de Amnistía e indemnizar a las víctimas del expolio franquista

Unidas Podemos propone derogar parte de la Ley de Amnistía para reforzar el derecho a la Justicia de las víctimas de la dictadura franquista definidas en el proyecto de ley de Memoria Democrática. Esta es una de las 43 enmiendas al articulado que el grupo confederal ha preparado por separado al texto legal que se tramita en el Congreso y que, pese a superar el debate de enmiendas a la totalidad, su aprobación definitiva está en el aire ante el rechazo de los socios del Gobierno al actual proyecto legislativo.

De este modo, Unidas Podemos, según ha podido saber Público, se suma a los reclamos de grupos como ERC y los colectivos memorialistas, exigiendo la nulidad de los epígrafes e) y f) del art. 2 de la Ley de Amnistía "por ser contraria al Derecho Internacional, concretamente respecto a la imprescriptibilidad y prohibición de amnistía de los crímenes internacionales como son los crímenes de lesa humanidad y el genocidio".

En este sentido, el grupo confederal justifica este cambio en la polémica norma aún vigente como "medio óptimo para despejar el camino a las peticiones de investigación, persecución y reparación de los crímenes del franquismo que sistemáticamente quedan frustradas en los tribunales por la aplicación de la Ley de Amnistía". "Se trata de delitos de lesa humanidad que, por su naturaleza, no prescriben tal y como remarca también el criterio mantenido por Naciones Unidas", añade en su motivación.

Siguiendo la línea de reforzar la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas, así como el "compromiso como Estado con la protección a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos", el espacio confederal aboga por reconocer y declarar que las víctimas de la dictadura franquista sufrieron "graves violaciones de derechos humanos en un contexto de ataque sistemático o generalizado contra la población civil", de manera que se adecua el desarrollo de la ley con la normativa internacional fijada por la ONU.

Asimismo, tal como ha tenido acceso Público, Unidas Podemos pide que, además de hacer una auditoría de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura, este artículo conlleve la obligación del Estado de "restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores, bienes muebles y archivos documentales requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones, a cuyo favor se reconozca la reparación, o a sus herederos, familiares, cónyuges, parejas de hecho o personas ligadas con análoga relación de afectividad".

"Reglamentariamente se establecerá la forma de hacer efectiva la reparación más adecuada a cada circunstancia, recurriéndose en su caso a sistemas de arbitraje o compensación", añade la enmienda.

También, otra de las modificaciones al texto pilotado en el seno del Gobierno por la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo plantea reconocer el derecho a la reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados durante la Guerra y la Dictadura. "Es necesario reconocer el derecho a reclamar la reparación moral y económica por parte de las víctimas del franquismo que fueron obligadas a trabajar de forma forzosa en beneficio de personas jurídicas de carácter privado. Lo anterior no debe supeditarse a una futura y voluntaria

colaboración con las empresas beneficiadas, algo que va más allá de la previsión del vigente artículo 7 de la ley 52/2007 referido a quienes sufrieron privación de libertad en los Batallones Disciplinarios", justifica Unidas Podemos.

También, el grupo confederal entiende que es "necesario" ampliar el ámbito temporal de la ley con una mención al periodo de la Transición, esto es, hasta 1982. "La dictadura y sus políticas represivas se extendieron durante toda la Transición. Entre 1975 y 1983, a falta de cifras oficiales, están contabilizadas hasta 188 víctimas mortales de lo que ha venido en denominarse 'violencia de origen institucional' por parte del Estado, sectores del mismo que se

resistieron al cambio de régimen o grupos de extrema derecha que actuaron en connivencia con los mismos. La consideración de esos crímenes como franquistas es un elemento de justicia al tiempo que reivindica a nuestro sistema democrático ante las amenazas que sufrió", sostiene la enmienda.

Más allá de las placas o insignias adosadas a edificios, Unidas Podemos pide considerar también "elementos contrarios a la memoria democrática" las edificaciones y construcciones que realicen "menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial".

Asimismo, el grupo morado quiere sustituir el término "Valle de los Caídos" por "Valle de Cuelgamuros", ya que, a su entender, es "más coherente" con la finalidad recogida en el conjunto del artículo (se contempla la resignificación del enclave) "recuperar la toponimia tradicional".